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Por David Cufré
 El Gobierno llegó a
un principio de acuerdo con los senadores justicialistas para que sancionen
hoy el proyecto de ley de infraestructura. Hasta anoche sólo restaba
que Fernando de la Rúa convalidara la negociación que encaró
el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, con los legisladores de la oposición.
El conflicto surgió a raíz de que estos últimos se
negaron a tratar el Plan de Infraestructura hasta que el Ejecutivo se
comprometiera a no vetar los artículos del Presupuesto 2001 modificados
por el Senado. Aunque ambas leyes no tengan ninguna conexión, quedaron
entrelazadas por una pulseada política. Pulseada que ayer quedó
básicamente resuelta, con sendas concesiones de ambas partes, lo
que permitiría que finalmente se apruebe el programa de obras públicas
para el próximo lustro.
Como suele ocurrir en estos casos, el Gobierno y los senadores del PJ
intercambiaron acusaciones hasta que la negociación se encarriló.
Al margen del tema de los vetos al Presupuesto, los senadores propusieron
dos cambios al Plan de Infraestructura. El Gobierno aceptó ambos.
El primero beneficia a las constructoras extranjeras radicadas en el país,
pues en el proyecto oficial tenían vedada su participación
en licitaciones superiores a 45 millones de pesos y ahora el Ejecutivo
habilitará esa posibilidad. En segundo término, el Gobierno
accedió a que la comisión encargada de administrar las obras
esté conformada por tres representantes de la Nación y tres
de las provincias, todos ellos con acuerdo del Senado. La propuesta anterior
establecía que habría cinco delegados de la Nación
y sólo uno de los distritos del interior.
Resuelto ese tema, el Gobierno y los senadores llegaron al si- guiente
acuerdo respecto a la redacción final del Presupuesto 2001:
u Los legisladores aceptaron que el Ejecutivo vete el artículo
18, que establecía la reposición a los empleados públicos
del 12 por ciento de sus salarios. José Luis Machinea insistió
en que ese punto debía ser suprimido, pero la demora de De la Rúa
en tomar una decisión habilitó la presión del justicialismo
por sostenerlo. No obstante, ahora los senadores resignarán esa
pretensión.
uEn contrapartida, el Ejecutivo aceptará la modificación
del Senado a la distribución de los recursos del Fondo Nacional
del Tabaco. El proyecto de Presupuesto del Gobierno asignaba una partida
de 186 millones de pesos para ese programa. Los fondos que se recaudaran
por el impuesto a los cigarrillos que excedieran ese límite serían
dejados en una cuenta especial, para ser derivados al subsidio del 2002
a las provincias tabacaleras. Los senadores dispusieron que los recursos
excedentes también vayan a esas provincias. Y así lo aceptará
ahora el Ejecutivo.
u También se llegó a un entendimiento con respecto al régimen
de promoción regional. El Gobierno no vetará la distribución
de los fondos que se recauden por la cancelación anticipada de
diferimientos impositivos. El Senado votó que los ingresos por
el pago de las empresas de esos gravámenes serán distribuidos
en un 90 por ciento para la Nación y en un 10 por ciento para las
provincias beneficiadas por el régimen promocional.
Aunque las cuestiones son eminentemente técnicas, tienen su implicancia
económica. De allí que los senadores justicialistas defendieran
los artículos del Presupuesto vinculados a recursos para las provincias.
Pero tampoco les interesaba que la sangre llegara al río y se frustrara
la aprobación del Plan de Infraestructura, del que las provincias
son igualmente beneficiarias. Por eso accedieron a que se deje sin efecto
la restitución salarial a los empleados públicos, un punto
al que el Gobierno se opuso con firmeza. Por su parte, el Ejecutivo apuesta
a que el programa de obras públicos dinamice la economía.
Además, se trata de una de las pocas iniciativas que le puede reportar
rédito político. Y por eso hizo sus respectivas concesiones.
MAKON
EXPLICO ASPECTOS DE LA REFORMA DEL ESTADO
Una reforma con incentivos
El Poder Ejecutivo confía
en poder mostrar signos de vitalidad en las próximas semanas a
través de la formulación del postergado proyecto de Reforma
del Estado. Marcos Makón, secretario de Coordinación de
la Jefatura de Gabinete, precisó ayer que los principales lineamientos
del proyecto están dados por la elaboración de “planes
estratégicos y reingeniería” en Educación, Sigen,
Anses y AFIP; reformas en el sistema de compras del Estado y una reformulación
del sistema de capacitación del personal estatal que contemple
un régimen de premios o incentivos por cumplimiento de objetivos
y ahorros presupuestarios.
El Gobierno tiene la intención de que la propuesta sea resuelta
por ley en el Congreso, pero no descarta que algunos aspectos parciales
se definan por decretos o resoluciones. La meta siguiente del gobierno
nacional es alcanzar un pacto con los gobernadores para la reforma de
los Estados provinciales, objetivo que se confía alcanzar antes
de abril.
“Yo creo que este tema de la modernización del Estado tiene
que plantearse como una política de Estado, por eso se está
hablando de un proyecto de ley”, puntualizó Makón,
que además reclamó “dejar de lado estas suspicacias
que hay de que la reforma del Estado significa echar a funcionarios públicos”.
Al ser consultado en una entrevista por Radio Del Plata sobre los principales
lineamientos de la reforma, señaló que son, “en primer
lugar, introducir nuevas herramientas para mejorar la gestión pública;
segundo, la elaboración de planes estratégicos y reingeniería
de determinadas áreas, y tercero, las reformas que llamamos horizontales:
un nuevo sistema de compras, la reformulación de todo el sistema
de capacitación y la introducción de un sistema de incentivos,
es decir, premiar al buen funcionario”.
Makón se explayó sobre algunos de estos aspectos, apuntando
que para el nuevo sistema de compras “que prevea en el futuro las
compras a través de Internet” se está preparando un
proyecto de ley. En cuanto a los incentivos, indicó que “sería
una especie de contrato que va a firmar el jefe de Gabinete con los ministros,
por el cual éstos y las máximas autoridades de organismos
descentralizados se comprometen a cumplir determinados objetivos y políticas,
y en la medida que los alcancen y logren ahorros presupuestarios, éstos
podrán ser destinados a premiar a funcionarios”. Pero diferenció
este esquema del propuesto por el Congreso en el artículo 18 de
la Ley de Presupuesto, que propone reestablecer la porción de salarios
públicos descontados este año en caso de ahorros de cada
repartición. “Tal como quedó, no hay un tema de incentivos,
no plantea cumplimiento o no de políticas; la decisión del
Gobierno es vetarlo, pero creo que nosotros vamos a trabajar en una propuesta
alternativa”, informó.
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