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La Cámara Federal de Apelaciones deberá decidir qué
juez se queda a cargo de la causa por cohecho y prevaricato contra el
presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno. Un video lo incrimina
en la compraventa de votos en causas de trascendencia económica
que se tramitan en el alto tribunal. El expediente había quedado
a cargo del juez Carlos Liporaci, que se excusó a raíz de
un pedido del abogado Guillermo Ledesma que advertía sobre la posible
parcialidad de su actuación. El juez Gabriel Cavallo –quien
coincidentemente investiga a Liporaci por presunto enriquecimiento ilícito–
rechazó la decisión de su colega, pero decidió retener
el expediente mientras los camaristas resuelven quién de los dos
se lo queda definitivamente.
El riojano Nazareno fue denunciado ante la Justicia por Ledesma, abogado
del empresario Omar Merchan Gómez –accionista de la firma
Biogénesis– en otra causa en la que fueron denunciados penalmente
y ante el Consejo de la Magistratura los jueces de la Sala A de la Cámara
Comercial de Apelaciones Isabel Míguez de Cantore, Julio Peirano
y Manuel Jarazo Veiras. A ellos también se los acusó de
negociar, en su fuero, fallos favorables.
La investigación que tiene como personaje clave al viejo socio
de Carlos Menem quedó radicada en el juzgado de Liporaci, el mismo
juez que investiga los presuntos sobornos pagados a senadores y que, a
su vez, es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito por
su par Gabriel Cavallo y está bajo la lupa del Consejo de la Magistratura,
camino a su posible juicio político por la misma razón.
Liporaci es también quien dejó en libertad al banquero Raúl
Moneta, y después se compró una casa valuada en más
de un millón de dólares. Es el magistrado al que la Corte
perdonó en una resolución a pesar de haberle pinchado la
línea telefónica a un secretario de su propio juzgado. De
todos modos, ahora la Cámara Federal debe decidir quién
se queda con la causa.
En la filmación Nazareno es mencionado por el abogado Edgardo Cantore,
esposo de la camarista Míguez de Cantore, quien está sometida
a un proceso de juicio político. Hay dos diálogos que datan
del 7 y del 22 de junio de este año, cuando Merchan acababa de
perder un juicio en la Sala A y uno de los votos en su contra había
sido firmado por la jueza en cuestión. En la conversación
grabada, el abogado Cantore le explica al empresario cómo se puede
comprar un fallo del máximo tribunal recurriendo a los favores
de un amigo de Nazareno que, según el diálogo registrado,
“tiene la manija en la Corte” y cobra “un porcentaje de
lo que se salva (el litigante), nada más, ni lo coimean ni nada”.
Para ser más didáctico y ofreciéndose a actuar como
intermediario agregó: “¿Usted tiene que pagar un millón
de dólares? Bueno, perfecto, si se salva de pagar eso le dirán
lo que le van a cobrar, pero es un asunto súper delicado”.
Según Ledesma, el amigo de Nazareno que Cantore menciona como “Yayo”
es conocido como Yayo Gómez Prieto.
Después de que la Cámara fallara en su contra, Merchan presentó
un recurso extraordinario ante la misma Sala A. Fue entonces cuando Cantore
le ofreció interceder ante su esposa y le propuso que un conocido
suyo intentara operar sobre el juez Jarazo Veiras. El empresario filmó
algunas entrevistas y finalmente su abogado hizo la denuncia.
El expediente está todavía en manos de Cavallo, pero la
Cámara Federal debe resolver si continuará en su juzgado
o en el de Liporaci. Por lo pronto, se está llevando adelante algunas
medidas ordenadas por el fiscal Eduardo Freiler, que incluye cruces de
llamados telefónicos para determinar la relación entre las
personas implicadas.
ZULEMA
DICE QUE LE PODRIA PEGAR UN TIRO A UN JUEZ
A juntar firmas por Carlitos Jr.
Por Raúl
Kollmann
Ante la inminente decisión
de la Corte Suprema de no reabrir el caso Menem Junior, Zulema Yoma resolvió
salir a la calle, a partir del 15 de febrero, a juntar un millón
de firmas para que se vuelva a poner en marcha la investigación
sobre la muerte de su hijo. Indignada con la Justicia argentina, Yoma
disparó una amenaza dirigida evidentemente contra el principal
instructor de la causa, el juez Carlos Villafuerte Ruzo: “Esto puede
tener consecuencias tales como que le ponga un tiro a un juez”. Lo
cierto es que la ex primera dama continúa su polémica con
el magistrado. Ella sostiene que su hijo sufrió un atentado y que
el helicóptero que pilotaba fue derribado por francotiradores.
Villafuerte Ruzo, en cambio, asegura que hay 47 testigos que manifiestan
que Junior venía volando bajito, en forma arriesgada, y que se
llevó por delante los cables de alta tensión que cruzaban
la ruta.
La negativa de la Corte a reabrir el expediente prácticamente le
cierra a Zulema todas las puertas judiciales en la Argentina. El fallo
del juez fue categórico; la Cámara de Apelaciones convalidó
lo resuelto por el magistrado; la Cámara de Casación también
rechazó la apelación de Yoma y ahora la Corte le daría
el no definitivo. La madre de Carlitos asegura que Menem influyó
en la Justicia, formando una coraza impenetrable, para ocultar que la
muerte de Junior fue producto de compromisos que Menem realizó
durante la campaña electoral y que después incumplió.
“¡Qué puedo esperar de los señores de la Corte
–dijo ayer Yoma–, si uno está emparentado con Hugo Anzorreguy
(se trata de Eduardo Moliné O’Connor) y los otros son de la
línea alfonsinista, socios de Menem en todo. Para llegar al poder,
a veces venden a Dios y a María Santísima y no se dan cuenta
de las consecuencias. Para ser presidente, por esa maldita codicia que
tienen, termina pagando la familia.” Siempre la hipótesis
de Yoma fue que Menem recibió fondos para su campaña electoral
de algún gobierno o grupo islámico, prometiéndoles
a cambio un trato preferencial cuando llegara a la Casa Rosada. Según
Yoma, Menem no cumplió y por eso habrían matado a Carlitos.
Lo cierto es que el fallo de la Corte sólo le deja a la ex primera
dama el camino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), el mismo organismo que hizo las recomendaciones respecto de los
presos de La Tablada. La Comisión ya admitió el reclamo
de Zulema –quien argumentó denegación de justicia en
la Argentina– y le dio vista al Poder Ejecutivo para que hiciera
su descargo. El gran problema es que el caso puede seguir los pasos de
lo ocurrido con los presos de La Tablada: pasar del Legislativo a la Justicia
y de éste al Ejecutivo, sin que nadie se haga cargo de la cuestión.
Para romper ese círculo, Yoma se prepara para lanzar una recolección
de firmas en todo el país. Esto significa que va a poner en marcha
un movimiento, con mesas en las calles, para que la gente firme un pedido
para que se reabra el expediente. Esas firmas serán presentadas
a la Cámara de Diputados y a la de Senadores para que reglamenten
qué sucede con las indicaciones que vienen de los tribunales internacionales.
O sea que Yoma busca una ley que obligue, por ejemplo, al procurador a
pronunciarse sobre una recomendación de la CIDH y que después
todo el trámite no termine empantanado.
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