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Por Felipe Yapur
 Hace un cuarto de siglo un
grupo de políticos, religiosos y dirigentes gremiales se encontraban
en una iglesia, eran unos pocos y buscaban generar un espacio que les
permitiera denunciar los violentos ataques cometidos por esos años
por las bandas armadas de la Triple A, el antecedente de la dictadura
militar. El nombre de la organización fue surgiendo casi naturalmente:
“La realidad nos impuso permanecer en un estado de asamblea permanente
para defender los derechos humanos. Así nació la APDH”,
recordó el pastor metodista José Migues Bonino. “Nuestra
organización estuvo, está y seguirá estando, porque
en nuestro país se continúan violando los derechos humanos”,
reafirmó Alfredo Bravo, copresidente de la institución que
anoche recordó estos 25 años de lucha.
Algo más de 150 personas se encontraron en un salón del
barrio de Palermo. Poco a poco los invitados se acomodaron en sus respectivas
mesas. La mayoría de ellos está o pasó alguna vez
por la APDH. Muchos habían llegado desde las diferentes provincias
donde tiene representantes uno de los organismos defensores de los derechos
humanos más antiguos del país. Brazos en altos, efusivos
y largos abrazos, palmadas, besos y sonrisas, muchas sonrisas de veteranos
militantes reencontrándose.
Cuando todos estuvieron acomodados, el pastor metodista Migues Bonino
tomó el micrófono y, con papeles en mano porque es “la
mejor forma de ponerle un límite al discurso de un pastor”,
recordó el primer encuentro en la Iglesia de la Santa Cruz, aquella
donde el “angel rubio” Alfredo Astiz junto a la patota secuestró
a la primera presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor,
junto a otras madres de desaparecidos.
“Decidimos que no íbamos a ser una sociedad secreta, sería
pública, plural, desde donde denunciaríamos las violaciones
a los derechos humanos”, remarcó el pastor para luego destacar
los hechos más críticos que vivió la organización:
el secuestro de Bravo y la detención de Adolfo Pérez Esquivel.
“Recuperarlos fue para nosotros una señal de que no luchábamos
en vano”, dijo para luego recordar a aquellos miembros de la APDH
que ya no están como Alicia Moreau de Justo, el obispo Jaime de
Nevares y Simón Lázara, entre otros.
Luego anunciaron el discurso de Alfredo Bravo, quien se levantó
de la mesa principal donde estaban sentados la diputada Elisa Carrió,
la secretaria de Minoridad bonaerense, Irma Lima, el ex ministro de seguridad,
León Arslanian, la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti
y el periodista Héctor Timermann. El socialista y copresidente
de la APDH se encaminó hasta el fondo del salón. Mientras
leían una adhesión de Raúl Alfonsín, Bravo
saludaba al ex camarista Andrés D’Alessio, al obispo metodista
Aldo Echegoyen, el rabino Daniel Goldman y Laura Bonaparte, miembro de
la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo.
El diputado socialista agradeció la adhesión de Alfonsín
y lamentó su ausencia. Luego, abandonando la idea de leer, prefirió
“realizar un discurso a lo argentino: totalmente deshilvanado”.
Remarcó la necesidad de la continuidad de la tarea de la APDH debido
a que todavía “no logramos erradicar la impunidad” y
a renglón seguido lanzó una crítica directa al gobierno
de la Alianza: “El ministro de Defensa (Ricardo López Murphy)
debería renunciar, porque continúa defendiendo a los militares
cuestionados por violaciones a los derechos humanos”, se despachó
mientras Conti clavaba su mirada en la mesa. Pero era una noche de festejo,
poco después todos brindarían por la libertad, la democracia
y los derechos humanos.
MASACRE
DE LAS PALOMITAS EN SALTA
“No olvide su gorra”
Por Eduardo Tagliaferro
Desde
Salta
“Va a tener mucho frío,
no olvide su gorra, escuché que le dijo el director del penal,
Braulio Pérez, a Pablo Outes. Luego se escucharon las botas y el
grito de `asesinos hijos de puta` de Rodolfo Usinger, a uno de los esbirros
que lo subieron al camión militar en el que fue masacrado junto
a otros once detenidos políticos, en la localidad salteña
de Palomitas”, fue parte del testimonio de este cronista en las audiencias
para investigar el destino de los detenidos-desaparecidos en Salta. En
esta provincia, los juicios por la verdad fueron reducidos al mecanismo
del hábeas data, luego de que el juez federal Miguel Antonio Medina,
intentara apartarse de las investigaciones primero y archivarlas después.
La Cámara Federal no archivó las actuaciones y las devolvió
al juez Medina, aceptando que éstas tuvieran el formato del hábeas
data propuesto por el magistrado de primera instancia. Lejos de intentar
conocer la verdad judicial, el juzgado que dirige el ex apoderado del
Partido Justicialista y ex conmilitante del gobernador Juan Carlos Romero,
restringe su búsqueda a obtener datos sobre el destino de un listado
de desaparecidos.
La matanza de Palomitas es, al igual que la masacre de Margarita Belén,
uno de los casos en los que la dictadura militar aplicó la denominada
“ley de fugas” a prisioneros que se encontraban detenidos en
cárceles legales. Según la versión oficial, la noche
del 6 de julio de 1976, en la localidad de Palomitas, un cruce de rutas
en el camino a Tucumán, un convoy militar que trasladaba a Roberto
Oglietti, Pablo Outes, Rodolfo Usinger, Alberto Savransky, Benjamín
Avila, José Povolo, María del Carmen Alonso, Celia de Avila,
Evangelina Mercedes Botta, Amarú Luque de Usinger y Georgina Droz,
fue acribillado a balazos. Los once prisioneros fueron fusilados. Aunque
algunos figuraron oficialmente como prófugos, sus cuerpos fueron
luego hallados en cementerios de localidades vecinas.
Según el jefe de la guarnición militar Salta, coronel Carlos
Mulhall, el traslado había sido ordenado por el comandante del
Tercer Cuerpo, el general Luciano Benjamín Menéndez. Frente
al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, Mulhall declaró que
los detenidos fueron trasladados por el pedido expreso del entonces juez
federal y en la actualidad camarista, Ricardo Lona. El hoy septuagenario
magistrado se caracteriza por su buena llegada al poder: antes a los militares
y desde el ‘83 a los civiles.
Cada vez que este cronista recordó el sinuoso comportamiento del
camarista Ricardo Lona, los funcionarios judiciales se revolvían
en sus sillas y repreguntaban cuestiones tan absurdas como ¿usted
por qué fue detenido?, ¿qué hacía en Salta?
La posible comparecencia testimonial de Lona es una medida que pone nervioso
tanto al joven fiscal Eduardo Villalba como al juez Medina. Los testimonios
continuarán pasado mañana cuando declare la ex detenida
política Nora Leonard. El general Menéndez, el coronel Mulhall
y el entonces jefe de la Policía Provincial, el teniente coronel
Miguel Gentil, son algunos de los nombres que aparecen vinculados a la
suerte de los desaparecidos en Salta y que tendrán que comparecer
ante el tribunal provincial.
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