Por Irina Hauser

Ni los intentos de Raúl Alfonsín surtieron efecto. El ex presidente quiso convencer al ministro de la Corte Suprema Augusto Belluscio de que repensara su voto. Pero su viejo aliado adhirió al rechazo de la mayoría del alto tribunal del recurso extraordinario presentado por el Estado para que se concediera la apelación a los presos por el ataque al cuartel de La Tablada. A pesar de que ya conocía el resultado que se perfilaba, el Gobierno sufrió una desilusión. Hasta último momento había reinado la esperanza de que los supremos le dieran un gesto de respaldo y lo salvaran de asumir la responsabilidad directa sobre la situación de los detenidos, que llevan 111 días de huelga de hambre. “Por ahora habrá un poco de silencio”, anunció un colaborador de la Casa Rosada.
El Gobierno quiso pero no pudo. Al menos eso es lo que le dijeron, compungidos, a Página/12, dos encumbrados allegados a la Casa Rosada que siguen el tema de cerca. “La Corte se olvidó de que con la gestión de la Alianza convino mantener respeto institucional recíproco y emitió un fallo jurídicamente muy débil que es un papelón internacional”, reprochó uno de los funcionarios. A lo que un allegado al alto tribunal replicó: “El gran papelón es del Congreso, que no reformó la ley para habilitar la doble instancia judicial y, ante todo, del Ejecutivo, que tanto amagó con un decreto de necesidad y urgencia y ahora no sabe cómo seguir”.
La clásica –pero rara vez cumplida– promesa sobre la independencia de los tres poderes fue eje de los primeros discursos del presidente Fernando de la Rúa. Un gesto que, en el plano judicial, abría la esperanza de renovar los tribunales adictos engendrados por la gestión anterior. Con el tiempo quedó claro que el gobierno de la Alianza no movería ni invitaría a correrse de su lugar a ningún ministro de la Corte. Y como dicta la tradición, pronto el alto tribunal pareció experimentar una tendencia a oficializarse y deshacer su vieja mayoría automática leal al ex presidente Carlos Menem que hizo respirar a los gobernantes cuando avaló el recorte salarial a mitad de año. El diálogo bastante fluido que mantienen funcionarios y operadores con algunos supremos elevó las esperanzas para el caso de la Tablada. Pero el jueves no les fue lo bien que esperaban.
Una teoría que maneja un sector de la administración aliancista es que se hicieron todos los intentos posibles para que la Corte fallara a favor del recurso presentado hace dos semanas por el procurador del Tesoro, Ernesto Marcer, para que se les concediera la segunda instancia a los presos del MTP. Es que el Estado, explican, pretendía poder así cumplir con las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) formuló para la Argentina en 1997. Y cundió la desesperación cuando se supo que el tribunal estaba dividido cuatro a cuatro y definiría el voto de Adolfo Vázquez a su regreso de Punta del Este. Uno de los funcionarios consultados aseguró que:
El ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, hizo gestiones en la Corte en los días previos al fallo. “El hermano del Presidente tiene diálogo habitualmente con el presidente del tribunal, Julio Nazareno, y tal vez habló con alguien más”, señaló.
Marcer, dijo el informante, también visitó despachos de la Corte. Aunque un colaborador del procurador del Tesoro desmintió esa versión. “Sólo fue a presentar el escrito, nada más”, señaló.
Hasta el ex presidente Alfonsín intentó que Belluscio cambiara el voto con que rechazaría la doble instancia.
Según una versión proveniente de la Corte, cuando el jueves pasado los ministros estuvieron a punto de volver a postergar el acuerdo a pedido del juez Gustavo Bossert, que quería estudiar el voto mayoritario, un llamado de la Casa de Gobierno habría hecho reanudar la reunión.
La otra hipótesis que circula es que el Gobierno sabía que el resultado sería contrario al recurso y era precisamente eso lo que buscaba. De esa manera podrían volver a presionar al Congreso e insinuar a la CIDH quemandara una nueva advertencia para que se cumpla la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) incorporada a la Constitución.
–Sea lo que sea, no deja de llamar la atención que el Gobierno no haya hecho nada antes, que haya esperado una situación límite en el Congreso para asumir un rol más activo. ¿Por qué fue así? –le preguntó este diario a uno de los funcionarios consultados.
–Porque no se nos ocurrió –contestó fastidiado.
“Lo único que puedo decir es que la Corte se perdió una preciosa oportunidad de legitimarse y de quedar más que bien internacionalmente. Pero bueno, parece que han decidido rendirle tributo al pasado y dejar aislado al Presidente en la toma de decisiones”, añadió después de un silencio largo. A su razonamiento agregó un paralelo entre lo que ocurrió en el Congreso, donde los bloques opositores con el PJ a la cabeza habían prometido dar quórum para tratar la reforma necesaria de la Ley de Defensa de la Democracia (que limita la apelación), y el voto de los antiguos menemistas de la Corte. Desde un despacho de otro edificio, el otro portavoz que dialogó con Página/12 coincidió: “No sé si los ministros votaron desde el punto de vista de sus convicciones técnicas, es casi la vieja mayoría automática menos uno. Detrás de esto hay otra cosa, en todo caso operaron desde el otro lado”.
En efecto, Nazareno, Belluscio, Eduardo Moliné O`Connor, Guillermo López y Adolfo Vázquez argumentaron en el fallo del jueves que el Estado no estaba legitimado para actuar, que el asunto es cosa juzgada y que debería haber sido resuelto por el Congreso. También dijeron que las sugerencias del CIDH y los compromisos internacionales no implican “decisiones vinculantes para el Poder Judicial”. E incluso señalaron que el artículo de la Constitución que incorpora la CADH y habla del derecho a apelar se limita a garantizar “que la condena proviniese del tribunal superior en grado y no de uno inferior”, y que cualquier otra interpretación choca con la propia Carta Magna. Y que, por todo esto, no hay riesgos de que el Estado incurra “en alguna responsabilidad de carácter internacional en mérito de la actuación del Poder Judicial en este caso”. Los opositores a estos argumentos fueron Bossert, Enrique Petracchi, Carlos Fayt y Antonio Boggiano. No sólo consideraron la legitimación del Estado para actuar sino que, en algunos votos, recordaron que la Corte ya reconoció la doble instancia en casos como el del propio líder del MTP, Enrique Gorriarán Merlo, declarando inconstitucional parte de la Ley de Defensa de la Democracia.
Por lo pronto, el Gobierno decidió no hacer nada más. A lo sumo rezar para que el justicialismo le dé quórum en algún momento para el debate parlamentario. El decreto de necesidad y urgencia quedó descartado por inconstitucional. Lo mismo con el indulto o la conmutación de penas. El parte de salud sobre los presos del Ministerio de Justicia dice que en promedio adelgazaron 20 kilos.

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