Por Cristian Alarcón

Encendiendo una nueva alarma sobre la ineficacia del Estado en el control de la seguridad de los vuelos comerciales, el juez federal Gustavo Literas procesó ayer por el desastre aéreo del Boeing 737 de LAPA no sólo a los directivos de la empresa sino también a tres altos mandos de la Fuerza Aérea. En un fallo inédito el presidente, Andrés Deutch, y tres de sus ejecutivos, fueron procesados por el delito de “estrago culposo”, que implica haber causado un accidente por operar con “imprudencia, negligencia o impericia” o por “inobservancia de los reglamentos”. Del Comando de Regiones Aéreas fueron procesados el brigadier Enrique Dutra y los jefes de las áreas que otorgan las habilitaciones a los pilotos por “violación de los deberes de funcionario público”. La investigación de Literas fue mucho más allá de la simple responsabilidad por el accidente de LAPA en el que murieron 67 personas. En su auto de procesamiento es lapidario con el sistema control aerocomercial y evidencia una lista de irregularidades que no se terminaron con el entierro de las víctimas del estrago.
Como supuestos culpables de “estrago”, el delito en el que calzaría la tragedia de LAPA, el juez considera que los gerentes de la empresa “no sólo tuvieron la capacidad operativa y de decisión para advertir la situación de peligro creada por ellos si no que también tuvieron elementos suficientes como para hacerlo cesar y no lo hicieron”. Con ello, Literas considera demostrado que, si bien ellos no crearon en sí el peligro, si hubieran actuado con eficiencia podrían haber evitado el accidente. Es así que el presidente de la aviadora, Andrés Deutch, el gerente general, Ronald Boyd, el de Operaciones, Fabián Chionetti y la de Recursos Humanos, Nora Arzeno, fueron considerados los autores de un largo proceso de desidias, irregularidades e incumplimientos que cumlminaron, para el magistrado, con esos 35 segundos durante los que el piloto condujo el desastre olvidando bajar una palanca esencial para el despegue.
La cadena de errores en la instrucción –desde no cumplir con las obligaciones de inspectores de vuelos y de supervisiones de la Dirección de Habilitaciones Aeronáuticas, hasta la insuficiente capacitación y las vacaciones no otorgadas a los pilotos y copilotos– es lo que fue determinante para el juez a la hora de los procesamientos. Por esas falencias Deutch sufrió un embargo de bienes por 40 millones de pesos, Boyd uno de 500 mil, y los dos gerentes uno de 100 mil. Los militares fueron embargados por 50 mil pesos cada uno. Además de Dutra, que manejaba el Comando de Regiones Aéreas, fueron procesados el comodoro Diego Lentino, que era el director del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial, INMAE, y Damián Peterson, entonces director de Habilitaciones Aeronáuticas.
El juez Literas aclara en la resolución que cuando comenzó a desandar ese camino final del vuelo 3142 debió primero sumergirse en la realidad del “medio aeronáutico argentino”. Por ello Literas dedica, al margen de los procesamientos a los altos jefes, un apartado de su resolución dedicado a dar recomendaciones a diferentes organismos del Estado para que cumplan con las normas de seguridad y control aéreo. Altas fuentes judiciales le dijeron ayer a este diario que en las fundamentaciones de 1200 páginas que por el momento no se conocen, el juez deja claro que sólo procesa a quienes serían los responsables directos del accidente. La supuesta culpabilidad de Peterson y Lentino y de los gerentes de operaciones y recursos humanos de LAPA está basada en la responsabilidad material del piloto Gustavo Weigel y su copiloto en el accidente. La investigación demostró que se obvió en todos los niveles que Weigel tuvo malas calificaciones en sus evaluaciones periódicas y que más de una vez ya había omitido la lista de chequeos obligatorios antes del despegue del avión. Justamente fue ése uno de los errores la noche del desastre. El 31 de agosto de 1999 el Boeing 737 de LAPA que partía hacia Córdoba no logró despegar de la pista del Aeroparque, cruzó la Costanera, arrasó con una garita de gas y terminó incendiándose en el campo de golf vecino a Punta Carrasco. En el accidente murieron 67 personas. Muchas quedaron heridas y ayer, consultadas por este diario, se mostraron satisfechas con la resolución de Literas. La empresa LAPA emitió un comunicado oficial en el que rechazó el procesamiento apuntando nuevamente a la exclusiva responsabilidad de los pilotos muertos en la tragedia. “Se cometieron decenas de irregularidades violatorias de principios constitucionales”, apuntó la compañía contra el juez Literas.
En la Fuerza Aérea fueron menos enfáticos. El vocero del arma, Jorge Reta, se limitó a afirmar que “los procesamientos son a personas individuales y a no a la Fuerza Aérea en su conjunto”. “Por otra parte la medida ya fue apelada y habrá que esperar lo que resuelve la Cámara en lo Federal”, le dijo a Página/12. En el apartado de recomendaciones, Literas cita una auditoría de la Organización de Aviación Civil Internacional realizada hace cuatro meses en la que el organismo señala graves irregularidades por parte de la fuerza en el cumplimiento de las normas de seguridad y control en cuya aplicación se ganó lo que los propios aeronáuticos llaman “estrella negra”.

LA VISION DE LAS VICTIMAS Y SUS FAMILIARES
“Empiezo a creer de nuevo”

“Esta tarde pude hacer cosas que hace mucho tiempo no hacía. Me movilicé, hice trámites, estuve con buena onda. Ahora espero que los responsables vayan a la cárcel.” La noticia del procesamiento de los directivos de Lapa fue para Carlos Garibotto, uno de los sobrevivientes del trágico accidente, casi un bálsamo. Los familiares de las víctimas también mostraron su satisfacción con la decisión del juez, pero no se conforman: esperan que la Justicia siga trabajando y que haya una condena efectiva para los responsables.
A más de un año del hecho, Garibotto todavía no pudo cicatrizar las heridas, aunque la noticia le dio algo de fuerzas para salir de su letargo: “Estaba destrozado, todavía me cuesta mucho reintegrarme a la vida cotidiana. Recién hace unos días que puedo trabajar y con esto empiezo a creer de nuevo”, relató a Página/12, conforme con el procesamiento, pero a la espera de que “los responsables paguen con la cárcel. De todos modos –agregó– me regocija como argentino que haya justicia”. Garibotto intenta dejar atrás el accidente, pero las imágenes del infierno lo invaden una y otra vez. “Ni siquiera me animo a llamar a los familiares de las víctimas porque no tengo palabras –confió–. Y ahora con las fiestas todo se hace más duro.”
Desde la Casa de los Familiares de las Víctimas, en Córdoba, también se escucharon voces de contenida satisfacción. Oscar Garat, hermano de Ivana, una de las personas que perdieron la vida a bordo del malogrado avión, se sintió algo aliviado con la decisión del juez federal Gustavo Literas: “Es por lo menos un paño de agua fría ver que algunas cosas se empiezan a resolver, y esto hace tener un poco más de confianza en la Justicia”, manifestó a este diario, con “la felicidad de saber que se está haciendo algo, de sentir que el juez está trabajando bien”.
Garat entiende que la postura de Lapa de responsabilizar exclusivamente a los pilotos es inadmisible: “Si eran unos ineptos, hay responsabilidad directa de los directivos de la empresa que los seleccionan, ellos tienen que hacerse cargo de su personal. Y también hay negligencia por parte de la Fuerza Aérea, que es la que controla los aviones y habilita a los pilotos”, se enojó. Y agregó, indignado: “Tratan de derivar la responsabilidad”. En cuanto a la demanda civil, en la Asociación no quisieron entrar en detalles, y aclararon que “nuestro objetivo es esclarecer las causas del accidente para evitar que se vuelva a repetir. La cuestión económica es particular de cada familia”.
A Rita Ramonino, familiar de una de las víctimas, le renacieron las esperanzas. “Tengo mucha confianza en Literas y espero que siga adelante y aclare definitivamente el accidente. Ojalá abarque a todos los responsables”.

La propuesta para que el Aeroparque sea más seguro

El juez incluyó una advertencia seria sobre la seguridad del aeropuerto, precisamente cuando se discute una reforma que permitiría reubicar la pista en terrenos ganados al río. Ibarra, Eurnekian, Lombardi y Felgueras estuvieron entre los presentes en el acto de Aeroparque.

La seguridad en el Aeroparque Metropolitano no está garantizada. A esa conclusión llegó el juez federal Gustavo Literas, en el marco de la investigación del accidente del avión de LAPA. En la resolución en la que procesó a la cúpula de la empresa y a altos jefes de la Fuerza Aérea, Literas advirtió que la existencia de “diferentes obstáculos de considerable significancia en las inmediaciones” de la aeroestación, como la casilla de gas ubicada en el complejo Punta Carrasco, “ponen en peligro la seguridad de las maniobras realizadas en las operaciones de despegue y/o aterrizaje que se realizan en el lugar” (ver aparte). La advertencia llega en momentos en el que el Gobierno nacional y el de la ciudad anunciaron que impulsarán el traslado de la pista del Aeroparque a terrenos que se ganarán al río. La propuesta, sin embargo, debe contar con el visto bueno de la Legislatura porteña. Entre mediados de febrero y principios de marzo será debatida en audiencia pública.
El ministro de Economía, José Luis Machinea, y el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, están a punto de firmar un convenio por el cual se comprometerán a llamar a un concurso nacional e internacional de proyectos para el diseño del nuevo Aeroparque. El llamado debe hacerse en el plazo de 30 días a partir de la fecha de ratificación del convenio por parte de la Legislatura. La idea es mudar la pista actual a una franja de terreno ganada al río y dejar en su lugar un espacio verde de entre 110 y 120 hectáreas; crear un nuevo paseo costero y una laguna compensadora para evitar desbordes del arroyo Maldonado. En la nueva pista podrían aterrizar y despegar aviones de gran porte, como los Boeing 757 y 737-200. Esta propuesta fue la que obtuvo mayor puntaje entre todas las evaluadas por una comisión, creada durante la gestión del ex ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo, integrada por representantes de la Secretaría de Transporte, el Organo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), la Fuerza Aérea y el Gobierno de la ciudad.
“El Gobierno porteño condicionó su apoyo a la aceptación de diversos aspectos urbanísticos como completar el trazado de la avenida Lugones hasta la General Paz y crear un acceso vial directo al Aeroparque, y una conexión ferroviaria desde Retiro”, señaló a Página/12 el secretario de Planeamiento Urbano, Enrique García Espil.
La obra completa del relleno costero constaría alrededor de 300 millones, según el Orsna. Y serían pagados por el concesionario, Aeropuertos Argentina 2000, encabezado por el empresario Eduardo Eurnekian. La terminal de pasajeros, en la que ayer se inauguró un nuevo sector internacional, un patio de comidas y salas de espera (ver aparte), no se modificaría.
La comisión que se inclinó por el ensanchamiento costero tuvo en cuenta cinco variables: operatividad aeronáutica, aspectos ambientales y urbanísticos, costos de inversión y de financiamiento. En el camino quedaron el traslado del Aeroparque a Ezeiza y la creación de una aeroísla.
El cronograma oficial espera tener a fines del 2001 el proyecto definitivo. “La obra podría demandar dos años, con lo cual esperamos que esté finalizada hacia la culminación del 2003”, especuló García Espil. El proyecto deberá pasar el examen de la Legislatura. En primer lugar, los diputados deberán ratificar el convenio entre la Nación y la ciudad. Legisladores del belizista Encuentro por la Ciudad intentaron a través de un recurso de amparo –que ya fue rechazado– frenar la iniciativa. Antes de emitir una opinión quieren debatir el tema en una audiencia pública, que podría llevarse a cabo en la Legislatura entre mediados de febrero y principios de marzo, según adelantó ayer a este diario la diputada María Laura Leguizamón. “Queremos que nos expliquen sobre qué estudios ambientales se eligió el relleno costero”, adelantó Leguizamón.

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