Por Victoria Ginzberg

“Tendría que figurar en el Libro Guinness.” “Ya no es creíble.” El ministro de la Corte Suprema Adolfo Vázquez se refirió así a la huelga de hambre que realizan los presos de La Tablada desde hace 110 días y que los mantiene en un estado de salud crítico. El voto de Vázquez fue decisivo para evitar que los detenidos del Movimiento Todos por la Patria (MTP) puedan acceder a una segunda instancia judicial, tal como lo recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Adrián Witemberg, vocero de los presos, definió las expresiones del ministro –que no por casualidad fueron dichas por Radio 10– como “una falta de respeto” y afirmó que debería dedicarse a “impartir justicia, cosa que no hace”. Un día después de que la Corte clausurara la vía judicial para solucionar el tema Tablada, el Gobierno decidió qué hacer: nada. “El Presidente hizo lo que estaba a su alcance”. Esta es la versión oficial, que fue difundida en un comunicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
–¿Y qué pasa si se muere algún preso? –preguntó Página/12 a un miembro del Poder Ejecutivo.
–Será una desgracia y lo lamentaremos mucho.
El Gobierno desestimó la posibilidad de emitir un decreto y volvió a pasarle la pelota al Congreso, que demostró sobradamente su falta de interés en resolver la situación de los detenidos del MTP.
Por ahora la tarea de los funcionarios se limitará a vigilar el estado de salud de los detenidos. La subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, se reunió con directivos del Hospital Fernández, con el juez Daniel Cisneros y con los camaristas de San Martín para ponerse al tanto del estado de salud de los detenidos, que no la quisieron recibir.
El parte oficial indica que Enrique Gorriarán Merlo, que está pesando 60 kilos, “tiene anemia y se encuentra descompensado”. Miguel Aguirre pesa 49 kilos, está con “hidratación oral, trastornos de micción y presenta infecciones”. Carlos Motto, con 56 kilos, tiene náuseas y se informó que “recibirá dieta blanda con contenido mineral por vía oral”.
Según informó ayer el Gobierno, se dispondrá “la alimentación forzada” de los doce huelguistas si “existieran circunstancias de grave riesgo”. Desde ahora, La salud de los huelguistas será “centralizada” por la Subsecretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios.
Los médicos del Fernández firmaron ante escribano público un acta en la que aseguraron que no van a alimentar a los presos por la fuerza. A los seis detenidos que están internados allí se les preguntó si eran conscientes del peligro que implicaba negarse a ingerir alimentos. Los huelguistas ratificaron la medida que realizan hace 110 días.
La ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide, y el senador Leopoldo Moreau criticaron las poco felices palabras del juez Vázquez. “Podría haberse ahorrado esa declaración, que es una verdadera provocación”, aseguró Moreau.
Desde que el Poder Ejecutivo asumió a los presos por el ataque al cuartel de la Tablada como un problema –que fue después de más de 60 días de la segunda huelga de hambre–, argumentó que era una obligación del Estado cumplir con los compromisos internacionales, como lo son las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y el Pacto de San José de Costa Rica. Después de que el Congreso y la Corte Suprema cerraron la vía legislativa y judicial para que los detenidos del MTP accedan a una segunda instancia, la solución parecía haber quedado en manos del Ejecutivo, pero el Presidente no quiere hacerse cargo de la firma de un indulto o conmutación de penas. Antes de que se conociera el fallo de la Corte, en el Ministerio de Justicia anticipaban que si el caso Tablada se empantanaba, el Presidente firmaría un decreto para otorgarles a los huelgistas la dilatada apelación. Pero esta movida quedó descartada porque, como aseguró el ministro Jorge de la Rúa, la Corte podría “declararlo inválido”. De hecho, varios funcionarios ya habían advertido sobre la inconstitucionalidad del decreto. “Como es de conocimiento público, el Poder Ejecutivo nacional recurrió ante la Corte Suprema, que en un ajustado fallo impidió que un nuevo Tribunal Judicial interviniera, quedando en manos del Congreso nacional la sanción de las normas que permitirían dar cumplimiento a lo recomendado por la Convención Americana de Derechos Humanos”, dice textualmente el comunicado que fue elaborado ayer en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La línea de esta gacetilla se definió ayer por la mañana en una reunión que mantuvo el Presidente con algunos de sus ministros y funcionarios que siguieron el tema. En el mismo sentido, el vocero presidencial, Ricardo Ostuni, acusó a los legisladores de haber actuado con “una negligencia insólita” por negarse a tratar en el recinto los proyectos que podrían beneficiar a los presos de La Tablada. Sin embargo, dentro del Gobierno saben que esta apelación al Congreso es más bien retórica, ya que los legisladores se negaron, durante seis meses, a discutir el tema. La posición oficial tiene resistencias aun dentro del Gabinete, como la del ministro de Interior, Federico Storani, que se inclina por la conmutación de penas para los miembros del MTP. Sin embargo, la decisión parece estar tomada.
Los abogados de los miembros del MTP, Martha Fernández y Rodolfo Yanzón, mandaron un fax a la CIDH en el que informaban que el Estado argentino había incumplido sus recomendaciones. Ayer por la tarde los miembros de la Comisión todavía esperaban una reacción del Gobierno. Allegados a la CIDH sugirieron que el Ejecutivo tiene mecanismos para solucionar el tema y aseguraron que, en caso de redactar un nuevo comunicado, se insistirá en que el Estado argentino debe cumplir con sus obligaciones internacionales.

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