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Por Manuel Délano *
Desde Santiago
 En un nuevo vuelco del caso
Pinochet, los magistrados de la Corte Suprema chilena, que la semana pasada
habían resuelto que el ex dictador debía ser interrogado
independientemente de los exámenes médicos a que será
sometido, dieron marcha atrás ayer y ordenaron que los exámenes
debían practicarse antes del 9 de enero y que sólo después
de ellos podría el juez Juan Guzmán tomarle la declaración
indagatoria. “A mí no me sorprende nada”, aseguró
Guzmán, quien agregó que todavía debía estudiar
la decisión: “Sólo está claro que se suspende
la declaración indagatoria prevista para mañana”. Entretanto,
el presidente Ricardo Lagos anunció que la próxima semana
convocará al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), que integran
los cuatro comandantes en jefe de las fuerzas armadas y Carabineros junto
con quienes encabezan los poderes del Estado: el presidente, los titulares
del Senado y la Corte Suprema, y el contralor general.
La segunda sala penal de la Corte Suprema resolvió, sin que se
lo pidiera la defensa del ex dictador y en una decisión poco habitual
que implicó revisar un fallo anterior, suspender el interrogatorio
que Guzmán iba a realizar hoy y mañana a Pinochet por los
57 homicidios y 18 secuestros cometidos durante la Caravana de la Muerte,
como escuetamente confirmó el propio magistrado. La votación
fue en los mismos términos y con una similar distribución
de votos a los que esta misma sala había ordenado el interrogatorio:
a favor votaron los magistrados Humberto Espejo, Alfredo Chaigneau, Enrique
Cury y Urbano Marín, y en contra se pronunció José
Luis Pérez.
Para evitar formalmente contradecirse con su resolución anterior,
los magistrados rechazaron la petición de la defensa del ex dictador,
que buscaba en el fondo anular el párrafo de la sentencia anterior
en que ordenaba al magistrado interrogar en un plazo de 20 días,
hasta el 9 de enero, a Pinochet. Eso no impidió que su fallo causara
sorpresa entre los abogados querellantes, quienes interpretaron que el
plazo de 20 días para los exámenes mental y neurológico
rige al igual que en la sentencia anterior, mientras la defensa sostiene
que se deben contar a partir de ayer, es decir, hasta el 15 de enero de
2001. El fallo agrega que si en el plazo no se han efectuado los exámenes,
deberá ser igualmente interrogado.
La abogada querellante Carmen Hertz planteó que “los magistrados
borraron con el codo lo que escribieron con la mano”, aunque de todas
formas valoró positivamente que Pinochet vaya a ser interrogado
por el magistrado después de los exámenes médicos.
Añadió que la resolución estableció un cronograma
distinto para las diligencias al que había planteado el juez Guzmán.
A su vez, otro de los juristas querellantes, Hugo Gutiérrez, afirmó
que “hay una contradicción abismal entre la primera resolución
y ésta”. Por su parte, el jefe del equipo jurídico
del ex dictador, Pablo Rodríguez Grez, sostuvo que la Corte Suprema
fue “categórica” en fijar los exámenes de manera
previa a la declaración indagatoria y anticipó que pedirán
a Guzmán establecer nuevas fechas para los análisis mental
y neurológico en el Hospital Militar, que el magistrado había
fijado para el 22 de enero. Aunque sostuvo que Pinochet está en
condiciones de someterse a los exámenes cuando lo determine el
juez, agregó que “si no existe posibilidad de declarar porque
su estado de salud no se lo permite, nadie está obligado a lo imposible.
Ese es un principio jurídico que aprendemos desde primer año”.
Lagos no puso fecha a la convocatoria al Cosena, aunque dijo que será
la semana que viene. En esa misma semana se cumplirá (el 6 de enero)
el plazo de seis meses estipulado por el acuerdo de la Mesa de Diálogo
entre militares y abogados de derechos humanos para la entrega de información
sobre el paradero de los cerca de 1100 detenidos desaparecidos de la dictadura.
Sin embargo, Lagos descartó que el Cosena vaya a abordar estamateria,
porque ya lo ha conversado con los jefes uniformados y otras autoridades.
Los jefes castrenses le solicitaron a Lagos realizar una reunión
de este organismo –un lastre antidemocrático heredado de la
dictadura– después que Pinochet fuera sometido a proceso por
Guzmán. El presidente cedió a su petición pese a
que previamente había declarado que era inconstitucional convocarlo
para analizar un fallo judicial. Cuando el mandatario accedió,
dijo que sólo fijaría una fecha después de que se
resolvieran los recursos pendientes en la Justicia en este caso.
* De El País de Madrid, especial para Página/12.
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