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Por Raúl
Dellatorre
 Cada nuevo dato estadístico
muestra cómo se aleja la economía argentina del pronóstico
de crecimiento formulado hace doce meses por el Palacio de Hacienda para
este año, del 4,5 por ciento. Con las estimaciones del tercer trimestre
en la mano –suministradas ayer por Economía–, se va verificando
que la evolución del primer año de gestión aliancista
arrojará un estancamiento del PBI –caída de más
del 1,5 por ciento si se lo mide per cápita– con respecto
del año pasado y, consiguientemente, que la recesión iniciada
en la segunda mitad de 1998 llegó para quedar instalada por más
de 30 meses. El estancamiento del PBI en el tercer trimestre -variación
cero– con respecto del mismo período del año anterior
no fue el único dato negativo del informe conocido ayer: también
se corrigió la estimación del segundo trimestre, que en
la primera versión había dado un crecimiento del 0,8 por
ciento, ahora empalidecido a un insignificante 0,2 por ciento.
Salvo al secretario de Programación Económica, Miguel Bein,
que en cada informe mensual desde mediados de año insistía
en ver “signos cada vez más claros del inicio de la reactivación”,
el dato de la evolución del PBI no puede haber sorprendido a nadie.
Casi no hay variantes significativas entre los distintos componentes del
producto bruto, ya que todos ellos corroboran la tendencia desfavorable.
Por el lado de la oferta, el tercer trimestre registró una caída
interanual del 2,6 por ciento en los sectores productores de bienes y
un incremento del 0,3 por ciento en los de servicios. También decreció
la oferta de bienes y servicios importados (producidos en el exterior
para consumo local) en un 2,3 por ciento.
Por el lado de la demanda, el componente que más sufrió
la evolución es la inversión interna bruta fija, que con
una caída del 10,6 por ciento instala un mal síntoma para
el futuro. El consumo privado apenas sobrepasó el nivel de estancamiento,
con un aumento del 0,3 por ciento, mientras que las exportaciones de bienes
y servicios (la parte del producto que se consume en el exterior) creció
un 0,8 por ciento. El consumo público también sacrificó
parte de su porción de una torta que no creció con respecto
del año pasado, al caer en un 1,2 por ciento.
El nivel de actividad industrial relevado por el Departamento de Economía
de la UADE señala que la caída no se detuvo en el cuarto
trimestre, conforme a las mediciones ya procesadas de octubre y noviembre.
Para el mes pasado, su indicador arroja una disminución del 5,4
por ciento en relación con el año pasado. La retracción
en el consumo y la inversión sigue sufriendo en diciembre los efectos
de un factor contractivo adicional a los vigentes hasta octubre: el alza
de las tasas de interés.
Hasta la semana pasada, Mario Vicens, secretario de Hacienda, mantenía
la expectativa de un crecimiento para todo el año del 0,2 al 0,5
por ciento, que a la luz de los últimos datos hasta empieza a resultar
duro de alcanzar. El resultado interanual del primer trimestre dio un
crecimiento del 0,5 por ciento, el segundo (corregido) una suba del 0,2
y el tercero, en forma provisoria, una variación cero. Difícilmente
el cuarto trimestre arroje un resultado mejor. Miguel Angel Broda, consultor
y vocero de los intereses de la city, definió el cuadro de situación
sin eufemismos ayer en una entrevista radial. “La performance argentina
es terrible: llevamos 30 meses de recesión, el ingreso per cápita
en el ‘99 cayó 5 por ciento y cae más del uno este
año. Argentina, sin dudas, en los números agregados, es
el peor país del mundo”.
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Aumentó el
cierre de cuentas
Durante la primera quincena de diciembre se produjo un salto en
el cierre de cuentas corrientes, los que llegaron a 3561, superando
holgadamente los registrados durante la primera mitad de octubre
(2146) y en el mismo período de noviembre (1459), según
datos compilados por la central de riesgo crediticio Experian. Pero
el dato más significativo fue que hasta el miércoles
13 sólo se habían cerrado 258 cuentas, mientras que
en sólo dos días, el 14 y el 15, se cerraron 3303.
La causa principal fue el libramiento reiterado de cheques sin fondo.
Desde el pasado marzo, cuando se flexibilizaron las normas del Banco
Central para estas medidas -en especial se dispuso eliminar los
antecedentes negativos de los titulares de cuentas y flexibilizar
las condiciones para cubrir cheques rechazados en una primera instancia–,
el número de cierres se había mantenido estable. En
tanto, los restantes indicadores de riesgo crediticio se mantuvieron
en los mismos niveles que venían registrándose en
los meses anteriores. Entre los datos se destacó el aumento
de las demandas por morosidad en los créditos al consumo,
lo que enciende una luz de alerta sobre la delicada situación
de la cadena de pagos. Los 10.884 recursos presentados en noviembre
superan en un 11 por ciento a los de octubre, aunque la suma de
los primeros 11 meses del año arroja niveles similares a
los de 1999 (107.712 versus. 107.883). De acuerdo con datos de la
Justicia Comercial de Buenos Aires, los 132 concursos preventivos
declarados en noviembre muestran un descenso por segundo mes consecutivo.
Las quiebras decretadas, en tanto, llegaron a 128, manteniéndose
en línea con las de octubre. A un mes de que finalice el
año, en cambio, las quebradas sumaron 1110, un 5,6 por ciento
más que en los primeros 11 meses de 1999.
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DENUNCIA
DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD A LA OA
Prestadores con certificados falsos
Vincular a la administración
de las obras sociales sindicales con la corrupción es casi un lugar
común, en cambio son menos frecuentes las menciones de la corrupción
existente en el organismo encargado de controlarlas: la Superintendencia
de Servicios de Salud. De acuerdo con una denuncia elevada por la propia
Superintendencia a la Oficina Anticorrupción, una organización
que operaba en el Registro de Prestadores de aquella repartición
–conformada por empleados de la misma– “comercializaba”
la entrega de certificados falsos de habilitación a empresas de
salud y a profesionales del sector.
A favor de la tarea de los falsos gestores jugaba el retraso que desde
hace más de dos años se viene acumulando en la tramitación
de los mencionados certificados, ya desde la administración del
dirigente cegetista José Luis Lingieri.
Los miembros de la organización armada en el Registro de Prestadores
les prometían a los aspirantes a prestar sus servicios a las obras
sociales del sistema de salud “acelerarles el proceso de entrega
de los certificados habilitantes”, según relata un comunicado
de la Superintendencia. Previo pago del correspondiente “peaje”,
los peticionantes obtenían el certificado, pero desconociendo que
éstos llevaban la firma falsificada del gerente de Control Prestacional,
Néstor Chudnovsky.
En la mencionada Oficina de Registro se detectaron, incluso, certificados
firmados en blanco, listos para ser “negociados” con los interesados.
Hasta el momento, pudieron detectarse doce casos de prestadores “habilitados”
a través de este ilícito procedimiento. La organización
de empleados del Registro de Prestadores venía operando desde principios
de 1999, según detectaron las autoridades de la Superintendencia.
Es decir, desde la gestión anterior. La concreción de las
maniobras se vio favorecida por el atraso, ya desde la gestión
de Lingieri, en el otorgamiento de este tipo de habilitaciones. Por el
momento, y a partir de los elementos reunidos en el sumario administrativo
abierto en la Superintendencia, fueron suspendidos tres empleados del
organismo.
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