Por David Cufré
La aprobación en el
Senado del Plan de Infraestructura quedó ayer en suspenso. El bloque
del PJ se negó a tratar el proyecto, enojados por lo que consideraron
la violación del Gobierno de un acuerdo previo. Es una actitud
caprichosa, protestó el jefe de la bancada opositora, José
Luis Gioja, en referencia a la falta de compromiso del Poder Ejecutivo
a no vetar dos artículos del Presupuesto 2001. Los senadores habían
condicionado la sanción del programa de obras públicas a
que se respetaran los cambios al Presupuesto introducidos por la Cámara
alta. El jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, había aceptado anteayer
esa demanda, pero no dio una respuesta definitiva hasta discutir el tema
con Fernando de la Rúa y José Luis Machinea. El Gobierno
todavía no tomó una decisión, pero fue suficiente
para que los senadores del PJ patearan el tablero y no votaran la ley.
En respuesta, el Plan de Infraestructura podría salir por decreto
de necesidad y urgencia.
No podemos aceptar condiciones, la Constitución le da al
Presidente facultades para vetar, enfatizó el diputado aliancista
Horacio Pernasetti, tras reunirse con Machinea. Le planteamos al
ministro que si el Senado sigue con condicionamientos, el Gobierno debería
sacar un decreto de necesidad y urgencia, ratificando el proyecto aprobado
por la Cámara de Diputados, añadió el legislador.
Estos tipos están locos. Nosotros vamos a romper el diálogo
con el Gobierno. No se dan cuenta de que si no flexibilizan su posición,
de acá no sale una ley más, retrucó en tono
amenazante un senador justicialista.
La pelea alcanzó semejante intensidad porque ambas partes consideran
que tienen la sartén por el mango. El Gobierno asegura que las
provincias son las mayores beneficiarias del Plan de Infraestructura,
y que si su sanción se demora, la culpa será de los senadores,
quienes cargarán con todo el costo político. La lectura
de los justicialistas es que el Gobierno necesita el programa de obras
públicas para dinamizar la economía.
Del principio de acuerdo alcanzado anteayer no quedó nada. La base
del convenio era que el Ejecutivo vetaría el artículo 18
del Presupuesto, que establece la reposición a los empleados públicos
del 12 por ciento de sus salarios, y mantendría el aumento de recursos
para el Fondo del Tabaco y la distribución en favor de las provincias
del cobro anticipado de diferimientos impositivos. Se suponía que
el Gobierno ratificaría ese pacto ayer por la mañana, y
por la tarde se sancionaría el Plan de Infraestructura. En lugar
de ello, Colombo les dijo a los senadores que el Ejecutivo no podía
comprometerse a ese esquema. Y dejó abierta la posibilidad a que
se veten los artículos que incrementan el gasto público.
Los legisladores, entonces, se negaron a votar la ley.
Me parece insólito. El Plan de Infraestructura es un instrumento
que no tiene contraindicaciones. Estamos asombrados por la posición
del Senado, sostuvo el viceministro de Economía, Mario Vicens,
quien es al que menos le preocupa por su condición de secretario
de Hacienda, encargado de cuidar la caja del Estado
la demora en la aprobación de aquel programa. La discusión
quedó sin definición, pero la ley podría aprobarse
la próxima semana si el Ejecutivo prorroga las sesiones extraordinarias
y se llega a un acuerdo. Otra posibilidad es que apele a un decreto.
Otro punto de la negociación tiene que ver con intereses particulares.
Los senadores le pidieron al Gobierno que vete el artículo 55 del
Presupuesto, que establece que los 25 millones de pesos para pensiones
graciables serán distribuidos entre todos los legisladores. Este
fue un punto que lograron colar los diputados, y que los senadores, ante
el apuro por votar el Presupuesto, no advirtieron. El esquema anterior
de reparto de esos fondos era de un 50 por ciento para cada Cámara,
y después se distribuía entre los legisladores. Eso beneficiaba
al Senado, que tenía 12,5 millones para repartir entre todos sus
miembros, que son muchos menos que los diputados. El Gobierno no tiene
interés en vetar ese artículo, dado que hay más legisladores
aliancistas en la Cámara baja que en laalta. Esta discusión
por el manejo de una caja política es otro motivo que está
haciendo naufragar la aprobación del Plan de Infraestructura.
Hipercontrol
El Senado bonaerense votó ayer y convirtió en ley
un régimen para regular la radicación y ventas de
los hipermercados en su territorio, por la cual se pretende generar
mayor competencia y atenuar las desigualdades con respecto del comercio
minorista. Entre otras condiciones, la ley establece un alícuota
diferencial del 3,15 por ciento en el impuesto a los ingresos brutos
para estos megaestablecimientos (contra la tasa general del 3 por
ciento), pero que se presume que podría ser vetado por el
Ejecutivo. El excedente se destinaría a la conformación
de un Fondo de Reconversión Minorista. La ley obliga a los
híper a que no menos del 50 por ciento de sus ventas corresponda
a productos nacionales o producidos bajo la normativa Mercosur.
Raúl Lamacchia, ex directivo de CAME (cámara de comerciantes
cercana al menemismo), defendió como senador justicialista
el proyecto en el recinto.
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