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Por Victoria Ginzberg
 El fallo de la Corte Suprema,
que cerró definitivamente el camino judicial para resolver la situación
de los presos de La Tablada, fue evaluado detalladamente en diferentes
despachos oficiales. El presidente Fernando de la Rúa sólo
atinó a afirmar que la Corte le había dado “una mala
noticia” y se encontró en un apuro cuando el tema se coló
en su participación en el programa de Marcelo Tinelli (ver aparte).
En despachos del Ministerio de Justicia comentaron anoche a este diario
que el Gobierno podría optar por no hacer nada y plantear en la
Comisión Interamericana de Justicia que agotó el camino
judicial y legislativo sin resultados. De esa forma intentarían
que la (CIDH) realice un pronunciamiento fuerte para que sean esos poderes
los que tengan que resolver el tema.
Miembros de los organismos de derechos humanos se reunieron con el ministro
de Interior, Federico Storani, quien expresó que se están
estudiando las diferentes posibilidades para solucionar el tema.
El ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez también
se refirió al tema. Después de participar en la cumbre con
De la Rúa, expresó que “el Presidente está preocupado,
está pensando qué decisión va a tomar. Lo va a resolver
en estos días y puede ser un decreto”.
La postura de la Corte era previsible. De hecho, nadie se sorprendió
cuando se supo que les cerraban las puertas a los presos, que están
ayunando hace 109 días. “Lo que hubiera sido sorpresivo es
que la Corte cumpliera con la Constitución y la ley. Las diferentes
instancias de poder judicial se han empeñado en estos doce años
en violar la ley y los pactos internacionales”, afirmó el
vocero del Movimiento Todos por la Patria (MTP). Varios funcionarios que
siguieron de cerca las idas y vueltas de la Justicia recalcaron que el
voto de la mayoría (que se expidió en contra de que los
detenidos de La Tablada puedan apelar su condena) era “muy pobre”.
El oficialismo interpretó que la Corte había dictado un
“fallo político” y reflotó el argumento de la
“empatía” de varios ministros de la Corte con el menemismo.
Sin embargo, el máximo tribunal ya dio muestras de su alineación
con el nuevo gobierno, por ejemplo, al convalidar el recorte a los empleados
estatales.
Al salir de la entrevista con Storani el pastor José de Lucca,
del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, aseguró
que “el ministro nos dijo que se estaba evaluando seriamente la posibilidad
de dictar la conmutación de penas”. Pero desde el ministerio
explicaron que, ante una consulta, Storani mencionó que el Presidente
está estudiando todas las posibilidades, entre ellas la conmutación.
Ahora es el Presidente en persona quien deberá tomar una determinación
para intentar cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica.
Funcionarios de distintas áreas aseguraron que las otras alternativas
que se estudian –además de la conmutación de penas–
son volver a la vía legislativa o dictar un decreto que otorgue
la segunda instancia para los detenidos del MTP. Sobre la primera opción,
que debería esperar hasta febrero, los diputados ya dieron suficientes
muestras de su inviabilidad. La segunda era la que parecía más
firme hasta ayer, pero en el Ministerio de Justicia expresaban que una
norma de este tipo sería inconstitucional ya que no es correcto
dictar un decreto sobre temas penales.
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OPINION
Víctor Lordkipanidse *
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Memoria popular de
la infamia
La lista de bombardeadores de plazas, ejecutores de obreros, desaparecedores
de luchadores populares, torturadores de militantes, secuestradores
de bebés, tiene a fusiladores como Rojas y Aramburu, tiranos
de la talla de Onganía y Lanusse, fabricantes de Triple A
como López Rega, decretadores de aniquilamientos como Isabel
y Luder, genocidas artífices del Estado Terrorista como Videla
y Massera.
Esta lista tiene una paralela: la que incluye a los amnistiadores
e indultadores de todos esos crímenes, como Alfonsín
y Menem; a los continuadores de los planes de miseria que impusieron
los Martínez de Hoz y los Cavallo, responsables de la muerte
diaria de 50 chicos, hijos de los sectores más desprotegidos;
a los que se muestran decididos a dejar morir de hambre a los presos
políticos de La Tablada.
Así como rescatamos del olvido los nombres y las luchas de
nuestros compañeros asesinados en los campos de concentración
de la dictadura, denunciamos también a cada uno de los represores
y sus cómplices. Por eso no nos olvidamos de los Astiz, Echecolatz,
Acosta, Febres, Cavallo, Bergés, Turco Julián... Hemos
logrado que sus nombres sean hoy sinónimo de genocida, y
seguiremos trabajando para que paguen sus crímenes en las
cárceles argentinas o del exterior. Del mismo modo, habrá
memoria –la construimos prolijamente– para recordar a
este Presidente, a sus ministros y funcionarios, a los legisladores
y jueces, tan coincidentemente atentos y sumisos a los dictados
del FMI para hambrear al pueblo, como distraídos para atender
a lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos acerca de los presos de La Tablada.
Habrá memoria para recordar a quienes propician la tragedia
que día a día vulnera la vida de los presos políticos
de La Tablada. Si sólo uno de ellos muere, el pueblo no olvidará
la responsabilidad de Fernando de la Rúa, Federico Storani,
Diana Conti, Eduardo Menem, Humberto Roggero, Hugo Soria, Marcelo
Stubrin, a los camaristas Raúl Madueño, Pedro David
y Juan Fégoli, al fiscal Plee y los cortesanos Adolfo Vázquez,
Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Augusto Belluscio,
Guillermo López. No olvidará a ninguno.
Contamos para ello con la memoria del pueblo y su lucha, memoria
y lucha de los que no olvidamos ni perdonamos.
* Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos.
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