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Remedios que un día
valen 100 y otro 5
Staduvina 40 es un genérico antiviral contra el HIV. El
Ministerio de Salud venía comprándolo, a diversos
proveedores, para su banco de drogas a un precio promedio de $ 3,90
por comprimido, considerando 1999 y comienzos del 2000. Pero en
adquisiciones posteriores, realizadas este año, el precio
promedio por pastilla se redujo con cierta violencia: cayó
a 20 centavos. Esto equivale a una rebaja del 94,9 por ciento. Y
si se toma el nuevo precio como razonable (en todo caso, surgió
de ofertas voluntarias efectuadas en licitaciones públicas),
la conclusión es que el Estado, sólo para adquirir
esa droga, gastó el año pasado 3.556.759 pesos de
más, que embolsaron sus afortunados proveedores. ¿El
fisco recuperó, vía Impositiva, aunque sea parte del
dinero así dilapidado? Tampoco. Pero hay más: algunos
abastecedores son los mismos, que primero cotizaban a 100 y luego
a 5, por idéntico producto. En el caso de la Staduvina 40,
Elvetium proveyó a Salud en 1999 a precios que variaban,
según la licitación o la compra directa de que se
tratara, entre $ 3,90 y $ 4,08 por comprimido, pero este año
cotizó el mismo medicamento a 16 centavos. Elea, por su parte,
cobró la unidad $ 3,82 el año pasado y $ 0,27 en el
2000. ¿Cómo es esto posible? De hecho, son datos,
y como mínimo demuestran que la industria farmacéutica
no tiene virtualmente costos de fabricación. Cobra el precio
más alto que pueda, aprovechándose en el caso argentino
de la escasez de regulaciones, y de la no aplicación de las
vigentes.
No en todos los genéricos se encuentran variaciones tan descomunales
en los valores, pero no dejan de ser significativas y de mostrar
que el Estado pagaba sobreprecios escandalosos, que en parte sigue
pagando. Esto significa que hubiera podido gastar muchísimo
menos, o cubrir con el mismo presupuesto las necesidades de muchísimos
más enfermos. En el caso de la Lamivudina 150, otro antiviral,
la reducción entre 1999 y 2000 fue del 89,3 por ciento. De
haber comprado el año pasado a los precios actuales, Salud
habría erogado $ 6.050.550 menos. De nuevo, Elea aparece
vendiendo primero a $ 3,04 (el valor promedio de las operaciones
con diferentes proveedores fue de $ 3,30) y después a $ 0,34.
En el Indinavir 400, el ministerio consiguió comprar este
año un 32,3 por ciento más barato, con lo que el sobregasto
de 1999 fue de 3,4 millones.
La cuestión afecta directamente a toda la población,
porque no sólo hay diferencias inexplicables entre sucesivas
compras del Estado. También hay una enorme distancia entre
lo que éste paga por un medicamento y su precio de venta
al público. Esta distorsión, que va mucho más
allá de la diferencia entre un precio minorista y otro mayorista,
implica que muchos enfermos no pueden acceder al remedio que necesitan.
Puede tomarse como ejemplo el Paclitaxel, una droga oncológica
que viene en tres presentaciones: frascos ampolla de 30, 100 y 300
miligramos. En el mercado hay varias marcas.
Considerando el frasco de 100 miligramos (con los otros tamaños
pasa lo mismo), su precio en farmacias es de 1006 pesos. En la segunda
licitación pública de 1999, Salud compró la
unidad a $ 495 (en las otras operaciones de ese año los valores
fueron parecidos). En abril último, en una nueva licitación,
el precio más bajo ofertado fue de $ 329, y el ministerio
decidió no aceptarlo. Cinco meses más tarde, en la
décima licitación pública del año, pudo
comprar el mismo producto a 69 pesos. Repasando: un medicamento
que se vende en farmacias a 1006 pesos le era provisto al Estado
a 495, pero ahora se lo entregan a 69, es decir, a menos del 7 por
ciento de lo que debe pagar un particular que no tenga cobertura.
Si el Gobierno está tan preocupado por la salud pública,
como dice estarlo cuando abre a las prepagas el negocio de las obras
sociales, ¿por qué no incide para que los medicamentos
dejen de ser tan abusivamente caros en la Argentina?
Un hecho llamativo es que el ministro Héctor Lombardo no
se jacta públicamente de haber logrado reducciones espectaculares
en los valores licitados. Ni él ni nadie quiere menear el
asunto, como si formara partede algún acuerdo de no agitar
el tema. En realidad, aunque Salud sea un comprador fuerte, sólo
representa un 2 por ciento de la demanda nacional de medicamentos.
Por tanto, para los laboratorios puede ser negocio proveerle barato,
a cambio de no ser molestados en el grueso de su negocio. En este
sentido, hasta hoy sigue sin cumplirse (no se aplica ni se deroga)
una resolución oficial que obliga a las farmacias a exhibir
la lista de genéricos y las marcas correspondientes a cada
uno, con sus respectivos precios. En la Secretaría de Defensa
de la Competencia y el Consumidor prometen que para marzo habrán
concluido el listado, pero aún no tienen decisión
sobre formato ni soporte (si físico o virtual).
Rafael Bielsa le envió en septiembre una enigmática
nota a Lombardo para comunicarle por escrito que la Sindicatura
General de la Nación comenzaría a informarle al Ministerio
de Salud los precios testigo de las medicinas incluidas en los programas
nacionales de cáncer y sida, valores que no había
sido posible determinar hasta entonces. Los precios testigo son
referencias que cada organismo estatal debe utilizar en sus licitaciones,
para evitar desvíos significativos. Pero, por diversas razones,
la Sigen se confesaba incapaz de averiguar esos precios parámetro
en el caso de los remedios, entre otras causas por tratarse –según
escribe Bielsa– “de un mercado con oferta concentrada
y posición dominante”. También afirma que “el
precio de los medicamentos... no tiene relación con el costo
de producción”.
El jefe de la Sindicatura remarca luego que, este año, Salud
“ha adoptado una actitud sumamente activa respecto de este
tema, entendiendo que lo actuado por la Sigen ha contribuido a reforzar
tal actitud”. Más abajo considera que el nuevo método
empleado por los síndicos estatales para obtener los precios
testigo constituye “una innovación en este tema”.
Pero lo cierto es que Bielsa no suelta prenda sobre las características
del nuevo método que, según fuentes confiables, sería
“muy poco ortodoxo”, pero eficaz, según quedó
demostrado. Esto significa que el Estado pudo saber cuál
era el precio razonable que debían cotizarle, y presionar
hasta conseguirlo.
Bielsa reconoce, sin embargo, que en algunos medicamentos “todavía
se refleja la posición dominante de la industria”, pero
confía en desarmarla con sus precios testigo y rompiendo
el cártel (con la autorización de nuevas inscripciones
en la Anmat, Salud ya agrandó la lista de oferentes). Como
broche, le deja libres las manos a Lombardo para que, por ahora,
compre al precio que pueda.
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