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Por Irina Hauser
 Los presos por el ataque al
cuartel de La Tablada, que llevan 107 días de ayuno, tendrán
que seguir esperando. La Corte Suprema postergó la votación
sobre el recurso presentado por el Estado para que se habilite la reconsideración
de sus condenas. Hasta ayer, todo indicaba que cuatro ministros estaban
a favor de la revisión y cuatro en contra. La definición
la aportaría el ministro Adolfo Vázquez a su regreso de
Punta del Este. En el Gobierno no pueden ocultar la desesperación
ante un clima en el alto tribunal que les suena poco favorable. La subsecretaria
de Derechos Humanos, Diana Conti, dijo que la Corte tiene “una buena
oportunidad para demostrar que es respetuosa de la constitucionalidad
y de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH)”.
Dada la trascendencia del caso y las opiniones divididas, los ministros
solicitaron la presencia de Vázquez para que el tema fuera discutido
por el tribunal en pleno. Mañana se reunirán en un acuerdo
extraordinario, pero todavía no se sabe si allí votarán
una resolución.
En principio, Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo
López y Augusto Belluscio se inclinarían por rechazar el
recurso que suscribió el procurador del Tesoro, Ernesto Marcer,
y que acompañó con una presentación de apoyo el Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS), con la firma de su presidente,
Horacio Verbitsky. Estos supremos adoptarían un criterio similar
al que manifestó en su dictamen el procurador general de la Nación,
Nicolás Becerra, quien sostuvo que el Estado no está legitimado
para actuar, en parte porque el Ministerio Público ya intervino
en su representación y, por otro lado, porque deberían haber
presentado el recurso extraordinario los propios presos. La participación
del Ejecutivo, añadió Becerra, puede provocar un “choque
con los intereses de los condenados y sus estrategias defensivas”.
En el otro extremo, los ministros Enrique Petracchi, Gustavo Bossert,
Antonio Boggiano y Carlos Fayt estarían dispuestos a avalar la
revisión de las condenas. Lo que está en veremos es si apoyarán
sólo la revisión o bien la apelación en segunda instancia.
Fayt, por ejemplo, se habría pronunciado por la primera opción.
Pero sólo la segunda alternativa allanaría el camino para
que los atacantes de La Tablada recuperen la libertad. Por lo pronto,
Petracchi presentó ayer un proyecto en ese sentido, consecuente
con el voto que firmó el 12 de diciembre, el único del tribunal
favorable a un hábeas corpus en beneficio de los presos. Aquel
texto recordaba que en el caso del líder del MTP, Enrique Gorriarán
Merlo, la Corte ya “decidió que la forma más adecuada
de asegurar la garantía de la doble instancia en materia penal,
prevista en la Convención Americana de Derechos Humanos, era declarar
la invalidez constitucional de la limitación establecida en el
artículo 87 de la ley 23.077 (de Defensa de la Democracia), en
cuanto veda la posibilidad de recurrir a la Cámara Nacional de
Casación Penal de las sentencias condenatorias...”. Con este
panorama, tal vez la Corte primero decida si hace lugar al recurso extraordinario
y más adelante defina el resto.
La abogada de los detenidos, Martha Fernández, dijo a este diario
que sólo la habilitación de la doble instancia llevaría
a los presos a levantar la huelga de hambre. Porque sólo en ese
caso podrían recuperar su condición de procesados y pedir
la excarcelación o lograr que se les aplique la ley del dos por
uno, que los salvaría de las rejas.
El voto de Vázquez es un enigma. Aunque un alto funcionario del
tribunal recordó que el criterio de ese ministro ha sido contrario
a admitir la legitimidad del Estado como parte en casos de esta naturaleza.
En este contexto, la sola amenaza de que la Corte no le dé la razón
ni a los presos ni al Gobierno tiene a los funcionarios del Ministerio
de Justicia y de la Casa Rosada de pésimo humor. Nadie quiere pagar
el costo de sacar un decreto de necesidad y urgencia que instale sin vueltas
la revisión de las condenas, una opción que está
en estudio pero que ha sufridocuestionamientos porque sería inconstitucional.
Por otro lado, el presidente Fernando de la Rúa ya manifestó
su oposición a conceder un indulto o conmutación de penas,
alternativas ambas que algunos colaboradores ya lo han invitado a revisar.
Una señal desesperada hacia la Corte la dio el texto que la Cancillería
envió a la CIDH –que le había dado al Gobierno un plazo
de diez días para especificar qué haría para dar
una salida al conflicto–. Expresó la voluntad de respetar
los compromisos internacionales y recordó varios fallos del máximo
tribunal favorables a la doble instancia. Ayer Conti mandó otro
mensaje a los supremos: “Que acaten su razón de ser que es
el contralor máximo de constitucionalidad y aplicación de
los tratados internacionales”.
DOS
MARINOS CUESTIONADOS
Con el pasado a cuestas
Dos marinos deberán
esperar al menos un mes para que se decida su ascenso. Se trata de los
capitanes de fragata Carlos José Anzoátegui y Eduardo Arturo
Rodríguez quienes, según un informe de la Subsecretaría
de Derechos Humanos, están mencionados en los legajos de la Conadep
(Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas). Estas
dos postergaciones se suman a las de tres oficiales del Ejército.
La Comisión de Acuerdos del Senado se reunirá hoy al mediodía
para definir los ascensos de 86 efectivos del Ejército, 43 de la
Fuerza Aérea y 39 de la Armada y ver si en la sesión de
la tarde son aprobados.
Los miembros de la comisión acordaron elevar al pleno de la cámara
todos los pliegos menos los de los dos marinos y los de los tenientes
coroneles Oscar Alfonso Vaquero, Virgilio Alberto Moschino y Hugo Carlos
Casela, que fueron impugnados por el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la subsecretaria
Diana Conti.
La subsecretaría señaló a Rodríguez por su
presunta participación en el grupo de tareas de la Escuela de Suboficiales
de Infantería de Marina de Punta Mogotes, donde funcionó
el centro clandestino de detención conocido como “El prendedero”.
Su nombre aparece en el legajo 6752.
Anzoátegui (su nombre de pila no figura en el informe) fue denunciado
por un familiar de un conscripto fallecido en marzo de 1977. Sus antecedentes
están en el legajo 4412.
El CELS y la APDH también rechazaron los ascensos de cinco carapintadas
y un coronel vinculado con la manipulación de la investigación
del asesinato del conscripto Omar Carrasco. Estos oficiales no tendrían
inconvenientes, pues la comisión les dará el visto bueno
a sus pliegos.
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