Por Felipe Yapur

Finalmente el Senado aprobó ayer los pliegos de ascensos de 176 militares. En el listado de las promociones lograron escabullirse los cuatro integrantes del Ejército cuestionados por haber participado de la rebelión carapintada. Si bien los cinco acusados de haber participado en violaciones a los derechos humanos no alcanzaron el ascenso, lograron sí modificar su situación ante la Comisión de Acuerdos del Senado, ya que pospusieron para marzo la definición de sus pliegos en vez de rechazarlos como era en un principio. El tratamiento de los pliegos generó más de una discusión interna en los bloques de la Alianza y el PJ, y hasta un sorpresivo reconocimiento por parte de la Armada de que dos de sus integrantes cuestionados figuran en las listas de la Conadep.
La Cámara alta cerró el capítulo de los ascensos militares tras suspender la sesión del miércoles cuando una carta enviada por la viceministra del Interior, Nilda Garré, instaba a los senadores a no avalar los pliegos de los militares carapintadas. Este hecho fue utilizado por peronistas para cuestionar la falta de un solo discurso del Gobierno nacional y los radicales para cuestionar a sus colegas del Frepaso. Una comunicación entre el ministro del Interior, Federico Storani, y los presidentes de los bloques permitió saldar las diferencias y ayer se aprobaron los pliegos de ascensos.
Fue así que los tenientes coroneles Virgilio Moschino y Oscar Vaquero, el coronel Hugo Casela, y los capitanes de fragata Edgardo Rodríguez y Carlos Anzoátegui, son los militares que participaron la represión ilegal y que deberán esperar hasta marzo cuando el Senado defina si acepta o no las impugnaciones presentadas por la subsecretaría de Derechos Humanos, la APDH y el CELS. Pero más allá de la decisión de los senadores, sin duda para estos militares la postergación de sus promociones representa, por ahora, más un tropezón que una caída definitiva. Sobre todo si se tiene en cuenta que hasta ayer había consenso para rechazar los pliegos.
Con respecto a los miembros de la Armada, la fuerza no tuvo más remedio que admitir ayer que los dos capitanes de fragata cuestionados aparecen mencionados en los archivos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Pero consideró –en un intento por explicar lo inexplicable– “que ambos oficiales no están involucrados en ningún aspecto” en los hechos referidos.
En tanto, los que lograron sortear el escollo del desaire fueron aquellos acusados de haber integrado el grupo carapintada que protagonizaron los alzamientos de Campo de Mayo, ocurridos en la Semana Santa de 1987. Es así que los tenientes coroneles Jorge Cáceres, Luis Candia, Daniel Oneto y Jorge Daura ascenderán al grado inmediato superior.
Tanto peronistas como radicales coincidieron en el análisis sobre la situación de los carapintadas. Para la mayoría, estos militares ya fueron juzgados y por lo tanto no les cabía el rechazo. Entre los que más defendieron esta tesis estuvieron Carlos Corach y Omar Vaquir. Este último llegó a afirmar –según relató un senador del PJ– que “si seguimos demorando los ascensos podemos enfrentarnos a un posible golpe militar”.
Pero también hubo voces en contra. En el bloque del PJ se opusieron sólo tenazmente Beatriz Raijer y Carlos Verna. Luego, en el recinto se sumarían los miembros del bloque justicialista federal, Carlos Sergnese y Alberto Rodríguez Saá, y también la neuquina Silvia Sapag.
El entrerriano Héctor Maya, integrante del bloque Justicialista Federal, fue uno de los pocos que defendió públicamente a los carapintadas al considerarlos “parte del pasado”. Por su parte, el radical Raúl Galván coincidió con su colega justicialista al señalar que objetar el ascenso de los militares que participaron del alzamiento encabezado por Aldo Rico hubiese significado “sobrevaluar un criterio propio por sobre la sentencia que fue dada por la Justicia” y agregó que “sería un dislate y una contradicción histórica que estuviéramos revisando juicios operados hace una década del país”. La cordobesa Raijer dijo a Página/12 que “no era posible que ni los carapintadas ni los acusados de violar los derechos humanos sean premiados con un ascenso” y agregó que “ambos grupos están integrados por delincuentes que cometieron diferentes delitos, pero delitos al fin”. En tanto, el único representante del Frepaso, Pedro Del Piero, sólo votó en contra del ascenso de los cuestionados por violaciones a los derechos humanos. El que prefirió ausentarse fue el riojano Jorge Yoma, quien aseguró que no participó porque no piensa avalar estas decisiones “hasta que el último militar golpista abandone las Fuerzas Armadas”.

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