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OPINION
Por la memoria y la justicia
Por Daniel Tarnopolsky
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La quiebra de Massera constituye una victoria simbólica, que en nada repara la permanente necesidad de verdad y justicia que los familiares de desaparecidos seguimos exigiendo.
Independientemente del dolor que representa la historia personal de cada uno, nuestro reclamo concierne a la sociedad argentina entera, mal que les pese a aquellos que prefieren negarlo y se enceguecen para no ver la realidad del país actual.
Nuestros familiares, secuestrados, torturados, engrillados en prisiones clandestinas, asesinados o entregados en adopciones ilegales, fueron víctimas de personas con nombre y apellido, que siguen libres o en supuestas �prisiones domiciliarias� cuya permeabilidad es de conocimiento público.
Apañados por el poder político, con ligeras variantes según el gobernador de turno, los delincuentes esconden la verdad de lo sucedido reconfortados por protecciones permanentes.
Muchos de nosotros hemos llegado a reconstruir, de manera relativamente coherente, el calvario de nuestros desaparecidos desde el día de su secuestro hasta el momento de su muerte.
Pero quienes conocen exactamente la verdad la siguen escamoteando.
En lo que a mí me concierne, y esto lo explicito sólo para ejemplificar, Massera, Acosta y Astiz, entre otros, saben exactamente lo sucedido con mis familiares, puesto que mi hermano Sergio fue secuestrado en la misma Escuela de Mecánica de la Armada, en la cual cumplía su servicio militar como ayudante del mismo Acosta.
Pues bien, me es imposible obligar a esos individuos a declarar, obediencia debida y punto final mediante, a pesar de que no corren riesgo alguno pues esas leyes los encubren.
Es decir que, a pesar de saber perfectamente quiénes son los responsables del asesinato de mis padres y hermanos, si es que no los asesinaron ellos mismos, y a pesar de que dos de ellos, Massera y Acosta, están presos por las causas de los bebés con identidad sustituida e ilegalmente adoptados, la ley me impide exigirles la aclaración de los hechos. La ley cubre los asesinatos y no me autoriza ni siquiera a conocer la fecha de muerte de mis familiares; la ley me obliga a seguir viviendo sin tener siquiera derecho de saber dónde yacen sus cuerpos, si en el fondo del Río de la Plata o en los jardines de la ESMA. Esa es la ley en la Argentina de hoy, a pesar de tener a los reos entre rejas.
El poder político argentino, sea cual fuera el partido mayoritario desde el �83, niega la evidencia y actúa como si la impunidad de la que disfrutan estos asesinos no tuviera ninguna influencia sobre la realidad cotidiana del país.
Pero la Argentina sufre de una crisis moral y social sin precedentes cuya gravedad aún no ha tocado fondo y cuyas consecuencias para las futuras generaciones es imposible de calcular.
Los grandes �terribles� actos delictivos de los últimos 25 años no se han condenado. Siguen impunes los crímenes de la dictadura del �76 así como los asesinatos-atentados de la embajada israelí y de la AMIA.
Frente a estos actos de barbarie, sin Justicia que los castigue, ¿qué más da unos cuantos millones robados o algunos pequeños actos de corrupción? ¿Cómo va a preocuparse por la justicia el que roba o corrompe, si el que mató, torturó o puso bombas sigue libre y no será molestado?
La impunidad, la No justicia, los compromisos encubiertos, la mentira y el engaño son los verdaderos responsables del deterioro social de la Argentina.
No sólo la pobreza es responsable de la violencia. Los desaparecidos conciernen, por el dolor, a los que estamos rodeados de ellos y sufrimos por su ausencia; pero la impunidad es una gangrena que, si no se extirpa, terminará por provocar la putrefacción de la totalidad del cuerpo social argentino. |
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