Por Fernando Cibeira

En una reunión en Olivos, el presidente Fernando de la Rúa les anunció a los gobernadores que hoy firmará el decreto de necesidad y urgencia que pondrá en marcha el Plan de Infraestructura. La iniciativa –que contempla proyectos de obra pública por 20 mil millones de pesos– estaba parada en el Senado, algo que terminó de impacientar al Gobierno, que considera que el plan será el puntal que ayudará a reactivar la economía y bajar el desempleo en el próximo año. Algún gobernador justicialista se quejó porque no se insistiera con la ley pero, en general, aceptaron la decisión de De la Rúa en una reunión en la que prevaleció el tono amable. La nota la dio el gobernador bonaerense, Carlos Ruckauf, quien, como ya se le hizo costumbre, diez minutos antes de que terminara la reunión amagó ir al baño y enfiló derecho hacia las cámaras para informar sobre sus propuestas.
Ruckauf aprovechó también para dar la primicia de la firma del decreto, lo más trascendente que aportó el encuentro de ayer. “Le pedimos que el Ejecutivo garantice transparencia y simultaneidad en la adjudicación de las obras” previstas en el plan, explicó el gobernador bonaerense. El fue quien opinó que sería mejor que el Gobierno hubiera insistido con la ley.
El martes, De la Rúa había anticipado la posibilidad de firmar tres decretos: éste de infraestructura que confirmó ayer, más otro por la reforma previsional y un restante para conmutar las penas de los presos de La Tablada. De esta forma, y en particular luego del blindaje a partir del que prometió el nacimiento de una “nueva etapa” de gestión, el Presidente quiere mostrar un liderazgo político más firme y un estilo administrativo más expeditivo que el utilizado en su primer año de gestión.
En un principio, la reunión con los gobernadores estaba enmarcada en la estrategia de difusión del blindaje financiero que anunció el Gobierno la semana pasada. Luego, como ya se discutían otras cosas de importancia y el blindaje ya estaba perdiendo vigencia, decidieron que también era el ámbito apropiado para discutir el Plan de Infraestructura que los senadores justicialistas habían mandado al freezer como represalia a los vetos que el Ejecutivo hará al Presupuesto 2001. Pero cuando se resolvió sacar el plan por decreto, tampoco tenía mucho sentido discutir el tema con los gobernadores, así que decidieron agregarle a la agenda la negociación por la armonización de impuestos nacionales y provinciales que el Gobierno quiere poner en práctica.
Finalmente, en el encuentro se hizo un mix. De la Rúa hizo una breve apertura en la que anticipó la firma del decreto, luego el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, se refirió a la necesidad de coordinar el reparto de la ayuda social; el ministro de Economía, José Luis Machinea, habló sobre las bondades del blindaje y las buenas perspectivas internacionales que se le abren a la economía, y el ministro del Interior, Federico Storani, se ocupó de la transparencia de gastos y la equiparación salarial de los funcionarios de todo el país. También participó el secretario general de la Presidencia, Horacio Jaunarena. Los gobernadores estuvieron todos, a excepción del cordobés José Manuel De la Sota –se fracturó un pie– y el chubutense José Luis Lizurume, aunque mandaron representantes.
El primer gobernador en hablar fue el sanjuanino Alfredo Avelín, el segundo fue Ruckauf. El gobernador justicialista buscó mostrarse como el más comprometido con la austeridad. “Si la Alianza lo firma, yo cierro el Senado”, se entusiasmó Ruckauf. Según aseguraba un vocero de la Rosada, le salió al cruce un compañero, el salteño Juan Carlos Romero. “Hay que tener cuidado con los discursos demagógicos”, dijo.
Uno de los síntomas que informaban en Gobierno para dar cuenta de que todo había marchado sobre ruedas era que el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, habitualmente crítico con la gestión aliancista, esta vez permaneció callado.
A la salida, los gobernadores informaron que organizarán reuniones bilaterales con el Gobierno para avanzar en los puntos de coincidencia: reforma tributaria, equiparación salarial, simplificación de planes sociales. “Hemos ratificado la necesidad de avanzar en conversaciones bilaterales, ya que cada provincia tiene sus particularidades”, expresó el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner.
Es evidente que a Ruckauf no le gusta pasar desapercibido en este tipo de reuniones que cuentan con importante cobertura periodística. Para la rueda de prensa posterior había quedado establecido que hablarían Storani, un gobernador justicialista –Fellner–, uno de la Alianza –el mendocino Roberto Iglesias, y otro de un partido provincial –el neuquino Jorge Sobisch–. Pero Ruckauf se las ingenió para salir primero y dar su punto de vista sobre lo conversado en el quincho de la residencia presidencial.
Dijo que, a tono con la propuesta elevada hace unos días por el ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez, Colombo deslizó que el Gobierno estudia la posibilidad de unificar la distribución de los planes sociales en una agencia. El gobernador bonaerense redobló la apuesta y dijo que no sólo estaba de acuerdo, sino que también eso permitiría eliminar los ministerios de Desarrollo Social, Trabajo y Educación.
“Algunas medidas que son impactantes no siempre tienen la consecuencia esperada. Fue una exposición personal planteada por Ruckauf que no ha tenido eco. El sabrá las motivaciones que tiene para hacerlo”, dijo el mendocino Iglesias. El neuquino Sobisch opinó que las iniciativas de Ruckauf sólo podían “ser interesantes para una crónica periodística, pero lo que tenemos que discutir es otra cosa”. Storani, uno de los más enojados con Ruckauf, sostuvo que esas propuestas “no tienen sentido” porque el Gobierno ya hizo los esfuerzos necesarios para tener un presupuesto más austero. Mientras los demás hablaban (mal) de él, Ruckauf no escuchaba porque ya se había ido. Total, ya se había encargado de difundir la principal noticia de la reunión.

LOS PERONISTAS QUIEREN EL PLAN DE INFRAESTRUCTURA
Bandera verde para el decreto

Por Fernando Almirón

Mientras para la foto movieron el rostro con gesto adusto de derecha a izquierda diciéndole no a la decisión presidencial de sacar por decreto el Plan de Infraestructura, los gobernadores justicialistas se fueron ayer de Olivos con una sonrisa en el bolsillo. Horas antes de la reunión con Fernando de la Rúa los mandatarios peronistas se encontraron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para ponerse de acuerdo en las demandas y en las propuestas que llevarían a la cumbre. El gobernador bonaerense Carlos Ruckauf fue quien le puso título al documento que reclama un “blindaje social”. Sin embargo, su tratamiento quedó para la agenda del año próximo ya que la reunión se redujo a una serie de breves intervenciones que le dieron marco al objetivo de la convocatoria: bandera verde para sacar por decreto el Plan de Infraestructura que los senadores del PJ se niegan a aprobar.
Los gobernadores justicialistas se encontraban frente a una encrucijada desde que el bloque de senadores de su partido se negó a convertir en ley el Plan de Infraestructura. El proyecto elaborado por el ex ministro Nicolás Gallo contó desde un principio con el apoyo de los mandatarios provinciales que esperan con ansiedad su puesta en marcha para reactivar las alicaídas economías regionales.
Pero no podían desairar a sus representantes en la Cámara alta respaldando abiertamente la salida por decreto del Plan, alternativa que impulsa el gobierno nacional. Entre la necesidad y la consecuencia política, un grupo de gobernadores imaginó una salida salomónica para conformar a unos y a otros. Consistía en que el Ejecutivo promulgara la ley por decreto, pero cuando el Senado ingresara en su período de receso. De este modo, con el Parlamento de vacaciones, se podía justificar la necesidad y urgencia de la medida presidencial.
Los senadores les hicieron llegar a los mandatarios el profundo desagrado que la idea había generado en el cuerpo. Y les reclamaron apoyar su postura argumentando que ésta tenía por objeto presionar al Gobierno para que no sean vetadas las modificaciones incorporadas en la Ley de Presupuesto 2001 en beneficio de los estados provinciales.
“La reunión fue tan pobre que hasta De la Rúa se aburrió”, le comentó a Página/12 uno de los mandatarios que ayer llegaron hasta Olivos. Otros de los testigos del encuentro agregó: “Fuimos para ser informados que el Plan de Infraestructura saldrá por decreto, y nada más. El resto fue todo el pesimismo que tenemos para ser optimistas”.
Los gobernadores del PJ manifestaron su desacuerdo con la decisión del Ejecutivo y argumentaron sus dudas sobre la seguridad jurídica de la medida. “Tanto ellos como nosotros ya nos sabíamos los discursos de antemano”, apuntó un ministro de Economía provincial.
En el tintero quedaron las propuestas elaboradas por los gobernadores del PJ: una reducción de los impuestos distorsivos, la instrumentación de un seguro de desempleo, topes a los salarios de los funcionarios públicos y la eliminación de los Senados provinciales, entre otros temas.
Ruckauf aprovechó la oportunidad para lanzar su más reciente propuesta, sin consenso entre sus pares, que apunta a eliminar los ministerios de Desarrollo Social, Trabajo y Educación para convertirlos en meras agencias gubernamentales. “En realidad es una idea que compartimos con Carlos ‘Chacho’ Alvarez”, ironizó el bonaerense.

Cómo es el decreto que hoy firmará De la Rúa

El Presidente pondrá en marcha por esa vía el Plan de Infraestructura, bloqueado en el Senado de la Nación. La norma pone en marcha un novedoso mecanismo de financiación para realizar obras públicas y prevé inversiones de 2200 millones de pesos para el año que viene. Nicolás Gallo fue el “inventor” del Plan de Infraestructura. Verá su obra desde fuera del Gobierno.

Por Claudio Zlotnik

Finalmente, Fernando de la Rúa firmará hoy el decreto de necesidad y urgencia del Plan de Infraestructura. La decisión, comunicada a la prensa por Carlos Ruckauf, fue tomada luego de que el jefe de Estado recibiera el apoyo explícito de los gobernadores que ayer lo visitaron en la quinta de Olivos. La norma pone en marcha un novedoso mecanismo de financiación para realizar obras públicas, y prevé inversiones de 2200 millones de pesos para el año que viene, sobre un total de 20.500 millones que el Gobierno estima se realizarán en los próximos cinco años. Con la firma del decreto, De la Rúa pone fin al entredicho con el Senado, en donde la ley estaba trabada, y empieza a jugarse una carta fuerte para lograr la demorada reactivación económica. “El crecimiento llegará con la construcción. Este sector va a empujar fuerte la economía”, se entusiasmó José Luis Machinea.
“El decreto no va en contra de la seguridad jurídica porque no se tocan cuestiones impositivas”, señaló Federico Storani, ministro de Interior, al término del encuentro con los mandatarios. De todos modos, y para evitar el rechazo del justicialismo, el Ejecutivo consensuó el contenido del decreto tanto con los gobernadores como con las autoridades máximas del PJ en la Cámara alta.
El Plan de Infraestructura ya contaba con la sanción de Diputados y la aprobación en comisión en el Senado. Pero su aprobación definitiva se empantanó en la última semana debido a que los senadores de la oposición, mayoría en el recinto, reclamaron conocer cuáles serían los vetos que el Ejecutivo aplicará en la Ley de Presupuesto con la intención de rechazarlos en caso de que hubiera desacuerdo. Como De la Rúa desestimó esa posibilidad, la ley de obras públicas quedó trabada. Una situación insostenible para el Gobierno, en medio del estancamiento de la economía. Precisamente, en la Casa Rosada se entusiasman con que el blindaje financiero, junto con el plan de infraestructura, terminen convirtiéndose en los impulsores de la economía.
El plan quinquenal de obras públicas esbozado por el Gobierno a mediados de año contempla inversiones por un total de 20.500 millones de pesos. Ese programa se divide en tres partes. Un tercio de ese monto será aportado por inversiones directas que haga el Estado, y cuya pauta se establecerá, como siempre, en el Presupuesto anual. Otro tercio provendrá de las empresas concesionarias (por ejemplo, Aguas Argentinas estima inyecciones por 1200 millones y se encuentra renegociando su contrato con Economía), y el tercio restante saldrá de un fondo fiduciario. El decreto presidencial tiene la finalidad de crear este fondo que funcionará como una garantía de que las compañías privadas cobrarán por el trabajo realizado.
Para el 2001, el fondo garantizará proyectos viales e hídricos por unos 2200 millones de pesos, según estimó en diálogo con Página/12 Máximo Fioravanti, secretario de Obras Públicas. En total, el año que viene se efectuarán 70 obras. Según detalló el funcionario, algunas de las construcciones se concentrarán en la ruta 81 (Formosa y Salta), la 23 (Río Negro), la 101 (Misiones), la 29 (La Rioja) y la 92 (Santiago del Estero). El cronograma final fue consensuado por Chrystian Colombo, jefe de Gabinete, con los distintos gobernadores. “Los efectos reactivantes del plan empezarán a notarse muy pronto, hacia el segundo trimestre del próximo año”, estimó, ante una consulta de este diario, el diputado oficialista José Recio, titular de la Comisión de Obras Públicas.
¿Cómo funcionará el fondo fiduciario?
El Gobierno estima que durante enero saldrán a licitación las primeras obras del plan, aquellas que los gobernadores y el Ejecutivo consideren como prioritarias. Pero las empresas participantes recién cobrarán su trabajo cuando el proyecto haya terminado y las obras estén en uso. La garantía que los privados tendrán para cobrar proviene del fondo fiduciario, que estará formado por activos estatales (participación accionaria en el Banco Hipotecario y bienes residuales de los ferrocarriles privatizados). Además, contará con el respaldo de los fondos provenientes del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), que operarían en el caso de que el organismo que contrata la obra no pague en la forma prevista. Sólo por este último punto, el Estado podrá garantizar iniciativas por 600 millones de pesos anuales.
La marcha del programa será auditada por tres representantes del gobierno nacional y otros tres de los distritos del interior, y el dinero será administrado por el Banco Nación.
Las empresas que ganen las licitaciones públicas serán aquellas que cobren el canon más bajo, una vez que las obras estén terminadas. Una vez vencida la concesión, las obras pasarán a manos del Estado.
El fondo de garantía será determinante para que las empresas puedan financiarse a bajas tasas de interés.
Las firmas extranjeras sólo podrán participar de aquellos proyectos que superen los 45 millones de pesos, siempre y cuando se asocien a constructoras locales.

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