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El juez en lo Civil y Comercial, Víctor Perrotta, quien en 1998
ordenó la suspensión de los torneos de AFA por los hechos
de violencia que se registraban en el fútbol argentino, declaró
ayer, consultado sobre los últimos hechos de violencia en el fútbol,
que “muchos dirigentes son barrabravas y otros tienen miedo de actuar”
y que “por eso no asumen la responsabilidad de terminar con este
problema”. El juez dijo, además, que “no existe un adecuado
equipamiento de parte de la policía para combatir el problema y
tampoco hay establecimientos carcelarios adecuados para alojar a quienes
cometen contravenciones en los estadios de fútbol. Y si alguien
va a la cárcel por ese tema, es peor”.
Como se recordará, el magistrado tomó en su momento intervención
en el tema a raíz de la presentación de un recurso de amparo
por parte de la Fundación Fair Play. Entre las medidas adoptadas
por Perrotta figuró una nota enviada a toda la dirigencia del fútbol
argentino, para que informara acerca de la existencia de “barrabravas”
o grupos de presión, pero la totalidad de las entidades se pronunció
en forma negativa. “La respuesta en varios casos fue una burla. Lo
que pasa es que muchos dirigentes son o tienen un pasado de ‘barrabravas’,
y otros, que creo son mayoría, tienen miedo de asumir la responsabilidad
de denunciar a los violentos. Después están los que, directamente,
no respetan la ley”, enfatizó el magistrado.
“A mí me atacaron de manera despiadada por las iniciativas
que tomé. Pero hoy en día estoy totalmente convencido de
que esas reacciones de parte de la dirigencia del fútbol obedecieron
a intereses creados”, aseguró.
Tras una extensa actuación, que incluyó un expediente con
numerosas fojas, Perrotta elevó el caso a la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil y Comercial, cuya Sala K resolvió archivar
el caso, pues consideróque la Asociación del Fútbol
Argentino (AFA) no tenía responsabilidad respecto de las cuestiones
de seguridad, tema que era “resorte exclusivo del Estado”.
La decisión por parte de Perrotta de suspender el fútbol
motivó una serie de reuniones con el titular de la AFA, Julio Grondona,
y el entonces secretario de Seguridad Interior de la Nación, Miguel
Angel Toma, que derivaron en la decisión de instrumentar una serie
de medidas: la prohibición de las grandes banderas; la no realización
de partidos en horarios nocturnos; el informe sobre el estado de los estadios
y su habilitación –en Capital ninguno la tenía–;
la instrumentación de equipos de seguridad de audio y video en
los estadios –sólo los tienen, dos años después,
Boca, River, Vélez, San Lorenzo, Lanús e Independiente–
y, sobre todo, la aplicación por parte de los dirigentes del derecho
de admisión.
“Por lo que se ve en televisión, pareciera que muchas de esas
medidas cayeron en desuso. O por el contrario, si están vigentes,
no hay voluntad de cumplirlas”, dijo el juez respecto del tema de
las banderas que se vieron en los estadios en los últimos tiempos.
“Yo dije, en mayo de 1999, que era de esperar la repetición
de estos hechos de violencia en el fútbol tras la decisión
de la Cámara de poner fin al recurso de amparo”, consideró
Perrotta. Interrogado sobre si volvería a actuar de la misma manera
en caso de que le acercaran una presentación con las mismas características,
un tanto decepcionado el juez dijo que “no tendría la misma
voluntad, porque lamentablemente no se supo capitalizar todo lo que se
trabajó en el tema”.
Perrotta se volvió a manifestar partidario de instrumentar el derecho
de admisión en los estadios, un tema que resultó conflictivo
para la AFA en su momento, y fijó su posición señalando
que “era muy difícil para los dirigentes ponerla en práctica”.
La dificultad en instrumentar el derecho de admisión radicaba en
saber “quién era el encargado de suministrar los datos de
aquellos a los que se les debía prohibir el ingreso a los estadios”.
Con tal motivo se pidió la actualización de un banco de
datos de aquellos que tuvieran antecedentes en hechos de violencia, dejando
constancia de informes filiatorios, domicilio y fotografía de los
responsables, algo que, según Perrotta, “parece que nunca
se llevó a cabo”. Esa medida fue considerada nuevamente, hace
algunos meses, cuando recrudecieron los hechos de violencia en los estadios,
por el actual secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, quien
envió un proyecto al Congreso para su instrumentación. Y
ahora todo vuelve a plantearse, como si nada hubiera pasado.
HABIA
GANADO EDUARDO LOPEZ CON UNICA LISTA
Anularon elecciones en Newell’s
Un juez civil anuló ayer
el acto eleccionario realizado hace 10 días en Newell’s, en
el que Eduardo López había sido reelecto presidente hasta
el 2004, informaron fuentes judiciales en Rosario. La decisión
de declarar nulas las elecciones surge de la resolución dictada
por el juez en lo Civil y Comercial Nº 9, Ricardo Heitz, quien al
reintegrarse de unas cortas vacaciones anuló lo dispuesto por su
par Rodolfo Bruch, quien actuó en suplencia y autorizó los
comicios que él había suspendido.
El juez Heitz, que en su momento debió tomar licencia por prescripción
médica, había dispuesto la suspensión del acto eleccionario
al hacer lugar a un reclamo de los opositores a López, que plantearon
supuestas irregularidades en los padrones. Sin embargo, la resolución
del juez Heitz fue revocada un día antes del previsto para los
comicios –es decir, el sábado 9– por el juez Bruch, el
mismo que interviene en el proceso de quiebra de Newell’s, transformado
posteriormente en convocatoria de acreedores. Conocida esa medida, los
opositores, enrolados en su mayoría en la lista 3 de Noviembre,
y cuyos principales referentes son los ex presidentes Armando Botti, Mario
García Eyrea y Eduardo Gallo, decidieron no concurrir a las urnas,
amparados por la resolución inicial del juez Heitz. “Se trata
del mismo juez que concedió amparos a negocios personales del señor
Eduardo López”, expresó en esa ocasión la lista
3 de Noviembre, agregando que las elecciones, vista la suspensión
dispuesta por el juez Heitz, “podrán ser consideradas delictivas,
al haberse desconocido la orden de la Justicia”.
Lo cierto es que, autorizadas por el juez Bruch, las elecciones se realizaron
el domingo 10 y López resultó reelecto con la lista Solidez
Institucional, la única que se presentó en los comicios
y con la cual obtuvo 3108 votos. A pesar de las controversias, las elecciones
se realizaron y, sobre un padrón de 13.370 socios, votaron 3.214,
de los cuales 86 lo hicieron en blanco, 20 debieron ser anulados y 3.108
fueron para la lista vencedora. Ahora, la resolución del juez Heitz
de retrotraer todo a la situación anterior establece no sólo
la nulidad de lo actuado por el magistrado suplente sino el acto eleccionario
para el cual se fijará –por ese mismo juzgado– una nueva
fecha de realización.
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