Dispuesto a ejercer el flamante rol de “ombudsman” de las pequeñas y medianas empresas, el secretario de Pymes, Enrique Martínez, denunció ayer a empresas, importadores y reparticiones oficiales que, de distintas maneras, perjudican al sector. Las denuncias formuladas por Martínez van desde subfacturación y contrabando aduanero –en sectores tales como textiles, cueros, herrajes y preservativos– hasta el incumplimiento del decreto de compre Pyme –que favorece en las licitaciones a estas empresas cuando presenten ofertas hasta un 5 por ciento más caras– por parte de los organismos oficiales. El funcionario, integrante del equipo económico, también advirtió que el Ministerio de Salud estaba realizando licitaciones de vacunas con condiciones que “pueden dar lugar a la presunción de ilícitos”, al excluir a empresas nacionales y, en particular, pymes. Y reveló que ministro José Luis Machinea se comunicó con su par Héctor Lombardo para comunicarle las objeciones de Economía.
Ayer el Gobierno se dedicó a enviar señales a las pymes, hasta ahora relegadas en la lista de prioridades oficiales, en la cual figuran al tope el “blindaje” financiero para calmar a los acreedores y seducir, aun a costa de concesiones inexplicables, a las grandes empresas privadas de servicios públicos para que efectúen inversiones millonarias en los próximos años. Primero, el presidente Fernando de la Rúa se reunió con dirigentes pymes para expresarles que en un futuro cercano el Gobierno buscará la forma de facilitarles el acceso al crédito y aliviarles el peso de la carga impositiva (ver aparte). Después, fue el secretario Enrique Martínez, hasta hace poco diputado frepasista disidente, quien tomó la posta, inaugurando una nueva modalidad de gestión, al difundir las denuncias que investiga su área contra importadores y organismos oficiales.
Martínez presentó nueve casos testigo, denunciados por diversas cámaras y empresas, en los que identificó no sólo un perjuicio para la producción local en términos de puestos de trabajo sino también contra el fisco, por detectarse en varios de ellos evasión o elusión impositiva. Los más llamativos son los siguientes:
Por subfacturación aduanera en el rubro textil fueron denunciadas las empresas Tisubel S.A., Kilina S.A., ABC Textil S.A. y Degatex SRL, todas importadoras de productos originarios del sudeste asiático. El informe oficial calcula los daños en “350 puestos de trabajo perdidos y más de 8 millones de pesos en impuestos evadidos”. Martínez solicitó, sin respuesta todavía de la AFIP, inspecciones fiscales a las empresas mencionadas.
Por subfacturación aduanera fueron denunciadas otras 5 empresas importadores de herrajes, que al parecer eran copia de productos nacionales, que se importaban desde China sin identificación de origen. A diferencia del caso anterior, la Aduana ya fijó valores preventivos mínimos de importación y la DGI está haciendo las inspecciones correspondientes.
Se realizó otra denuncia contra 5 importadores de manufacturas de cuero por “serias presunciones de subfacturación”. Se calcula que el costo para la sociedad de esta operación asciende a “más de 130 millones de pesos anuales de impuestos que no se cobran” y “miles de puestos de trabajo perdidos”, dice el informe. En este caso, la AFIP dio lugar al reclamo de la Secretaría Pyme enviando a canal morado (inspección obligatoria) todas las importaciones de este tipo y realizando inspecciones en las empresas denunciadas.
Se consideró fundada la denuncia por subfacturación en la importación de profilácticos por parte de Buhl SA, distribuidor de los preservativos Prime, hoy líderes en el mercado. “Se estima la evasión impositiva en más de un millón de pesos al año”, aseguró el informe y aclara que todas las importaciones de este tipo, de ahora en más, serán observadas especialmente por la Aduana.
Martínez advirtió que existen irregularidades en las licitaciones de vacunas realizadas por el Ministerio de Salud, ya que “excluyen a las pymes”, porque imponen condiciones imposibles de cumplir para los empresarios locales. Concretamente, se exige un plazo de entrega mínimo, de 15 días después de la adjudicación, y se licitan de una sola vez volúmenes de productos que, dado el calendario de vacunaciones, podrían espaciarse a lo largo del año. Según dijo el secretario de Pymes, estas condiciones “pueden dar lugar a ilícitos” y Machinea le habría advertido sobre la cuestión días atrás al ministro de Salud, Héctor Lombardo.

NEGOCIAN UNA SALIDA PARA EL TARIFAZO AL TRANSPORTE
Recorrido de ida y vuelta

“Ya veremos”, contestó, enigmático, Fernando de la Rúa cuando ayer le preguntaron sobre la continuidad de Jorge Kogan al frente de la Secretaría de Transporte. “El ha tenido un buen perfil técnico, pero estamos analizando cuál es la reorganización para fin de año de las distintas áreas”, completó, dejando entreabierta la puerta para el relevo del polémico funcionario. Lo cierto es que, a esta altura, Kogan se ha convertido en una pesada carga para el Gobierno, después de sus explosivas declaraciones a Página/12 y las idas y vueltas del tarifazo en el transporte público.
Si bien la suerte de Kogan parece echada, luego de que el funcionario manifestara a este diario que “los pobres directamente no viajan”, De la Rúa esbozó una tímida defensa del secretario. “Se envenenó por una frase sacada de contexto”, ensayó el jefe de Estado en declaraciones radiales.
Otro de los conflictos que tienen a Kogan como eje es el aumento de las tarifas de trenes, colectivos y subtes, que la Justicia obligó a dar marcha atrás. Al respecto, esta mañana, a las 11, José Luis Machinea y el titular de Transporte se reunirán con Eduardo Mondino, defensor del Pueblo de la Nación, en el Palacio de Hacienda, según confiaron a este diario fuentes del Gobierno. Si bien en forma oficial no dieron los motivos sobre el encuentro, existen varias especulaciones. Una de ellas indicaba que Economía le propondría un acuerdo al defensor para volver a analizar la política tarifaria.
Por ahora, el tarifazo se encuentra suspendido por el juez federal Martín Silva Garretón, aunque aún está pendiente su fallo sobre la cuestión de fondo al planteo de las ligas defensoras de los consumidores. Economía ya apeló la suspensión dictada por Silva Garretón. Al respecto, la determinación correrá por cuenta de la Sala 5 de la Cámara Federal. Tampoco se conoce la decisión del juez federal Osvaldo Guglielmino, quien entiende en la causa abierta por el defensor Mondino.
Mientras la Justicia se toma su tiempo para dictaminar, el incremento de los servicios sigue generando polémica. El diputado socialista Héctor Polino denunció que directores del ente regulador del Transporte (CNRT), encargado de controlar al sector, compartieron sendos almuerzos con directores de las empresas privadas. Según el legislador, los funcionarios “incurrieron en actos incompatibles con la función que deben ejercer”, y reclamó la remoción de todo el directorio de la Comisión Reguladora.

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