Al juez chileno Juan Guzmán le ordenaron retroceder un paso para que él avance dos. Y no perdió la oportunidad. Ayer, el juez decidió fijar fecha para la declaración indagatoria de Pinochet el miércoles 27 de diciembre, o sea, en apenas cinco días. La Corte Suprema había fallado anteayer que la orden de procesamiento que el mismo Guzmán había dictado contra el ex dictador era “ilegal” por no contar con declaración indagatoria, pero al mismo tiempo ordenó que en 20 días se hiciera dicha declaración. Ahora Pinochet deberá informar un domicilio en Santiago, adonde el mismo Guzmán iría a interrogarlo, para luego volver a dictar una orden de procesamiento. Los abogados de Pinochet apelarán la decisión de Guzmán, por considerar que los exámenes médicos a Pinochet, previstos para el 22 de enero, deben realizarse antes que la declaración indagatoria. Es poco probable que la apelación surta efecto. Mientras el ex dictador era internado por dos horas en el Hospital Militar de Santiago para un chequeo, vuelve a abrirse la vía de presión militar para terminar con los juicios a Pinochet y a otros militares.
Las razones médicas y políticas son las que pueden salvar a Pinochet; las legales se están poniendo francamente en su contra. Por esto, los abogados del ex dictador apuestan todas sus fichas a los exámenes médicos, esperando que lo declaren incapaz para ser sometido a juicio. Sin embargo, que dichos exámenes vengan antes o después de la declaración indagatoria no es un dato menor para todo aquel que defienda la dictadura chilena: luego del interrogatorio de Guzmán, Pinochet seguramente quedará procesado, esto es, con un prontuario, con su foto y sus huellas dactilares. Aun cuando luego un examen médico lo salve, Pinochet quedará en la historia como procesado en calidad de “autor intelectual” por los crímenes de la Caravana de la Muerte, el episodio represivo inaugural de la dictadura, en octubre de 1973.
Para evitar esto, los abogados de Pinochet apelarán la decisión de Guzmán y pedirán que los exámenes médicos vengan antes que la declaración indagatoria. “La Corte incurrió en un error o hemos apreciado equivocadamente lo que se quiso decir”, dijo el abogado de Pinochet Pablo Rodríguez Grez, respecto de que el máximo tribunal chileno estableció que el orden de estas medidas es indistinto. Sobre la decisión del juez Guzmán, declaró que “una vez más ha cometido un error y ha interpretado, también, en forma equivocada y contradictoria lo que ha resuelto la Corte Suprema, por eso vamos a recurrir a ellos para que lo aclaren”.
Los militares también están presionando para que el procesamiento de Pinochet no llegue. El 2 de diciembre, luego de que el juez Guzmán decidiera el procesamiento (ahora temporalmente anulado) de Pinochet, los jefes de las Fuerzas Armadas se reunieron por varias horas y resolvieron pedir al gobierno la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). El gobierno se negó; el malestar entre los partidos oficialistas creció, pero no quedó otro remedio: el presidente Ricardo Lagos resolvió convocar al Cosena una vez que el tema del procesamiento de Pinochet estuviera resuelto. Ahora, prácticamente lo está: luego del interrogatorio formal, Guzmán resolverá muy probablemente el procesamiento del ex dictador.
Aún no se sabe cuándo será la reunión del Cosena, pero los militares irán allí con un planteo claro: hay que frenar los juicios a todos los uniformados imputados en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura chilena (1973-1990), ya sea con una ley de punto final, con una fórmula de “justicia con clemencia” o a través del cumplimiento de los acuerdos de la Mesa de Diálogo. En esa instancia se había resuelto que las Fuerzas Armadas se comprometían a entregar toda la información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, a condición de que los informantes permanecieran en el anonimato y de que hubiera algún freno a los procesos por venir. Pues bien, la Iglesia Católica chilena, encargadade recopilar información, admitió ayer que, a pocos días de que se cumpla el plazo de seis meses previsto en el acuerdo, los antecedentes “no son muy abundantes”, según el portavoz de la Conferencia Episcopal, Enrique Palet.

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