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Por Pablo Rodríguez
 A partir de hoy, la batalla
judicial del caso Pinochet llegó a su etapa decisiva. Seguirá
en dos frentes: la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago.
En la segunda sala del máximo tribunal chileno, se escucharán
los alegatos de los abogados acusadores y defensores del ex dictador respecto
del recurso de amparo que la Corte de Apelaciones admitió para
Pinochet. Los querellantes apelaron el fallo de la Corte de Apelaciones
con la esperanza de que la Corte Suprema considere que las cuestiones
de fondo alegadas (la existencia de pruebas sobre la responsabilidad de
Pinochet en los crímenes de la Caravana de la Muerte) son de más
peso que las de forma (que el juez Juan Guzmán, cuando ordenó
el arresto de Pinochet, cometió algunos errores procesales). Por
otra parte, la primera sala de la Corte de Apelaciones determinará
esta semana en qué lugar se harán los exámenes médicos
a Pinochet. Si Pinochet es declarado demente, según la ley chilena,
debe ser eximido de un juicio.
Se puede decir que en estos momentos, los abogados de Pinochet comenzaron
a ganar el terreno que perdieron desde que el ex dictador llegara de Chile
en marzo, liberado por Gran Bretaña “por razones humanitarias”.
Los abogados querellantes, el juez Guzmán y la propia Corte Suprema
chilena habían logrado poner al dictador contra las cuerdas: se
le habían retirado sus fueros de senador vitalicio, y todas las
pruebas apuntaban a su procesamiento. Lo único que lo podía
salvar era, una vez más, la razón médica.
La defensa de Pinochet encontró un resquicio en la orden de arresto
del juez Guzmán: no había declaración indagatoria
de su cliente ni exámenes médicos previos a la medida. Se
trata de una cuestión de forma y no de fondo, y en eso quieren
hacer derivar el caso. Si la Corte Suprema confirma el recurso de amparo
presentado por los abogados de Pinochet y acogido por la Corte de Apelaciones
en virtud de estas “desprolijidades”, todo dependerá
por el momento de los exámenes médicos. Para ese entonces,
los abogados de Pinochet usarán los resultados médicos de
Londres como antecedente para pedir la eximición de Pinochet del
juicio.
Los abogados que llevan adelante 73 de las casi 200 querellas criminales
contra el ex dictador buscarán que el camino judicial retorne sobre
las cuestiones de fondo. Si las pruebas contra Pinochet no fueron en ningún
momento discutidas, entonces sólo habría que desandar el
camino del debido proceso de manera prolija, con declaración indagatoria
y sin esperar los resultados de los exámenes médicos (el
juez Guzmán no está obligado a tenerlos). La acusación
tiene dos cuestiones a favor de su estrategia: fue la Corte Suprema la
que dictaminó que las pruebas contra Pinochet eran suficientes
como para justificar el desafuero, y por otra parte, la segunda sala del
máximo tribunal está conformada por jueces favorables al
proceso contra Pinochet.
Durante los próximos dos días, la Corte Suprema escuchará
los alegatos de las dos partes. El fallo podría estar el miércoles
o el jueves.
HABLA
HUGO GUTIERREZ, ABOGADO QUERELLANTE DEL CASO PINOCHET
“Es preocupante la presión política”
Por P. R.
Hugo Gutiérrez es uno
de los primeros, y más importantes, abogados que presentaron querellas
criminales en Chile contra Pinochet cuando el ex dictador ni siquiera
estaba detenido en Londres. En diálogo con Página/12, Gutiérrez
admitió que la cuestión de la declaración indagatoria
que el juez Guzmán dice haberle tomado a Pinochet era en efecto
“controvertible”. La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió
por esta cuestión declarar “ilegal” la orden de detención
librada por Guzmán. Gutiérrez coincidió con sus colegas
querellantes en que esta cuestión técnica “no ataca
el fondo del proceso, esto es, las pruebas por las que en definitiva Pinochet
fue desaforado”, y ése es el principal argumento que expondrá
esta semana ante la Corte Suprema. Pero Gutiérrez fue más
allá de lo judicial y se quejó de las presiones políticas
del caso: “La transición democrática está demostrando
una gran fragilidad institucional”.
–La parte querellante está esperanzada de que la Corte Suprema
considere las cuestiones de fondo y no las de forma en el caso Pinochet.
¿Qué cree que puede pasar de aquí en más?
–Bueno, creo que es importante si hay una falla en el proceso. Y
también es cierto que la abundancia de pruebas que acreditan la
responsabilidad de Pinochet en los crímenes de la Caravana de la
Muerte son demasiadas como para que esto dé por tierra todo el
proceso.
–Pero ustedes, como parte querellante, ¿apoyan al juez Guzmán
cuando establece que sí le tomó declaración indagatoria
a Pinochet cuando estaba detenido en Londres?
–Esa es la opinión del juez y nosotros la respetamos. Ahora
bien, creo que este punto era en efecto controvertible. Tenemos que recordar
que Pinochet, cuando recibió el interrogatorio del juez en Londres,
tenía sus fueros parlamentarios. Por lo tanto, no era aún
un imputado, lo que hace que ese interrogatorio no haya sido una estrictamente
una declaración indagatoria para resolver si un imputado debe pasar
a ser procesado.
–Es algo así como que el juez Guzmán consideró
al interrogatorio como una declaración indagatoria cuando al momento
de hacerlo no lo era.
–Exacto. Desde mi punto de vista, y esta es una opinión personal,
el juez Guzmán podría haber ordenado tomarle una declaración
indagatoria a Pinochet ni bien se confirmó su desafuero, en agosto.
–¿Cómo considera que va a repercutir esto en la Corte
Suprema? El fallo de la Corte de Apelaciones es contundente al decir que
la orden de detención es “ilegal”.
–Bueno, eso es lógico. Sólo se puede aceptar un recurso
de amparo contra una orden de detención declarándola a ésta
“ilegal”. Yo no creo que influya. En todo caso las pruebas por
las cuales Pinochet fue desaforado son las mismas y esto es muy importante.
–Han habido declaraciones muy amargas sobre este fallo, tanto de
la parte querellante como en el plano internacional. El abogado español
Joan Garcés (querellante en el proceso contra Pinochet en España)
ha dicho que esto demuestra que al ex dictador había que juzgarlo
en España.
–Está equivocado. Pinochet puede y debe ser juzgado en Chile.
–Sin embargo, más allá del plano procesal, existe una
presión política sobre los tribunales que es difícil
soslayar. El gobierno aceptó reunir al Cosena (Consejo de Seguridad
Nacional), aceptando las quejas de los militares. ¿Usted aún
confía en la garantía del gobierno en cuanto a la independencia
de los tribunales?
–Este sí es un tema delicado. Creo que de todo lo que ha pasado,
lo preocupante no es el fallo a favor de Pinochet. Lo realmente preocupante
es la fragilidad institucional de la transición democrática.
Aquí las Fuerzas Armadas siguen teniendo una gran influencia, lo
que indica que aún Chile no tiene una democracia con todas las
letras.
–Pero es difícil ver hoy que las Fuerzas Armadas puedan realizar
maniobras de amedrentamiento, como hicieron en los primeros años
de la restauración democrática, ante una decisión
judicial adversa.
–Pero aún mantienen su posición de garante de la democracia.
–Ese es el espíritu de la Constitución del 80, sancionada
por Pinochet.
–Exacto. Debemos reconocer que los políticos que gobiernan
nuestro país fueron los que pactaron la transición con el
mismo Pinochet. Y que, por lo tanto, no parecen dispuestos a cambiar esa
Constitución. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas siempre ejercerán
una suerte de poder de veto.
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