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El ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, sigue consecuente
con la línea de conducta que asumió desde que fue designado
al frente de la cartera castrense. Ayer, mientras la Comisión de
Acuerdos del Senado discutía los pliegos de ascensos de los militares,
se mostró públicamente con uno de los oficiales del Ejército
cuestionado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (APDH) por haber participado del alzamiento
liderado por Aldo Rico en la Semana Santa de 1987. Y una vez más
volvió a defender a sus soldados señalados por represores
y carapintadas. “Me hago cargo de los oficiales y de su calidad,
atributos profesionales e idoneidad moral”, dijo el funcionario tras
participar de la inauguración del centro médico de las Fuerzas
Armadas de Río Gallegos.
“Ratifico lo mismo que expresé en ocasión de ser observados
otros pliegos de ascensos: yo me hago cargo de esos pliegos”, afirmó
López Murphy cuando le preguntaron sobre los dos marinos que cuestionó
la Subsecretaría de Derechos Humanos. Se trata de los capitanes
de fragata Carlos José Anzoátegui y Eduardo Arturo Rodríguez,
que están mencionados en los legajos de la Comisión Nacional
sobre Desaparición de Personas (CONADEP). El ministro apoyó
a los marinos, al igual que lo había hecho con los oficiales del
Ejército señalados por haber violado los derechos humanos
durante la última dictadura y por haberse alzado contra la democracia.
Pero la postura de López Murphy no es la única dentro del
Gobierno, la viceministra de Interior, Nilda Garré, pidió
al Senado que rechace los pliegos de los hombres cuestionados y esto armó
un revuelo entre los legisladores (ver aparte).
El ministro de Defensa indicó que “los dos casos (de los marinos)
se van a ver en la discusión, no van a resistir el análisis
de los debates en el Senado”. Pero además respaldó
con hechos la encendida defensa de sus oficiales. Ayer se mostró
con Emilio Daniel Terán, actual jefe de la Brigada Mecanizada 11
de Río Gallegos, durante la recorrida que hizo por el centro médico
de las Fuerzas Armadas que se inauguró en la ciudad. Terán
se defendió ante la prensa de la impugnación de su pliego
y afirmó que “en los tiempos en que ocurrieron los hechos
(los levantamientos carapintadas)” estuvo en Estados Unidos.
Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, volvió
a criticar a López Murphy, algo que debido a la retórica
y los gestos del ministro se ha vuelto una rutina para los miembros de
los organismos de derechos humanos. “Ante la insistencia y la permanente
amnesia del ministro de Defensa, esperamos que los responsables de los
ascensos, que son los militares, no se contagien; que cumplan con lo que
corresponde y que no aprueben los ascensos de los militares que fueron
cuestionados”, expresó Almeida.
Además de los marinos Anzoátegui y Rodríguez, los
tenientes coroneles Oscar Alfonso Vaquero, Virgilio Alberto Moschino y
Hugo Carlos Casela fueron señalados por represores. En tanto Terán,
Jorge Ramón Cáceres, Luis Alejandro Candia, Daniel Atilio
Oneto, Jorge Raúl Daura y Emilio Daniel Terán fueron cuestionados
por haber intervenido en el alzamiento carapintada de Semana Santa de
1987.
EL
TEMA TABLADA SERIA RESUELTO HOY POR LA CORTE
El Gobierno no quiere decretos
El Gobierno no para de enviar
señales explícitas a la Corte Suprema para que apruebe en
el acuerdo extraordinario de hoy la segunda instancia para los presos
por el ataque al cuartel de La Tablada, que llevan 108 días de
huelga de hambre. “Nosotros tenemos expectativas de que a pesar de
que la opinión de la Corte esté dividida, conceda esto,
que no es otra cosa que aceptar las recomendaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que exista una doble instancia”,
dijo el ministro del Interior, Federico Storani. El Poder Ejecutivo quiere
evitar sacar un decreto de necesidad y urgencia que habilite a los detenidos
a apelar. La Corte fallaría hoy sobre el recurso extraordinario
presentado por el procurador del Tesoro, Ernesto Marcer, en el que solicitó
que se conceda a los presos la revisión de sus condenas. En el
alto tribunal el clima no es del todo favorable a los deseos oficiales.
Cuatro ministros estarían a favor de hacer lugar al recurso y cuatro
en contra. Definirá el voto de Adolfo Vázquez, a quien pidieron
que regresara de Punta del Este.
Julio Nazareno, Eduardo Moliné O`Connor, Augusto Belluscio y Guillermo
López probablemente dirán que el Estado no está legitimado
para actuar. Enrique Petracchi, Gustavo Bossert, Antonio Boggiano y Carlos
Fayt apoyarían que se abra la revisión, aunque con algunas
diferencias de criterio. Petracchi presentó un proyecto para que
se conceda la apelación, lo que permitiría que a los presos
se les aplique la ley del dos por uno y salgan de la cárcel. Sin
embargo, algunos de sus pares se inclinarían por que sólo
se conceda la revisión, que no garantiza la libertad.
Esta situación preocupa al Gobierno, ya que nadie quiere pagar
el costo de tener que sacar un decreto de necesidad y urgencia, una alternativa
harto cuestionada por inconstitucional. El presidente Fernando de la Rúa
dijo ayer que “en función de ser el máximo intérprete
de la Constitución, la Corte” debe aplicar “los tratados
internacionales”. El ministro Storani expresó sus “expectativas”
de que la Corte vote la doble instancia y añadió que, de
lo contrario, “se habilitaría la posibilidad de un decreto”.
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