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Por Manuel Delano
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Desde
Santiago
 En un fallo unánime,
la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió
el martes que los exámenes neurológicos y psiquiátricos
al ex dictador Augusto Pinochet se realizarán nada menos que en
el Hospital Militar. Para contrapesar una medida que claramente favorece
al ex dictador, la Corte agregó que tanto los querellantes como
la defensa podrán ser acompañados por médicos propios
en esta diligencia. En esos mismos momentos, la segunda sala penal de
la Corte Suprema, después de oír los alegatos de tres abogados
querellantes y de la defensa del ex dictador, dejaba pendiente (“en
acuerdo”) el fallo que decidirá si permitir o no el arresto
de Pinochet por la Caravana de la Muerte.
Aunque la resolución de la Corte de Apelaciones daba la razón
en un aspecto a los querellantes –los médicos adjuntos–
y ratificó lo que el juez Juan Guzmán había decidido
en primera instancia, el “premio mayor” quedó en manos
del equipo jurídico de Pinochet: los exámenes estarán
a cargo de personal del Ejército, de la que el ex dictador es “Comandante
Benemérito”. Públicamente, la defensa argumentó
que prefería que los exámenes fueran en el Hospital Militar
para asegurar la privacidad de los resultados y porque Pinochet tiene
allí su historial médico. Pero los querellantes objetaron
fuertemente que el recinto no daba garantías de imparcialidad y
recordaron que allí hubo prisioneros políticos durante la
dictadura. “Hay que pensar que el Hospital Militar está bajo
la jerarquía militar”, señaló el abogado Juan
Bustos, quien recordó que durante la dictadura “se adulteraron
diferentes instrumentos médicos, autopsias”. Otro abogado
querellante, Eduardo Contreras, manifestó que el veredicto de la
Corte de Apelaciones “sin dudas no contribuye a la transparencia
puesto que es un lugar bastante siniestro”.
La Corte intentó desviar estas críticas al decidir que cada
parte podrá ser acompañada por peritos médicos propios,
lo que aportaría condiciones de mayor transparencia al proceso.
No obstante, la defensa espera que los análisis determinen que
el desaforado senador vitalicio no se encuentra en condiciones de enfrentar
un juicio. Y están tan seguros de que lo probarán que quieren
adelantarlos lo más posible: “Esperamos que se realicen pronto.
Sería espléndido que fuesen esta semana, para así
el próximo año terminar con este engorroso proceso al general
Pinochet”, comentó el abogado Pablo Rodríguez Grez.
Por otra parte, ayer concluyeron los alegatos de querellantes y la defensa
ante la segunda sala penal de la Corte Suprema por el recurso de amparo
de Pinochet. “Los magistrados votaron, pero el fallo todavía
debe ser redactado”, indicó un funcionario de la secretaría
de la Corte Suprema. La Corte Suprema debe decidir si ratifica la decisión
de la Corte de Apelaciones de Santiago de anular una orden de procesamiento
contra Pinochet dictada por el juez Juan Guzmán. El abogado Rodríguez
reiteró que el debido proceso requería que se realizará
un interrogatorio previo al arresto formal: “Sería un absurdo
que una persona pueda ser procesada e incluso encarcelada sin ser oída”.
Los abogados querellantes Juan Pavín, Hiram Villagra y Boris Paredes
criticaron como “improcedente” el amparo, porque Pinochet no
está detenido ni su libertad, restringida e insistieron en los
fundamentos de la encargatoria de “reo”. Contreras disparó
que “Rodríguez se basó solamente en el derecho a ser
oído. ¿Pero por qué entonces Pinochet no viene a
los tribunales donde podrá ser oído? ¿Por qué
sigue escondiéndose del juez?”. Fuentes judiciales consideran
incierto el fallo de esta sala del Supremo, que podría ser develado
hoy.
* El País de Madrid, especial para Página/12.
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