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Por Julio Nudler
 Decidida ocho años atrás
y todavía pendiente, la liquidación del Instituto Nacional
de Reaseguros sigue deparando sorpresas. La última es la designación
de Sergio Bunin como liquidador ad honorem del organismo. De este modo,
Bunin está prestando gratuitamente sus servicios de liderazgo a
un ente que debe resolver reclamos de las compañías de seguros
por varios cientos de millones de pesos. Algunas fuentes del sector calculan
que se le adeudan $ 1200 millones, aunque otras presumen que se llegará
a un acuerdo en alrededor de 700 millones. El gran dilema que enfrenta
Bunin es el mismo que no pudieron resolver sus antecesores: cómo
ofrecer a las compañías una suma “aceptable”,
pero que además corresponda a obligaciones auditadas y aprobadas
por la Sindicatura General de la Nación, teniendo en cuenta que
es obligatoria la intervención previa de este organismo. Así
lo establece la ley complementaria permanente de Presupuesto (texto ordenado
por el decreto 689/99). El nuevo liquidador, sucesor de Adrián
Capone y casi desprovisto de antecedentes en el país, llegó
al cargo por sugerencia de Francisco Astelarra, superintendente de AFJP,
amigo personal de José Luis Machinea, ex director ejecutivo de
Avira (Asociación de Aseguradoras de Vida y Retiro) y ex vicepresidente
de Jacarandá. Otro valedor de Bunin fue el angelocista Roberto
Mori, asesor del secretario de Finanzas, Daniel Marx, de cuya órbita
depende el tema seguros.
Aunque Bunin no cobre, designó para acompañarlo un gabinete
de siete asesores, cada uno de éstos con un sueldo de 6800 pesos.
Son ellos Jorge Furlan, Emilio Toscano, Alejandro Ruiz Schulze, Roberto
Lucchi, Carlos de Igarzábal, Carlos Suárez y Bob Taylor.
Este último era en realidad el candidato a liquidador, pero no
pudo asumir por problemas de salud y fue sustituido por Bunin. Por otro
lado, uno de los previstos asesores, Amadeo Traverso, dio lugar a un escándalo
que terminó en la Oficina Anticorrupción, por denuncia de
la Asesoría Legal del INdeR.
Cuando a los abogados del organismo les tocó revisar el correspondiente
proyecto de contrato como asesor, encontraron muy familiar el nombre del
postulante, ya que el sello “Dr. Amadeo E. Traverso” solía
venir estampado en cédulas que, como demandante, remitía
con frecuencia al Instituto, patrocinando a compañías como
Visión en pleitos contra el ente estatal al que pretendía
asesorar, pese a ser abogado de la Asociación de Compañías
de Seguro. Pero también la dirección de su bufete, Sarmiento
930, era elocuente. Según fuentes del INdeR, dos meses atrás
les llegó la orden de remitir información interna confidencial
precisamente a ese domicilio. Finalmente, Traverso no pudo asumir en el
organismo, pero participa de los esfuerzos de las aseguradoras por elevar
todo lo que puedan la cifra final que les va a ofrecer Economía.
Esta porción de la deuda pública fue explícitamente
excluida de la Ley de Emergencia Económica, sancionada a comienzos
de la gestión De la Rúa, lo cual significa que no se saldará
con bonos a 16 años ni con la baja tasa de interés que éstos
reconocen. Hace dos meses, en el Día del Seguro, Machinea prometió
emitir un título especial y pagarles un anticipo a las aseguradoras
antes de fin de año, sin conciencia de que estaba a punto de verse
arrastrado por la vorágine fiscal y financiera que acaba de concluir
en el blindaje. La única plata cierta disponible son los 150 millones
de dólares que el INdeR tiene depositados en la sucursal del Banco
Nación en Gran Caimán.
Lo que en todo este tiempo no logró la Alianza es dar algún
paso concreto respecto de la trampa creada por el decreto 1061, firmado
por Carlos Menem en setiembre de 1999 para que el INdeR les hiciese una
oferta de corte (cut off) a las compañías. La Sigen (Sindicatura
General de la Nación) debía, según ese decreto, controlar
los procedimientos pero no los importes. En 1997 les habían ofrecido
$ 850 millones a las aseguradoras, pero bajo la condición de que
la Sigen auditara las presuntas deudasreclamadas por la plaza. Aquello
derivó en un duro enfrentamiento entre el Instituto, dirigido a
la sazón por Daniel Carlos Di Nucci, hombre llegado desde el Grupo
Juncal, y la Sindicatura, que encontró serios vicios en la documentación
y decidió no auditar más las Planillas de Pago Contado (PPC),
referidas a siniestros que las compañías decían haber
liquidado a sus clientes. Durante el resto de la presidencia de Menem
nadie se atrevió a avanzar en el espinoso asunto.
Ahora Bunin y su equipo redactaron un proyecto de reforma al decreto 1061
para darle continuidad a éste y permitir el inmediato desembolso
de un anticipo del 20 por ciento a las aseguradoras, en base a “determinaciones
provisionales”. Lo que los nuevos liquidadores tampoco han conseguido
es despejar el peligro de que la Sigen, marginada del procedimiento, eventualmente
dictamine que todo se hizo mal y el Estado deba exigir la devolución
de los fondos entregados. El proyecto todavía no atravesó
el filtro de la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia.
A diferencia del 1061, el nuevo decreto admitiría la verificación
de importes por parte de la Sigen, pero restringida a las arriba mencionadas
PPC (siniestros sedicentemente pagados), que es donde hoy existe menos
conflicto porque el INdeR incorporó en parte las observaciones
realizadas en su momento por la Sindicatura. Esta no auditaría,
en cambio, según el proyecto ninguno de los otros conceptos, el
más importante de los cuales es la llamada reserva de siniestros
pendientes, o run off. Corresponde a juicios iniciados por particulares
contra las compañías, y que por tanto constituyen para éstas
un pasivo eventual, que queda firme y determinado cuando se dicta sentencia.
Esos pasivos, según la estimación de las aseguradoras, figuran
en el reclamo de éstas al Instituto por haber éste reasegurado
las pólizas correspondientes. Esas sumas no serían verificadas
por la Sigen si De la Rúa firma el nuevo decreto elaborado por
el equipo liquidador del INdeR.
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