Presionado por el Fondo Monetario y las condiciones para aprobar el blindaje, por la sensación de inmovilismo de la que padece frente a la opinión pública y los permanentes condicionamientos de propios y ajenos en el Congreso, el gobierno nacional quiere terminar el año dando alguna muestra de fortaleza. Después de pelear una semana con los senadores justicialistas, el Ejecutivo decidió cortar el diálogo y ayer el presidente Fernando de la Rúa anticipó que hoy aprobará, por decreto de necesidad y urgencia, el postergado Plan de Infraestructura, que abriría paso a proyectos de obra pública por casi 20 mil millones de pesos en todo el país. También, por decreto, vetará los artículos de la Ley de Presupuesto 2001 agregados por el Senado que más molestaron a Economía. Finalmente, le puso plazo fijo a la búsqueda de un consenso sobre la reforma previsional: si antes del 10 de enero no hay dictamen favorable en Diputados, el camino para su habilitación también sería el decretazo.
No es casual que se haya elegido el plan de Infraestructura para lanzar la primera estocada en el contraataque que prepara el Gobierno. Su aprobación divide al frente opositor, ya que mientras el bloque de senadores justicialistas reaccionó airadamente ante la decisión del oficialismo, los gobernadores del mismo partido apoyan la puesta en marcha del plan silenciosamente. Precisamente, será frente a los gobernadores de todo el país que hoy De la Rúa hará el anuncio oficial de su aprobación.
Tampoco es caprichosa la fecha del 10 de enero como límite para una resolución favorable a la reforma previsional. Es el día en que se reúne el directorio del FMI para dar su aprobación al blindaje financiero, y uno de los condicionamientos “no escritos” –pero que habría sido señalado en las reuniones con los representantes del Palacio de Hacienda– es que el gobierno exhiba para entonces algún “avance” en la materia.
Por otra parte, desoyendo el pedido de los propios senadores radicales, el Ejecutivo procederá a vetar las modificaciones al Presupuesto introducidas por la Cámara alta. Entre ellas, el controvertido artículo 18, que habilitaba un mecanismo para devolverles a los empleados públicos la quita salarial dispuesta a mediados del 2000 y una cláusula que eliminaba el tope a los recursos a ser repartidos por el Fondo Especial del Tabaco en las provincias productoras.
De la Rúa lanzó el primer anuncio de la aprobación por decreto del plan de Infraestructura ayer por la mañana, en una entrevista radial. Chrystian Colombo, jefe de Gabinete, oficializó la decisión mediante sendas comunicaciones telefónicas con los jefes de bloques del Senado, José Luis Gioja (PJ) y Jorge Agúndez (UCR). El primero tradujo la actitud del Gobierno como una señal de romper lanzas con la oposición, prometiendo pasar a una confrontación “dura” a partir de ahora por la incomprensión oficial ante los gestos de acercamiento del justicialismo. Pero esta postura no tiene consenso entre los principales referentes de su partido. Los gobernadores Carlos Ruckauf, Carlos Reutemann y José Manuel de la Sota están inscriptos entre quienes intercedieron, estos últimos días, en favor de la aprobación en el Congreso del plan de Infraestructura y buscaron bajar la presión del Senado sobre el presupuesto.
“No podíamos seguir soportando el chantaje de los senadores justicialistas”, comentó una alta fuente de la Casa Rosada al justificar el cambio de actitud. A un año en el gobierno, la Alianza aún no encuentra la fórmula para cerrar acuerdos con la oposición: cuando se acerca a los gobernadores, se le traban las iniciativas en el Congreso, y viceversa. Pero también tiene insalvables problemas para alinear a su propia tropa. De hecho, la decisión de sacar por decreto el plan de Infraestructura descolocó a los propios senadores radicales, que venían bregando por una solución negociada en la Cámara Alta.
“Es muy importante que se comprenda que vivimos momentos difíciles que precisan decisiones rápidas”, sostuvo De la Rúa, una frase que no define precisamente su estilo de gobierno. Para el Ejecutivo, el plan de Infraestructura se traducirá en “fuentes de trabajo y movilización de laeconomía en todo el país”, concepto que fue subrayado por José Luis Machinea ayer desde Bahía Blanca, que lo consideró una de las piezas clave para las proyecciones de crecimiento en el año 2001.
La decisión de emitir hoy el decreto de necesidad y urgencia es una instancia importante pero no decisiva. Al inicio de las sesiones del año próximo, el Congreso podría reabrir el debate y hasta rechazar el decreto, con lo cual todo volvería a fojas cero, o reanudaría las negociaciones. Pero hacia el cierre del año, al menos, el Gobierno quiere mostrar paso firme.

SIGUE LA CAIDA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
No fue el año del ladrillo

La actividad de la construcción volvió a evidenciar una pobre performance durante noviembre. Según datos oficiales del INdEC, el índice del sector cayó 13,2 por ciento el mes pasado en comparación con similar período de 1999. En lo que va del año, la actividad acumula una baja del 12,6 por ciento, y se encuentra en un nivel similar al que tenía en el tercer trimestre del ‘96. Con excepción de la producción de pinturas, hubo mermas en la elaboración de los demás insumos del sector.
La construcción es uno de los sectores más castigados por la recesión. De hecho, para el sector, cada mes de este año fue peor a su similar del ‘99. Ante esta realidad, el Gobierno pretende mejorar las perspectivas del próximo año con el Plan de Infraestructura, cuyo tratamiento se encuentra trabado en el Congreso. Y, por tal motivo, Fernando de la Rúa analiza sacarlo mediante un decreto de necesidad y urgencia (ver nota aparte).
La caída de la actividad del mes pasado hubiese sido más profunda si no fuese por las construcciones petroleras, impulsadas por el precio elevado en el barril de crudo, y que hacen atractivo a ese rubro para las inversiones empresarias, particularmente en materia de perforaciones petroleras. Por el contrario, el informe oficial menciona que se notaron fuertes caídas en la fabricación de viviendas, obras de infraestructura y obras viales.
Respecto de los insumos, hubo descensos notorios. Con la única excepción de la fabricación de pinturas (que subió 1 por ciento en relación a noviembre del ‘99), se verificaron mermas en las producciones de asfalto (-25,8 por ciento); ladrillos huecos (-23,3); hierro redondo para hormigón (-20,7); cemento Portland (-16,4) y pisos y revestimientos cerámicos (13,4).
Por el momento, las expectativas de los empresarios son oscuras. Siete de cada diez no creían que este mes representara una mejora para el sector, según la compulsa realizada por el organismo oficial. Incluso, el 24 por ciento de los empresarios dedicados a la obra pública sospechaba que el último mes del año sería todavía peor que el anterior. Pero ese porcentaje se extiende al 29,2 por ciento para el caso de los ejecutivos dedicados a obras en el sector privado. Estas pobres perspectivas golpean directamente sobre los trabajadores. El 36 por ciento de los empresarios consultados estima que deberá desprenderse de personal en el corto plazo, y tan sólo el 5,6 por ciento cree que necesitará de mayor cantidad de mano de obra. El resto, seis de cada diez ejecutivos, señala que se las arreglará con la misma dotación que hasta ahora. Incluso, la totalidad de los empresarios dedicados a las obras privadas contestó que no incorporarían bienes de capital durante el último mes de 2000. Sin dudas, éste no fue el año del ladrillo.

“El FMI pide la reforma previsional
en quince días o se cae el blindaje”

La advertencia de De la Rúa a los legisladores de la Alianza comenzó el encuentro. Después, hubo una tregua para intentar un acuerdo antes del decretazo. Jubilados en espera, con un régimen de futuro incierto. El proyecto de reforma amenaza partir a la Alianza.

Por David Cufré

“El Fondo Monetario nos dice que la reforma previsional tiene que estar aprobada antes del 10 de enero o se puede caer el blindaje”, les dijo ayer Fernando de la Rúa, en tono apocalíptico, a los diputados Eduardo Santín y María América González, referentes del radicalismo y el Frepaso en materia previsional. “Vamos a sacar el decreto de necesidad y urgencia”, añadió el Presidente. En su despacho de la Casa Rosada estaban también el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo; la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, y el senador Leopoldo Moreau. De esa primera afirmación tajante sobre que ya era decisión tomada la firma del decreto se pasó a una negociación con los legisladores que dejó el tema en stand by. Los diputados manifestaron un enérgico rechazo al decreto y Santín ofreció consensuar un proyecto con el Ejecutivo que pueda ser aprobado por los legisladores oficialistas, quienes se resisten a votar la propuesta oficial. El Gobierno accedió a explorar esa alternativa y hoy se pondrán a trabajar en un proyecto en común. Pero si la discusión se traba, De la Rúa apelará al decreto.
Las idas y vueltas del Presidente en relación con la reforma previsional parecieron concluir ayer a la mañana, cuando anticipó por Radio Mitre que “seguramente” la iniciativa sería convalidada por decreto de necesidad y urgencia. En la reunión de la tarde –que siguió hasta las 21–, De la Rúa argumentó que recibió un ultimátum de las autoridades del Fondo. Según comentó, la advertencia fue que el Gobierno debe tener aprobada la reforma antes del 10 de enero, día en que se reunirá el directorio del organismo, o no se concederá el crédito extraordinario. Los diputados retrucaron que la Carta de Intención del nuevo acuerdo con el FMI extiende el plazo hasta mayo próximo. “La reforma tiene que estar en vigencia en mayo, pero quieren que se sancione antes del 10 de enero”, contestó De la Rúa.
Con ese escenario, Santín propuso la elaboración de un proyecto consensuado entre el Congreso y el Gobierno. Y que la Comisión de Previsión de la Cámara baja emita dictamen favorable entre esta y la próxima semana. Ese sería un gesto suficiente para demostrar al FMI la voluntad de los legisladores por sancionar la reforma. María América González indicó que no podía comprometer una respuesta en nombre del Frepaso, por más que ella sea la presidenta de la Comisión de Previsión. De la Rúa pidió entonces que lo comunicaran con Chacho Alvarez y Darío Alessandro. Pero fueron infructuosos los intentos por comunicarse con ambos, con quienes el Presidente intentaba dialogar anoche o lo hará hoy.
De la Rúa buscará que Alvarez acepte los términos del acuerdo alcanzado con los legisladores. Pero remarcó que firmará el decreto sin más demoras en caso de que Chacho plantee alguna objeción. La propuesta inicial del Gobierno introduce cambios al proyecto original. El más importante es que se mantiene el régimen jubilatorio estatal, que hasta ahora el Ejecutivo pretendía anular. De ese modo, continuará vigente el sistema mixto creado en 1994, compuesto por los regímenes de reparto y de capitalización. El Gobierno también ofreció extender de 600 a 800 pesos el alcance de la nueva Prestación Suplementaria, que cobrarán los futuros jubilados en reemplazo de la PBU (Prestación Básica Universal).
Pero la redacción del nuevo proyecto comenzará a definirse hoy, en una reunión entre Bullrich, Santín, González y el secretario de Seguridad Social, Jorge Sanmartino. No deja de llamar la atención que no esté prevista la participación de ningún funcionario del Ministerio de Economía, cartera que tampoco estuvo representada en la reunión de ayer en Casa Rosada. Página/12 informó que José Luis Machinea elevó al máximo la presión para que De la Rúa firmara el decreto, objetivo que creyó haber alcanzado. Pero ahora deberá aceptar que el Gobierno rediscuta la reforma previsional con el Congreso.
En buena medida, la decisión de De la Rúa de buscar un acuerdo con los legisladores obedece al temor de que la firma del decreto fracturara definitivamente a la Alianza. En efecto, los diputados del Frepaso, con elapoyo de Chacho, anticiparon que se plegarían al justicialismo para anular el decreto en el Congreso y dejar sin efecto la reforma. De llegarse a esa situación, sería la declaración formal de defunción de la Alianza. En consecuencia, la intensidad del conflicto político explica la indefinición de De la Rúa en cuanto a firmar o no el decreto. Además, la mayor parte de los diputados radicales se expresaron igualmente contrarios a una decisión unilateral del Ejecutivo.
El Gobierno, Santín y González –estos últimos en representación de los diputados radicales y del Frepaso, respectivamente– propondrán diferentes ideas sobre cómo tiene que ser el proyecto final de reforma previsional. El planteo central del Ejecutivo es el siguiente:
Se dará marcha atrás con la anulación del régimen de reparto, que seguirá vigente.
La edad jubilatoria de la mujer seguirá siendo optativa, pero sólo las que se retiren a los 65 años tendrán derecho a la Prestación Suplementaria y al haber mínimo garantizado por el Estado de 300 pesos.
La Prestación Suplementaria se aplicará para las futuras jubilaciones de entre 300 y 800 pesos, en lugar de limitar ese beneficio a los haberes de hasta 600 pesos.
La PBU será eliminada, y las personas de más de 70 años que no hayan completado sus aportes jubilatorios recibirán una asignación de 100 pesos.
La propuesta de Santín es diferente en los siguientes puntos:
Las mujeres que se jubilen por el régimen de reparto antes de los 65 años sufrirán una quita del 3 por ciento por año en su haber. Por caso, una mujer que se retire a los 60 años cobrará un 15 por ciento menos que otra que lo haga a los 65. Pero recuperará la diferencia al llegar a esa última edad.
Las personas que hayan aportado por menos de 10 años cobrarán una asignación de 100 pesos. Los que aportaron más de 10 y menos de 30 años, percibirán una jubilación proporcional, con un piso de 150 pesos.
La Prestación Suplementaria será para quienes completaron sus aportes y ganen entre 300 y 1000 pesos. La PBU se elimina para las jubilaciones superiores a este último monto. Y el Estado garantiza un haber mínimo de 300 pesos.
González, por su parte, plantea que las mujeres deben mantener el derecho a jubilarse a los 60 años, sin ningún tipo de quita para quienes lo hagan antes de los 65. También propone que la PBU se elimine a partir de haberes de 1200 pesos, en tanto que entre 1000 y 1200 los futuros jubilados cobrarán la Prestación Suplementaria. Entre los tres proyectos deberá consensuarse el definitivo. De lo contrario, el Gobierno recurrirá al decreto para satisfacer al FMI.

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