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Por Irina Hauser
 El procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, dictaminó en contra del recurso presentado por el Estado para que la Corte Suprema habilite la revisión de las condenas de los presos por el ataque al cuartel de La Tablada, que llevan 106 días de ayuno. La opinión de Becerra no es vinculante, o sea, el alto tribunal podría tomar hoy una resolución diferente, ajustada a la Convención Americana de Derechos Humanos �con rango constitucional� y que establece el derecho de �recurrir el fallo ante un tribunal superior�. A su vez, ayer el Gobierno envió una respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le había puesto un plazo de diez días para que dijera cómo solucionaría el conflicto. En la notificación reafirma su voluntad de cumplir �con los compromisos internacionales�, cita fallos de la Corte que avalan el derecho internacional y no descarta la adopción de medidas excepcionales como un decreto que conceda la doble instancia o la conmutación de penas.
Como paso previo a la esperada resolución del alto tribunal, Becerra emitió un dictamen en el que les sugiere a los ministros que rechacen el recurso de queja presentado por el procurador del Tesoro, Ernesto Marcer, en nombre del Estado argentino. El jefe de los fiscales utilizó en su escrito argumentos similares a los esgrimidos la semana pasada por la Cámara de Casación Penal. Sostuvo que el Estado no está legitimado para actuar en el caso, en parte porque ya intervino el Ministerio Público como depositario de la función de �promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad�. También planteó que la participación del Ejecutivo puede provocar un �choque con los intereses de los condenados y de sus eventuales estrategias defensivas�. Y recuerda que el Estado pidió la revisión a la Justicia porque los presos no lo habían hecho.
La Corte no está obligada a adoptar los fundamentos de Becerra. Dada la urgencia del tema, lo trataría hoy, en el último acuerdo del año. Es posible, según trascendió, que una mayoría de cinco supremos vote a favor de la presentación de Marcer. Aun así, la abogada de los detenidos, Martha Fernández, insistió con diferenciar: �Una cosa es que digan que conceden el recurso de revisión y otra que digan que abren el recurso de apelación�. Al respecto, detalló: �La revisión no vuelve a los presos a la condición de procesados de modo que no se podría aplicar la ley del dos por uno. En cambio, si Casación abre la segunda instancia, que es lo que recomienda la CIDH, vuelven al carácter de procesados y se puede pedir la excarcelación o bien el doble cómputo que les permitiría recuperar la libertad. Sólo ante la segunda opción se levantaría la huelga de hambre�. A raíz del ultimátum de diez días que recibió de parte de la CIDH, ayer el Gobierno envió al organismo internacional, a través de la Cancillería, un escrito donde enumera los intentos hechos hasta el momento para dar una salida al problema: el fracaso de las gestiones para que la reforma de la Ley de Defensa de la Democracia �que impide la doble instancia� fuera debatida en el Congreso y la instrucción a Marcer, como representante legal del Estado, para que presentara un primer recurso ante Casación y luego, frente a su rechazo, ante la Corte Suprema. A �los tribunales nacionales� les objeta no haber �reconocido hasta hoy el carácter operativo� de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La notificación de la Cancillería, que firma el representante especial para Derechos Humanos en el Ambito Internacional, Leandro Despouy, envía un claro mensaje a la Corte, recordándole varios fallos que emitió sentando jurisprudencia favorable a la habilitación de la doble instancia. La Corte, dice, �está llamada a salvaguardar, en última instancia, el fiel cumplimiento� de los tratados internacionales. �El Gobierno no es insensible ante la delicada situación en que se encuentran los detenidos como consecuencia de la huelga de hambre�, añade el texto de Despouy.
Por último agrega que �la adopción de medidas de carácter excepcional� sólo se justificarían �una vez comprobado que la acción o inacción de los otros dos poderes del Estado conduce a éste a un irreversible incumplimiento de las obligaciones internacionales�. Según confiaron funcionarios gubernamentales, el presidente Fernando de la Rúa sigue estudiando la posibilidad de sacar un decreto de necesidad y urgencia y que ya ha escuchado de algunos de sus colaboradores la sugerencia de dar una conmutación de penas.
Gorriarán por Internet
�El reclamo de la CIDH es al Estado, o sea a los tres poderes. Pero es el presidente De la Rúa, como jefe de Estado, quien debe asegurar que el país cumpla con la Constitución y los pactos internacionales�, dijo ayer el líder del MTP, Enrique Gorriarán Merlo, en una entrevista difundida en Internet por el sitio �Terra�. Gorriarán cuestionó a la Cámara de Casación Penal, que rechazó el 23 de noviembre los recursos presentados por los presos para que se revisaran sus condenas y la semana pasada hizo lo mismo con la presentación del Estado argentino. �El tribunal está presidido por Juan Fégoli, que fue funcionario de la Justicia durante la dictadura. Otro de sus integrantes. Raúl Madueño, fue nominado por un decreto firmado por el genocida Videla el 2 de abril (o mayo o junio) de 1976. El tercer juez, Pedro David, fue nombrado por Menem. Y el fiscal Raúl Plée es quien ocultó las pruebas de los asesinatos de nuestros compañeros detenidos y de las torturas a que fueron sometidos los que sobrevivieron, y también es el que �falseando la verdad� ordenó las capturas de los compañeros desaparecidos, dos de los cuales Carlos �Quito� Burgos e Iván Ruiz acaban de ser identificados, once años y medio después y a pesar del estado calamitoso en que se encuentran sus restos�, declaró Gorriarán Merlo. |
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