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Por Miguel Bonasso
 Una fuente judicial que no puede
identificarse reveló a Página/12 que la revisión
de las cuentas de la SIDE realizada en el juzgado de Carlos Liporaci,
el 5 de octubre pasado, fue manifiestamente incompleta y no ayudó
a esclarecer qué se había hecho con los 30 millones de pesos
adicionales que recibió el organismo mediante un decreto reservado
que el entonces jefe de Gabinete de ministros Rodolfo Terragno se negó
a firmar. El examen de las cuentas secretas, autorizado por otro decreto
presidencial de setiembre, fue presentado por el ex ministro de Justicia
Ricardo Gil Lavedra como un gesto de transparencia sin precedentes en
relación con la polémica central de los espías, pero
lo ocurrido entre bambalinas no autoriza tanto entusiasmo. El destino
de esos 30 millones reviste mucha importancia porque los fiscales que
investigan los presuntos sobornos en el Senado, Eduardo Freiler y Federico
Delgado, siguen sospechando que dichos fondos podrían estar relacionados
con las coimas.
El 5 de octubre pasado ocurrieron algunos hechos oscuros en la intimidad
de un gobierno que hacía (y aún hace) gala de su transparencia.
Ese día Fernando de la Rúa produjo el cambio de gabinete
que provocó la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho”
Alvarez, dejando cesantes al jefe del Gabinete de ministros, Rodolfo Terragno,
al ministro de Obras Públicas Nicolás Gallo y al de Justicia,
Ricardo Gil Lavedra. De Terragno le molestaban varias cosas, entre ellas
que se hubiera negado a firmar un decreto con carácter de “reservado”
asignando una nueva partida de treinta millones de pesos a la SIDE, que
conducía su amigo, el banquero Fernando de Santibañes. El
11 de noviembre último, Página/12 reveló en una investigación
especial que el ex jefe de Gabinete se negó a estampar la firma
porque no correspondía que el decreto fuera reservado; el 6 de
diciembre, Terragno mismo lo confirmó en el juzgado de Liporaci.
Allí declaró también que el senador Antonio Cafiero
le había confiado que el dinero de los sobornos senatoriales procedía
de la SIDE.
Con Gil Lavedra, el presidente estaba molesto porque no lograba controlar
a la impetuosa Oficina Anticorrupción que había colocado
sus narices sobre los dineros de la SIDE y las irregularidades en el PAMI.
Sin embargo, tras pedirle la renuncia, le rogó como favor que cumpliera
una última misión ministerial, apersonándose en el
juzgado de Liporaci para realizar el procedimiento previsto en el decreto
833/2000, firmado el 26 de setiembre, a fin de compulsar “el uso
de los fondos de la Secretaría”. Una versión que no
pudo ser confirmada asegura que el juez, sobre quien pende una gruesa
espada de Damocles por enriquecimiento ilícito, había visitado
al presidente De la Rúa en Olivos el domingo 1º de octubre,
cuatro días antes de que se llevara a cabo la histórica
inspección.
El cinco, el cesanteado Gil Lavedra se dirigió a Comodoro Py y
en el despacho del juez Liporaci coincidió con dos integrantes
de la SIDE, el director de Administración y Finanzas Juan José
Gallea, y otro funcionario del Departamento Jurídico. También
se hallaban presentes los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado,
a quienes el todavía ministro de Justicia autorizó a quedarse
en virtud de las atribuciones delegadas por el Presidente en el correspondiente
decreto. Los fiscales se negaron a recibir el permiso de Gil Lavedra y
solicitaron autorización al juez, señalando que eran ellos,
precisamente, los que garantizaban la legalidad del acto que estaba por
realizarse. El juez, que no se lleva muy bien con los acusadores y no
ha hecho lugar a muchas medidas solicitadas por ellos, dio en este caso
la venia correspondiente y lo subrayó con solemnidad: “que
conste en el acta que el juez autorizó la vista de los fiscales”.
Sobre el escritorio del magistrado había dos cajas de plástico,
de las que se arman, selladas con sendas cintas, que el juez ordenó
cortar. Después Liporaci propuso realizar una suerte “de muestreo”,
ordenó abrir una de las cajas y sacó dos carpetas al azar.
En una de ellas encontraronun recibo que no honra precisamente la labor
contable de Gallea: era un verdadero papel de almacenero donde se rendía
cuentas por cinco millones de pesos gastados en compra de neumáticos
y reparación de automóviles. Cifra que debe superar con
creces lo que gasta en un año la escudería Ferrari. Otro
recibo, de características similares, pretendía amparar
una erogación de un millón doscientos mil pesos destinados
a “gastos corrientes”. La explicación que dio sobre el
tema el contable Gallea no satisfizo a los fiscales y ni siquiera al juez
Liporaci. Pese al decreto que autorizaba la revisión de las cuentas,
el magistrado y los fiscales sólo pudieron certificar el mecanismo
contable descripto por Gallea, pero no ciertamente la índole real
del gasto, que permanece en el misterio.
Freiler y Delgado solicitaron que el acta de tan original escrutinio quedase
resguardada en la caja fuerte del tribunal. Medida precautoria que sugiere
su disconformidad con el procedimiento.
Es interesante hacer notar que entre el 11 y el 13 de abril pasado, precisamente
cuando el bloque justicialista de senadores llegaba a un consenso para
votar la reforma laboral, la Dirección de Administración
y Finanzas de la SIDE hizo dos retiros en la cuentas que la Secretaría
tiene en el Banco Nación por un total de seis millones doscientos
mil pesos. La misma cifra que aparece justificada con compra de neumáticos,
mantenimiento de automotores y “gastos corrientes”. Tan “corrientes”
que ni vale la pena detallarlos.
Al término de la inspección, pese a la evidente disconformidad
de los acusadores (y a su propia tristeza por el despido del gabinete)
el doctor Gil Lavedra compuso un rostro sonriente ante los periodistas
que lo aguardaban en la escalinata de Comodoro Py y declaró textualmente:
“Las inquietudes del juez y los fiscales quedaron plenamente satisfechas”.
Y luego fue más allá: “Ha quedado claramente demostrado
que todos los egresos de la SIDE respondían a cuestiones que hacían
a su actividad específica y que no hubo ningún movimiento
de fondos irregular”. Más tarde, en la jura de los nuevos
ministros que provocó la explosión emocional evidente de
Chacho Alvarez, Gil Lavedra se mostró sorprendido por su cesantía
y hasta dejó entrever su molestia por sentirse usado. Lo dijo con
una expresión muy popular y tenía razón.
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