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Por Andrés
Osojnik
 El barco con residuos radiactivos
que lleva proa a la Argentina ya no sólo inquieta a las organizaciones
ambientalistas: ayer se unieron los gobiernos de la Argentina, Brasil,
Uruguay y Chile para expresar en conjunto su “preocupación”
por el “riesgo” que implica la navegación del buque en
aguas del Atlántico y el Pacífico Sur. El gobierno argentino,
además, controlará con aviones de la Armada el paso del
basurero nuclear flotante. Greenpeace, que el miércoles denunció
que la ruta del Pacific Swan incluye el Cabo de Hornos, dijo que la declaración
de los países del Cono Sur es “correcta”, pero pidió
al gobierno argentino que traduzca esa posición “en una acción
concreta para evitar que el buque ingrese a la zona de exclusión
económica argentina”.
El comunicado conjunto le traslada la “preocupación”
a los gobiernos de Francia, Japón y Gran Bretaña, responsables
de que el buque utilice la ruta del Cabo de Hornos, “en especial
por los riesgos que la misma presenta para la navegación debido
a sus características físicas y meteorológicas, y
la vulnerabilidad de los ecosistemas antártico y subantártico”.
“Preocupa a los gobiernos, además, los eventuales efectos
nocivos que este transporte representa para la salud de las poblaciones
humanas ribereñas y para la integridad del medio ambiente marino
de la región”, añade la declaración de los cuatro
países.
El Pacific Swan, de bandera británica, zarpó el martes a
la noche de un puerto francés rumbo a Japón con una carga
de 80 toneladas de desechos radiactivos. Los residuos vuelven así
a su país de origen (Japón), luego de ser reprocesados y
“vitrificados” en una empresa francesa. Se trata de un material
cuya carga radiactiva equivale a lo que liberó al medio ambiente
la catástrofe de la central nuclear de Chernobyl. Y que en unos
20 días llegará al Atlántico Sur.
Más allá de la declaración con el resto de los países,
el gobierno argentino planea además una presencia física
cuando el barco se acerque a esta zona. “Se está coordinando
con la Armada que aviones de esa fuerza estén presentes para verificar
que el transporte se desarrolle con normalidad”, contó a este
diario una fuente de Cancillería.
Ya en 1995, un barco de las mismas características –pero con
una carga siete veces menor a la actual– utilizó la ruta del
Cabo de Hornos para llegar también de Francia a Japón. Y
navegó por aguas de exclusión económica argentina,
es decir, dentro de las 200 millas marítimas. En Cancillería
sostienen que el país no puede impedir la navegación en
esa zona porque, pese a ser de explotación propia, son en realidad
aguas internacionales.
Greenpeace, en cambio, aseguró que esa interpretación es
“discutible”. “Se trata de una zona cuyo medio ambiente
un país tiene derecho a proteger –explicó Villalonga–.
El propio comunicado conjunto señala la necesidad de que haya garantías
sobre la no contaminación, que haya intercambio de información
sobre las rutas elegidas por los barcos, y la comunicación de los
planes de emergencia para casos de siniestros. Nada de eso se cumplió
en este caso, con lo que el Gobierno lo menos que debe hacer es reclamar
enfáticamente que el buque no entre en las 200 millas.”
Villalonga destacó que “la presencia física debe apuntar
justamente a dejar alejado de la zona de exclusión al Pacific Swan.
Si no, la declaración conjunta de los gobiernos será solamente
un texto formal por el cual los distintos actores no se preocuparán
mucho”.
RELEVARON
AL JEFE DE LA VUCETICH POR EL ESCANDALO
Pérez pagó por los platos rotos
El comisario inspector Gastón
Pérez fue el primero en pagar los platos rotos: ayer, el ministro
de Seguridad bonaerense, Ramón Orestes Verón, decidió
relevarlo de su cargo de director del Instituto de Formación Policial
“Juan Vucetich”, tras el escándalo protagonizado por
los cadetes de la institución durante su cena de graduación.
Según Verón, el relevamiento de Pérez “se debe
a que era la autoridad máxima de la escuela al momento de ocurrir
los desmanes, eso implica cierta responsabilidad”. También
rodó la cabeza del vicedirector de la Vucetich, Rodolfo Norberto
Rucci, y no se descarta que en las próximas horas sean pasados
a disponibilidad los oficiales que participaron del operativo de seguridad
de la fiesta.
Con la designación de las nuevas autoridades –los comisarios
inspectores Orlando Andrés Pajón y Roque Mario Herrera,
que ocuparán los cargos de director y vicedirector respectivamente–,
Verón pretende abrir una nueva línea de investigación
sobre lo sucedido en la noche del pasado viernes, cuando el polideportivo
de la escuela Vucetich se convirtió en un campo de batalla donde
abundaron los golpes, los robos y los insultos. A la tarea del fiscal
Luis Armella y de los auditores de Asuntos Internos se sumará ahora
lo que puedan aportar Pajón y Herrera desde sus puestos. “Por
ley, ellos tienen facultades para crear un consejo de disciplina que evalúe
la permanencia o no de cada uno de los cadetes que participó del
frustrado festejo”, señaló el ministro.
Verón agregó que ni Pérez ni Rucci “están
a disponibilidad de la fuerza, ni imputados de ningún cargo, salvo
su responsabilidad en la formación de los cadetes durante el último
año”. Santiago Fazzini, responsable del área de capacitación
del Ministerio de Seguridad bonaerense, no coincide con la apreciación:
“Para mí no se trata de una falla en la estructura educativa,
sino de una situación límite que no se supo manejar. Yo
confío en que la mayoría de los responsables no sean cadetes,
sino familiares o amigos, porque estuve en la fiesta y vi que muchos padres
se comportaban peor que los chicos”, señaló. Fazzini
puso su renuncia a disposición del ministro el mismo día
que se conocieron los incidentes, pero hasta el momento Verón no
se la aceptó.
En cuanto a los cadetes, lo único seguro es que, por ahora, no
podrán calzarse las ojotas: hasta que no finalicen las investigaciones,
no serán incorporados al Operativo Sol, donde es habitual que debuten
cumpliendo servicio en las playas bonaerenses. Los oficiales a cargo de
la seguridad durante la cena también tendrán un respiro:
las disponibilidades no saldrán hasta que Armella finalice las
indagatorias. “Si diéramos los nombres antes, violaríamos
la figura de testigo protegido que solicitó el fiscal”, explicó
Fazzini.
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