Por Juan Jesús
Aznárez *
Desde
México, D.F.
El nuevo gobierno mexicano
no expulsará a los cooperantes extranjeros en Chiapas, contrariamente
a la política aplicada por el Ejecutivo de Ernesto Zedillo (1994-diciembre
2000). La gran mayoría de aquellos que fueron deportados con cargos
de activismo político podrán regresar. Por otra parte, para
facilitar las negociaciones con el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN), y a los tres años de la matanza de 45 indígenas
prozapatistas en Acteal, el ejército entregó al nuevo gobernador
de Chiapas uno de sus campamentos en la selva Lacandona.
Lo que estamos haciendo es traducir en hechos las promesas de campaña
de Fox, declara a este diario el secretario (ministro) de Relaciones
Exteriores, Jorge Castañeda. Primero fue el envío al Congreso
del proyecto de ley sobre derechos y culturas indígenas que tradujo
los Acuerdos de San Andrés de 1996, y después el desmantelamiento
de 53 retenes, con aproximadamente 2100 soldados, la terminación
de los vuelos rasantes y la disminución del número de patrullas
castrenses.
¿La entrega del campamento significa el principio de la retirada
efectiva del ejército de la zona zapatista?
Este gesto se inscribe en la decisión del gobierno de tomar
una serie de medidas unilaterales que demuestren en los hechos la decisión
de buscar una solución al conflicto de Chiapas. Se inscribe también
en una frecuencia de medidas adicionales que se van a ir dando a partir
del 31 de diciembre hasta el 15 o 20 de enero, que van en el mismo sentido.
¿Cómo valora el gobierno la carta de Marcos a Fox,
en la que lo descalifica duramente?
Positivamente, porque aunque lo descalifique, aunque despotrique,
respondió. En segundo lugar, puso unas condiciones para la reanudación
del diálogo que son perfectamente atendibles. Se vio como una respuesta
no concluyente, pero alentadora.
¿Le preocupa la marcha que en febrero realizará el
subcomandante Marcos con jefes zapatistas a Ciudad de México?
No especialmente.
¿Será un gran show propagandístico?
Bueno, pero eso ya veremos cuando suceda, si es que sucede. Por
ahora el gobierno está empeñado en la reanudación
del diálogo y, sobre todo, mostrarle a Marcos, al EZLN, a la opinión
pública nacional y a la opinión pública internacional
que hay un cambio de actitud.
¿Ha mostrado el Congreso predisposición a aprobar
los acuerdos de San Andrés presentados por el gobierno?
Habrá que ver. No se puede ver la reacción del Congreso
de manera aislada, haciendo abstracción de los demás asuntos
que está viendo el Legislativo. Si se aprueba el presupuesto (del
2001), como parece que así será, y se crea un clima de construcción
de consensos, quizá lo que hoy pueda parecer un poco difícil,
a saber que los tres partidos aprueben por consenso los acuerdos de San
Andrés, como están, dentro de poco tiempo se vea factible.
¿Qué información tienen sobre lo que está
dispuesto a ceder el EZLN?
No hemos llegado a eso. Además, no creo que la negociación
se dé entre el Congreso, el gobierno y el EZLN. La negociación
se dará en el Congreso entre los partidos que representan el ciento
por ciento del electorado mexicano.
¿Hay reticencia en el ejército a los acuerdos de San
Andrés por temor a una posible escisión del territorio nacional?
Absolutamente ninguna. En el grupo Chiapas que está llevando
a cabo todas estas decisiones participa el secretario (ministro) de la
Defensa,que está totalmente involucrado en todas las discusiones
con el presidente.
¿Por qué tiene el gobierno de Fox tanta urgencia por
resolver un conflicto que casi parecía un problema olvidado?
Porque es un símbolo del lastre que arrastra el país.
Es un símbolo de los problemas pendientes.
¿Proseguirán las expulsiones de cooperantes extranjeros?
No se expulsará a nadie. Al contrario.
¿Los cooperantes extranjeros que fueron deportados no son
ya percibidos como subversivos?
En términos generales nadie tiene la entrada vetada en México.
No vemos con malos ojos que gente que se preocupe por la situación
en Chiapas, venga a México a visitar las comunidades indígenas.
Pero en todos los casos se va a tratar de eliminar las restricciones o
las prohibiciones de entrada a México.
¿Entonces, podrán volver?
Que yo sepa, no han pedido entrar. Cuando lo pidan se los atenderá
con este enfoque de que no hay ninguna razón para prohibirles la
entrada.
* De El País de Madrid, especial para Página/12.
LOS
ULTRAS REPUBLICANOS QUIEREN TOMAR EL PENTAGONO
¿Quién controlará el big
stick?
George W. Bush se vio forzado
a postergar el anuncio de quién será su secretario de Defensa
por el choque entre el ala pragmática y la ultraconservadora de
su Partido Republicano. En términos republicanos, hasta ahora las
designaciones de Bush en política exterior han sido de moderados:
Colin Powell como secretario de Estado y Condoleeza Rice como asesora
de Seguridad Nacional. Los ultras republicanos quieren que Bush nombre
a Dan Coats, el mayor oponente a la admisión de homosexuales en
las Fuerzas Armadas y persuadido de la necesidad de un alto gasto en Defensa.
Sin embargo, hay versiones de que Bush quedó decepcionado con Coats
cuando se reunió con él esta semana y comenzó entonces
a buscar alternativas. Una era Paul Wolfowitz, un favorito del establishment
republicano de política exterior y un experto en Asia durante el
gobierno de Reagan. El vice de Bush, Dick Cheney, está presionando
para que este ex asesor suyo ocupe el puesto de Defensa, y Wolfowitz fue
además uno de los principales tutores de Bush en política
exterior. Pero el presidente electo parece pensar que Wolfowitz no tiene
el poder administrativo y político para controlar los eternamente
facciosos departamentos del Pentágono. Esta incertidumbre devolvió
dos nombres a la lista de candidatos: Richard L. Armitage y Sam Nunn.
El primero es, como Wolfowitz, un asesor y analista de la era Reagan,
y se cuenta además entre los mejores amigos de Powell. El segundo
es un senador conservador demócrata que presidió la Comisión
de Fuerzas Armadas durante la Guerra del Golfo. Ninguno de estos nombres
satisfará al ala ultraconservadora republicana, que busca meter
a uno de los suyos al frente del Pentágono.
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