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Por Victoria Ginzberg
 Esta semana el Gobierno podría
resolver la situación de los presos por el copamiento del Regimiento
de La Tablada, en huelga de hambre desde hace 114 días. El presidente
Fernando de la Rúa está analizando seriamente otorgar la
conmutación de penas a los detenidos del Movimiento Todos por la
Patria (MTP). Aunque ésa es la medida que parece más fuerte,
aún no se descarta la firma de un decreto que habilite la revisión
de las condenas.
Las posibilidades se analizaron ayer en una reunión en la que estuvieron
el Presidente, el secretario General de la Presidencia, Horacio Jaunarena;
los ministros de Interior, Federico Storani; de Relaciones Exteriores,
Rodríguez Giavarini y de Justicia, Jorge de la Rúa, y el
representante especial de derechos humanos en el área Internacional,
Leandro Despouy. El cónclave continuará hoy.
Durante el fin de semana representantes de la CIDH se comunicaron con
funcionarios del Gobierno y les expresaron su gran preocupación
por la situación de los presos. Los miembros de la Comisión
recordaron que antes de que se expidiera la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo
escribió que “si a pesar de los esfuerzos realizados, las
circunstancias tornaran inevitable la adopción de medidas de carácter
excepcional por parte del Poder Ejecutivo, resulta evidente que ello sólo
tendría justificación una vez comprobado que la acción
o inacción de los otros dos poderes del Estado conducen a éste,
a un irreversible incumplimiento de sus obligaciones internacionales”.
Ahora que la Justicia y el Congreso cerraron las puertas, el Gobierno
pondría en práctica la “adopción de medidas
de carácter excepcional”. Es decir –lo que hasta ahora
está más firme–, la reducción parcial de las
condenas. El ex presidente Carlos Menem adoptó una medida similar
en el caso de Guillermo Maqueda, también juzgado por el ataque
al cuartel de La Tablada (ver aparte). La conmutación cumpliría
con la “reparación” a los presos pedida por la CIDH,
que consideró que todos los asaltantes a La Tablada fueron torturados.
Si bien algunos funcionarios no descartaron la firma de un decreto que
habilite la revisión de las condenas, éste ya fue rechazado
por varios miembros del Gobierno, que lo consideran inconstitucional.
Además, el fallo de la Corte Suprema anticipó su veto. El
mismo Presidente afirmó que “puede haber alguna reducción”
de las condenas y que “no me gusta el decreto de necesidad y urgencia
en temas penales”, aunque sostuvo que este caso está en “el
límite entre lo procesal y lo penal”.
Ayer por la tarde se especulaba que las prisiones perpetuas de los presos
podrían disminuirse a veinte años. De esta forma los detenidos
saldrían en libertad en el 2002, al cumplir dos tercios de la pena
(trece años y cuatro meses). Rodolfo Yanzón, abogado de
los miembros del MTP, aseguró que la huelga de hambre se levantará
sólo con la libertad de los presos y estimó que la pena
debería reducirse a 17 años. De cualquier manera, la libertad
sería otorgada por el juez federal de San Martín Daniel
Cisneros, que es el magistrado de ejecución en este caso.
La decisión de adoptar una posición activa para resolver
el tema de los presos de La Tablada implica un cambio de actitud en el
Gobierno, que después de que se conociera el fallo de la Corte
Suprema había resuelto no tomar ninguna medida. El giro se habría
producido gracias a varios funcionarios que insistieron con el tema –como
Storani y la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti–. También
habrían influido las conversaciones mantenidas con la CIDH y el
pedido humanitario de la Iglesia. El titular de la Conferencia Episcopal
Argentina, Estanislao Karlic, se comunicó con el Presidente para
expresar su preocupación por la vida de los huelguistas, que están
internados en los hospitales Fernández y Santojanni.
Ayer se presentaron dos nuevos recursos judiciales. El abogado Carlos
Díaz interpuso un hábeas corpus “en resguardo del derecho
a la vida” de los huelguistas y el abogado Roberto Boico dirigió
ante la oficina de la OEA un pedido para que la CIDH venga al país
para exigir el cumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica.
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Antecedente
Existe un antecedente de conmutación de penas por el copamiento
al cuartel de La Tablada: en 1994, el Poder Ejecutivo dispuso darle
por cumplida la pena a Guillermo Maqueda, quien había sido
condenado en 1991 por los mismos cargos que el resto de los militantes
del Movimiento Todos por la Patria (MTP). Luego de la sentencia
en su contra, Maqueda elevó en forma individual una queja
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
por considerar que la Cámara Federal de San Martín
lo había juzgado con una “presunción irrefutable
de culpabilidad”. La CIDH elevó entonces un crítico
informe al gobierno argentino por ese proceso, lo que impulsó
al Ejecutivo a conmutarle la pena.
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OPINION
Por Rubén Dri
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El pesebre de la hipocresía
Nuestro Presidente es muy católico como lo fueron todos
los presidentes argentinos y Navidad es la ocasión propicia
para manifestar toda su fe. Nada más adecuado que armar un
pesebre en la casa de gobierno, todos pueden comprobar que nuestro
gobierno es cristiano, cristianísimo.
La experiencia religiosa, sin duda la más profunda de las
experiencias humanas, se expresa en símbolos. Estos son polivalentes,
es decir, expresan una multiplicidad de significados, por lo cual
pueden ser continuamente resignificados. Alrededor de ellos se produce
continuamente una lucha hermenéutica, que acompaña
a los diversos proyectos humanos, religiosos, sociales y políticos.
El pesebre es uno de los símbolos fundantes de la experiencia
religiosa cristiana en la medida en que ésta corresponde
al mensaje de Jesús de Nazaret. Es la comunidad de Lucas
la creadora de este símbolo, que el evangelista expresa de
la siguiente manera: “Cuando estaban María y José
allí, se le cumplieron –a María– los días
de dar a luz y dio a luz a su primogénito. Lo envolvió
en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había
para ellos lugar en la posada”. (Lc 2,7). Pero, además,
inmediatamente se preocupa la narración evangélica
de dar la interpretación del símbolo. Efectivamente,
los ángeles se aparecen a los pastores, pobres entre los
pobres, marginados entre los marginados, anunciándoles: Hoy
nació para ustedes, un salvador, que es el Cristo Señor”.
(Lc 2, 11).
El nacimiento de Jesús en la máxima pobreza, marginado
de la sociedad, es el símbolo del mensaje de liberación
y de vida que surge desde abajo, desde los pobres y marginados.
Jesús nace pobre y marginado, no para legitimar la pobreza
y marginación, o sea, la muerte, sino la vida, expresada
en el símbolo del salvador. Este término tiene el
sentido fuerte de la salvación de la pobreza, de la marginalidad,
de la desnutrición, de la opresión.
Cuando se reinstala el símbolo del pesebre, en consecuencia,
para legitimar una práctica de muerte, se está actuando
con una insoportable hipocresía. La acción del Gobierno,
fiel continuación de la realizada por el gobierno anterior,
obediente a los dictados de la denominada globalización neoliberal,
constituye la implementación del plan genocida urdido por
las grandes corporaciones transnacionales. Su consecuencia es el
desempleo, la marginación, el deterioro de la educación,
en una palabra, la muerte.
Como expresión macabra de esta práctica de muerte,
hoy se deja deliberadamente morir a los presos de La Tablada. Voces
nacionales e internacionales se han elevado, y lo han hecho en todos
los tonos, reclamando una justicia que el Gobierno se obstina en
negar. Colocar un pesebre, el máximo símbolo de vida,
de protesta contra todo proyecto de muerte, y al mismo tiempo dejar
morir a quienes reclaman justicia, es una hipocresía imperdonable.
Como cristianos, como creyentes y como simples ciudadanos protestamos
por el escándalo que nos produce contemplar el símbolo
de la lucha por la vida que es el pesebre, expuesto para legitimar
una práctica de muerte.
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