Por Felipe Yapur

El Senado decidió postergar durante 24 horas el tratamiento de los pliegos de ascensos de 181 militares. A pesar de que tanto el jefe de Gabinete y el ministro de Justicia habían respaldado los pliegos elevados por Defensa, una nota enviada por la viceministra de Interior, Nilda Garré, donde solicitaba denegar las promociones de militares cuestionados por violaciones a los derechos humanos y a los que atentaron contra las instituciones democráticas disparó una verdadera puesta en escena en el recinto de la Cámara alta. Por un lado la mayoría de los legisladores justicialistas consideraban a viva voz que la actitud de la funcionaria era “insolente”. Los radicales, sorprendiendo a propios y extraños, la emprendieron contra la ministra frepasista al asegurar que había cometido una “irreverencia hacia el Senado de la Nación”. Sólo los peronistas Jorge Yoma y Alberto Rodríguez Saa salieron en defensa de la viceministra.
Si bien hasta las primeras horas de la tarde de ayer en la Cámara alta había un principio de acuerdo general para ascender a 176 militares y postergar los cinco pliegos cuestionados por violaciones a los derechos humanos, la carta de la funcionaria arruinó el consenso logrado, aunque fuentes de los bloques de la Alianza y el PJ coincidieron en señalar que la nota cayó como anillo al dedo para aquellos que pretendían “avivar la interna del Gobierno”, si bien las motivaciones de una y otra bancada eran diferentes.
Senadores del PJ confiaron en que aun cuando había un acuerdo con el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, para aprobar los pliegos de aquellos que no estaban cuestionados, la nota de Garré sirvió para demostrar la molestia que les provocó la “falta de voluntad del Gobierno para garantizar una promulgación del presupuesto sin vetos en los temas provinciales”. Esa fue la razón por la que durante la sesión los justicialistas cuestionaban “los diferentes discursos del Gobierno”. Se referían al encuentro que habían mantenido con De la Rúa durante la tarde. En esa oportunidad le expresaron su “desagrado” por “los errores” cometidos por la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, cuando impugnó los pliegos de algunos militares y que incluía “nombres equivocados”. Según relataron legisladores del PJ, el ministro reconoció que podían haberse cometido errores pero “negó que se hubieran producido por mala voluntad”. Al final de la reunión con De la Rúa, Gioja señaló: “Creo que (Conti) vino de mala gana, mal informada y con un grado de insolencia”.
La explicación del ministro de Justicia parecía que había destrabado el conflicto. Gioja llegó a decir que la aprobación de los pliegos era un hecho porque “las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con algunos caprichos del Poder Ejecutivo”. Pero la carta de Garré enturbió el clima debido a que el texto incluía cuestionamiento a militares carapintadas. Poco después el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, llegó al Senado con la intención de destrabar el tratamiento de la ley de Infraestructura. Luego de reunirse con la bancada radical, Colombo aseguró a la prensa que “la palabra oficial del Gobierno eran los pliegos enviados por el Ejecutivo”.
Durante la sesión, Gioja volvió a utilizar el calificativo “insolente”, esta vez estuvo dirigido a Garré, por lo que anunció que el bloque impulsaba que “este tema vuelva a comisión, aunque esta decisión implique quedarnos hasta el 31 de diciembre para conseguir la ratificación del presidente” Fernando de la Rúa de los pliegos que envió.
Lo lógico hubiera sido que desde el oficialismo se hubiera defendido a la funcionaria. Sin embargo, el radicalismo fue tanto o más duro al criticar la misiva de Garré. El jefe de la bancada, Jorge Agúndez, afirmó visiblemente molesto que “si (a Garré) no le gusta el Gobierno que se vaya del Gobierno”, para luego agregar que “no compartimos que el tema vuelva a comisión porque en definitiva estamos desoyendo el pedido del Presidente yhaciéndole caso a una funcionaria que actuó con total irresponsabilidad. Estamos igual o más molestos que el bloque de la mayoría”.
El ex presidente del bloque oficialista, Raúl Galván, no fue menos duro. Calificó como “una descortesía” y una “actitud impertinente” la carta porque lo que hizo es “inmiscuirse en temas del Congreso de la Nación”, para luego exhortar que “pongamos por encima de estas actitudes atrevidas los intereses de la Nación”. El bonaerense Leopoldo Moreau cerró el rosario de críticas al decir que “la totalidad de los senadores no necesitábamos la nota porque ya habíamos tomado la decisión. En realidad esa carta llegó tarde”.
La suerte de los pliegos estaba sellada. Gioja volvió a pedir la palabra. Pidió que el tema regresara a comisión “hasta que haya una ratificación del presidente (Fernando de la Rúa), para que autorice a esta señora a decir lo que dijo o para que reafirme su decisión de promover a quienes propuso para ascenso por decreto”. Obviamente arreciaron los rumores de renuncia de la viceministra. “De ninguna manera”, aseguró Garré a Página/12. “Lo que hice fue en mi carácter de ciudadana como en otras oportunidades, a pesar del cargo que ocupaba. Lo único que pedí es que los senadores sólo extremen las precauciones”, se justificó la funcionaria.
Los militares no estuvieron presentes en el recinto, pero señalaron que la postergación había generado molestias debido a “la incoherencia del Gobierno, porque el Presidente firma los pliegos y una viceministra lo cuestiona, que debería preocuparse por los policías que están a su cargo”.

UNA HIJA DE DESAPARECIDOS
Con su propio nombre

María Victoria Dillon fue reconocida legalmente como quien es. La hija legítima de Rita y Gerardo Espíndola, secuestrados y desaparecidos en 1977 durante la última dictadura. El juez de Río Cuarto José Antonio Peralta anuló la adopción que se le había concedido a la abuela de la niña y le devolvió su verdadera identidad.
“Esto reafirma la necesidad de los chicos de recuperar su nombre, aun los que tienen sus vínculos familiares claros quieren ser reconocidos con la identidad que tenían cuando nacieron”, aseguró la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto. La adopción anulada había sido otorgada a la abuela de María Victoria, Susana Dillon, a quien el 5 de marzo de 1978 un grupo de desconocidos le dejó a la niña diciéndole que era la hija de su hija desaparecida. El matrimonio Espíndola fue secuestrado en la localidad de Río de los Sauces y alojado en el campo de concentración de La Perla, cuando la mujer estaba embarazada de seis meses.

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