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Senadores del PJ frenaron el Plan de Infraestructura

El bloque opositor no facilitó la votación de la ley porque el Ejecutivo no se comprometió a no vetar artículos del Presupuesto.

Carlos Verna y José Luis Gioja, senadores del PJ. Fueron los negociadores con el Gobierno.

Por David Cufré

La aprobación en el Senado del Plan de Infraestructura quedó ayer en suspenso. El bloque del PJ se negó a tratar el proyecto, enojados por lo que consideraron la violación del Gobierno de un acuerdo previo. “Es una actitud caprichosa”, protestó el jefe de la bancada opositora, José Luis Gioja, en referencia a la falta de compromiso del Poder Ejecutivo a no vetar dos artículos del Presupuesto 2001. Los senadores habían condicionado la sanción del programa de obras públicas a que se respetaran los cambios al Presupuesto introducidos por la Cámara alta. El jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, había aceptado anteayer esa demanda, pero no dio una respuesta definitiva hasta discutir el tema con Fernando de la Rúa y José Luis Machinea. El Gobierno todavía no tomó una decisión, pero fue suficiente para que los senadores del PJ patearan el tablero y no votaran la ley. En respuesta, el Plan de Infraestructura podría salir por decreto de necesidad y urgencia.
“No podemos aceptar condiciones, la Constitución le da al Presidente facultades para vetar”, enfatizó el diputado aliancista Horacio Pernasetti, tras reunirse con Machinea. “Le planteamos al ministro que si el Senado sigue con condicionamientos, el Gobierno debería sacar un decreto de necesidad y urgencia, ratificando el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados”, añadió el legislador. “Estos tipos están locos. Nosotros vamos a romper el diálogo con el Gobierno. No se dan cuenta de que si no flexibilizan su posición, de acá no sale una ley más”, retrucó en tono amenazante un senador justicialista.
La pelea alcanzó semejante intensidad porque ambas partes consideran que tienen la sartén por el mango. El Gobierno asegura que las provincias son las mayores beneficiarias del Plan de Infraestructura, y que si su sanción se demora, la culpa será de los senadores, quienes cargarán con todo el costo político. La lectura de los justicialistas es que el Gobierno necesita el programa de obras públicas para dinamizar la economía.
Del principio de acuerdo alcanzado anteayer no quedó nada. La base del convenio era que el Ejecutivo vetaría el artículo 18 del Presupuesto, que establece la reposición a los empleados públicos del 12 por ciento de sus salarios, y mantendría el aumento de recursos para el Fondo del Tabaco y la distribución en favor de las provincias del cobro anticipado de diferimientos impositivos. Se suponía que el Gobierno ratificaría ese pacto ayer por la mañana, y por la tarde se sancionaría el Plan de Infraestructura. En lugar de ello, Colombo les dijo a los senadores que el Ejecutivo no podía comprometerse a ese esquema. Y dejó abierta la posibilidad a que se veten los artículos que incrementan el gasto público. Los legisladores, entonces, se negaron a votar la ley.
“Me parece insólito. El Plan de Infraestructura es un instrumento que no tiene contraindicaciones. Estamos asombrados por la posición del Senado”, sostuvo el viceministro de Economía, Mario Vicens, quien es al que menos le preocupa –por su condición de secretario de Hacienda, encargado de “cuidar” la caja del Estado– la demora en la aprobación de aquel programa. La discusión quedó sin definición, pero la ley podría aprobarse la próxima semana si el Ejecutivo prorroga las sesiones extraordinarias y se llega a un acuerdo. Otra posibilidad es que apele a un decreto.
Otro punto de la negociación tiene que ver con intereses particulares. Los senadores le pidieron al Gobierno que vete el artículo 55 del Presupuesto, que establece que los 25 millones de pesos para pensiones graciables serán distribuidos entre todos los legisladores. Este fue un punto que lograron colar los diputados, y que los senadores, ante el apuro por votar el Presupuesto, no advirtieron. El esquema anterior de reparto de esos fondos era de un 50 por ciento para cada Cámara, y después se distribuía entre los legisladores. Eso beneficiaba al Senado, que tenía 12,5 millones para repartir entre todos sus miembros, que son muchos menos que los diputados. El Gobierno no tiene interés en vetar ese artículo, dado que hay más legisladores aliancistas en la Cámara baja que en laalta. Esta discusión por el manejo de una caja política es otro motivo que está haciendo naufragar la aprobación del Plan de Infraestructura.

 

Hipercontrol

El Senado bonaerense votó ayer y convirtió en ley un régimen para regular la radicación y ventas de los hipermercados en su territorio, por la cual se pretende generar mayor competencia y atenuar las desigualdades con respecto del comercio minorista. Entre otras condiciones, la ley establece un alícuota diferencial del 3,15 por ciento en el impuesto a los ingresos brutos para estos megaestablecimientos (contra la tasa general del 3 por ciento), pero que se presume que podría ser vetado por el Ejecutivo. El excedente se destinaría a la conformación de un Fondo de Reconversión Minorista. La ley obliga a los híper a que no menos del 50 por ciento de sus ventas corresponda a productos nacionales o producidos bajo la normativa Mercosur. Raúl Lamacchia, ex directivo de CAME (cámara de comerciantes cercana al menemismo), defendió como senador justicialista el proyecto en el recinto.

 

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