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Por Manuel Delano*
Desde Santiago
 Una intensa batalla jurídica entablaron ayer en la Corte Suprema y en la Corte de Apelaciones los abogados querellantes y los defensores de Augusto Pinochet. Los querellantes intentan revocar la anulación del auto de procesamiento del ex dictador y también lograr que los exámenes mental y neurológico se le practiquen en un centro médico público, y no en el Hospital Militar. Entretanto, la defensa del senador vitalicio desaforado rechaza ambas peticiones e intenta lograr que no sean designados peritos de las partes para el examen médico. Las tres resoluciones quedaron pendientes después de que los cinco magistrados de la segunda sala penal de la Corte Suprema resolvieron continuar escuchando hoy los alegatos que aún faltan de querellantes y defensores, y los tres jueces de la primera sala de la Corte de Apelaciones dejaron pendiente su resolución.
El futuro de Pinochet depende, una vez más, de jueces. Después de que estos recursos sean resueltos, el presidente Ricardo Lagos convocará al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), que integran los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el director de Carabineros, más el propio jefe del Estado y los presidentes del Senado, Corte Suprema y el contralor (fiscal), acogiendo una petición que le hicieron los militares, que están preocupados por los juicios que afectan a uniformados en retiro y activos por violaciones a los derechos humanos y el caso Pinochet.
Cualquiera sea el resultado judicial, la contienda en tribunales proseguirá, pues si los querellantes pierden el recurso a la Corte Suprema y no logran que prosiga el procesamiento del ex dictador, pedirán al juez Juan Guzmán interrogarlo cuanto antes, para que después vuelva a declararlo reo. Y si triunfan, pedirán que Pinochet sea de inmediato arrestado en su domicilio y fichado, como ocurre con otros procesados, mientras la defensa se concentrará en los exámenes médicos, confiando en que éstos determinen que no se encuentra en condiciones de salud de ser sometido a juicio.
Cuatro abogados querellantes �Carmen Hertz, Alfonso Insunza, Eduardo Contreras y José Galiano� alegaron ayer ante la segunda sala penal del Tribunal Superior. Aunque sólo uno de los cinco magistrados votó en contra del desafuero de Pinochet y esta sala se ha mostrado rigurosa en causas de derechos humanos, fuentes de tribunales consideran incierto el resultado, pues dos de sus actuales miembros se incorporaron ayer, y por el clima que generó la convocatoria al Cosena.
Para refutar la resolución de la quinta sala de la Corte de Apelaciones que por tres votos a cero anuló el auto de procesamiento de Guzmán, basándose en que Pinochet no fue interrogado previamente por el juez, sin considerar como tal el que se le hizo por exhorto mientras estaba detenido en Londres, Hertz argumentó que un senador puede ser sometido a interrogatorio, porque su fuero sólo lo protege del sometimiento a proceso y de una detención. �La declaración indagatoria que se impugna es apropiada legalmente�, afirmó. En el mismo sentido, Contreras calificó de �falta de respeto� a la Corte Suprema, que aprobó el exhorto a Londres, que ahora se le desconozca. Insunza sostuvo que hay nueve elementos procesales que fundamentan el arresto de Pinochet por los crímenes de la Caravana de la Muerte.
La primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidirá entre hoy y mañana sobre dos recursos distintos después de que ayer alegaran dos abogados querellantes �Hugo Gutiérrez y Juan Bustos� y un defensor, Ambrosio Rodríguez. Los querellantes recurrieron de la decisión de Guzmán de que los exámenes de Pinochet sean en el Hospital Militar, que pertenece al Ejército, y pidieron que se practiquen en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.
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