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Por Javier Lorca
y Cecilia Sosa
 El interminable conflicto por
el CPI está de vuelta. La primera camada de estudiantes de la Facultad
de Medicina (UBA) que en 1995 entró en la universidad a través
del Curso Preuniversitario de Ingreso –pergeñado por el ex
decano menemista Luis Nicolás Ferreira– ya terminó
o está por terminar su carrera. Son miles de alumnos que ahora
se encuentran con que la UBA insiste en que, para graduarse, deben cursar
dos materias del Ciclo Básico Común (CBC). Esa decisión
fue ratificada ayer por el Consejo Superior de la universidad, cuando
se trató un proyecto de la Facultad de Medicina para que se exceptuara
a los 7500 estudiantes que, en total, sufrieron el polémico CPI.
No obstante, hay una noticia a favor de ellos: entre las diversas causas
judiciales iniciadas, ya hay dos fallos favorables a tres mil alumnos,
que se suman a la pesada jurisprudencia que la Corte Suprema sentó
en el mismo sentido. Por eso, el rector Oscar Shuberoff admitió
que extenderá los diplomas. Pero agregó: “Salvo que
me hagan echar, cuando tenga que firmar uno de esos diplomas lo haré
consignando la situación judicial que me obliga y aclarando que
el aspirante no cumplió con las exigencias para graduarse”.
El CPI nació en 1995 y desde entonces fue centro de una ardua disputa
entre Ferreira y Shuberoff, quien siempre proclamó su ilegalidad
y sostuvo que el CBC era el primer año de todas las carreras. A
su vez, el ex decano defendía su dilecto CPI como un modo de restringir
el ingreso y se negaba a aceptar a los alumnos que provenían del
CBC. La disputa se zanjó a medias en 1998, cuando el siguiente
decano, Salomón Schächter, acordó con el rector eliminar
el CPI y consensuar un CBC específico para el área de salud.
Los únicos perjudicados fueron los alumnos que ya habían
hecho el CPI. Una resolución del Consejo Superior dispuso que debían
cursar dos de las materias que integran el CBC (Sociedad y Estado y Pensamiento
Científico). Por eso, más de cinco mil alumnos patrocinados
por el centro de estudiantes recurrieron a la Justicia. En dos causas
obtuvieron sentencias favorables. La UBA presentó recursos de queja,
pero, mientras, los fallos siguen en pie.
“El proceso judicial puede tardar, pero no hay duda de que se va
a resolver a favor de los estudiantes. Es sólo una cuestión
de tiempo”, aseguró a este diario José Lucas Magioncalda,
el abogado del centro estudiantil. “Algunos alumnos con sentencia
favorable, cuando van a tramitar su título, se encuentran con que
el personal no está notificado y les pone trabas –contó
el abogado–. Estamos al borde de iniciar acciones penales porque
la UBA no cumple las disposiciones judiciales”, advirtió Magioncalda,
quien recordó que el conflicto por el CPI ya tuvo un fallo favorable
de la Corte Suprema (en el caso “Monje y otros contra la UBA”).
“Cada vez que la UBA apela gasta más de mil pesos. Está
malgastando el dinero”, agregó. La universidad también
se expone a que lluevan juicios por daños y perjuicios por los
que podría terminar pagando una cifra astronómica.
Ayer, en su última sesión del año, la disputa retornó
al Consejo Superior de la mano de un proyecto impulsado por los consejeros
estudiantiles de la Alianza y por Medicina para exceptuar a los que cursaron
el CPI de cursar el CBC. Los consejeros se dividieron en dos posturas:
“idealistas” y “pragmáticos”. Los primeros,
con Shuberoff a la cabeza, argumentaron que los fallos de la Justicia
son inconstitucionales porque vulneran la autonomía universitaria.
“Un juez no puede establecer cuáles son los planes de estudio
de la universidad”, se dijo.
Los “pragmáticos”, aun cuando aceptaron la “irregularidad”
del fallo y al CBC como único ingreso, optaron por defender a los
estudiantes a quienes llamaron “rehenes” y “mártires”.
Pidieron una “amnistía de excepción” para “saldar
un problema político”. Entre ellos, se alinearon los consejeros
estudiantiles y los decanos de Medicina, Exactas, Socialese Ingeniería.
“Los estudiantes no son responsables del conflicto y, por lo tanto,
no pueden pagar sus costas –dijo a Página/12 el decano Medicina,
Salomón Muchnik–. No sería tan grave darles una excepción.”
Otro argumento lo esgrimió el decano de Derecho, Andrés
D’Alessio, a través de un proyecto de resolución. Allí
se previno que, dado el precedente sentado por la Corte Suprema y pese
a su “evidente error”, “razones de prudente administración
hacen manifiesta la inconveniencia de ignorar... este reiterado criterio
jurisprudencial”. También se indicó que agotar todas
las instancias judiciales supondría para la UBA “una segura
erogación varias veces millonaria”.
Pero la mayoría de los consejeros no opinó lo mismo. Duro,
Shuberoff aseguró que en Medicina “nunca hubo dos formas de
ingreso. Algunos entraron por la ventana”. “Cumpliremos con
los fallos judiciales, pero no tenemos por qué aceptar que un juez
disponga un cambio en los planes de estudios. Es absurdo, carnavalesco.
Significa excederse largamente en sus atribuciones y vulnerar la autonomía
–gruñó–. Aprobar una materia no es una sanción.
Beneficiamos cuando somos exigentes y valorizamos el título.”
Después de las discusiones, la votación contó 12
votos para la postura del rector y 7 para la de Medicina.
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Voces a favor y en
contra
 “La UBA no fue
capaz de intervenir Medicina y muchos alumnos creyeron que el CPI
era válido. Los estudiantes no pueden ser rehenes de esta
situación. Hay que exceptuarlos de cursar el CBC”, dijo
Fortunato Mallimaci, decano de Sociales.
“Los alumnos no
pueden ser considerados víctimas. A los 18 años están
en condiciones de votar. La UBA en su momento dio a conocer por
todos los medios que el CBC era el primer año de la carrera”,
retrucó Susana Mirande, vicerrectora.
“Exceptuar a los
estudiantes es lo que menos perjuicios le va a producir a la UBA
frente a una posible ola de juicios. Sería en carácter
excepcional frente a un conflicto político del que ellos
no forman parte”, apuntó Mariano Heller, consejero estudiantil.
“No estoy con la
amnistía. Me parece injusto para los que cumplieron. No hay
rehenes, hay alumnos que no cumplieron con un plan de estudios”,
dijo Aníbal Franco, decano de Veterinarias.
“Hay que pensar
en los estudiantes y en los fallos judiciales que seguramente vamos
a perder, y dar una amnistía para que no se vuelva a plantear
esta cuestión”, argumentó Carlos Raffo, decano
de Ingeniería.
“Si la UBA acepta
esto, deberá aceptar todo fallo que se entrometa en los planes
de estudio de cualquier carrera. Perdería toda credibilidad”,
dijo Máximo Giglio, decano de Odontología.
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Para
el tiempo libre... (si queda)
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Festival. Mañana, desde las 18, en el Parque Centenario,
dentro del festival Hacerock tocarán Turf, Superratones, Grandprix
y Menos que cero. Organizan la Dirección de la Juventud de
la ciudad y estudiantes de Sociales.
Becas. Hasta el 31 de enero la Fundación Konrad Adenauer
tiene abierta la inscripción para las becas para cursar posgrados
en Alemania. Informes: Leandro N. Alem 690, piso 20º, [email protected].
Inclusión. La UCES presenta hoy, a las 18.30, un programa
para promover la inclusión social de jóvenes sin trabajo
ni estudios. En Paraguay 1457, 4815-3290 (int. 684).
Medios. El Instituto de Tecnología ORT inscribe para
la carrera de Producción integral de medios audiovisuales.
En Avenida del Libertador 6795, 4789-6500.
Padrinos. El portal oficial Educ.ar convoca a empresas, particulares
y fundaciones a participar de sus programas de padrinazgo de escuelas.
Informes en www.educ.ar.
Textos. La Facultad de Lenguas de la Universidad de Córdoba
dicta en verano un curso a distancia de producción de textos
escritos en español e inglés. Informes: Vélez
Sarsfield 187 (Córdoba), 0351-4331073/75; [email protected].
Concurso. El Escriba organiza el concurso Literatura caliente.
Informes: 4865-5343. |
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OPINION
Por Adriana Puiggrós*
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Con la gratuidad no
alcanza
La discusión sobre la gratuidad de la enseñanza superior
no debería desplegarse sobre supuestos fundamentalistas.
Desgajada de la realidad económica y social, esa discusión
no tiene destino. Más fructífero es preguntarse si
aquellas familias que con dificultad consiguieron que sus hijos
terminaran la escuela media están en condiciones de pagar
un arancel universitario. Dada la obvia respuesta negativa de la
gran mayoría, debe entonces interrogarse la sociedad si necesitará
técnicos y profesionales, cuántos y en qué
áreas. Hay una respuesta que puede sintetizarse en la frase
“solo vale la pena invertir en los mejores”. Otra contempla
la responsabilidad de la generación adulta y dirigente de
dotar al conjunto de los jóvenes de los mejores instrumentos
para que luchen por un lugar –personal y colectivo– en
la difícil sociedad nacional e internacional actual.
Sumemos argumentos: un arancel de 100 pesos por mes sólo
cubriría cerca del 15 por ciento del presupuesto universitario
y provocaría la deserción de un 40 por ciento de los
alumnos, que irían, frustrados, a la calle. El costo político
y social es incalculable. La Constitución establece la gratuidad
de la enseñanza pública y la Ley de Educación
Superior dejaba abierta la posibilidad de fijar aranceles obligatorios
en los estudios de grado. Para reparar esa incongruencia, presentamos
el proyecto de inclusión de un nuevo inciso en la ley, que
permite a los jóvenes realizar estudios exentos de aranceles
y fue aprobado por la Cámara de Diputados.
Sin embargo, esa mejora no alcanza. Tal como planteó el programa
de la Alianza y ratificó el ministro de Educación,
es necesaria una profunda reforma de la educación superior.
Hay que potenciar los terciarios y establecer sistemas de créditos
que faciliten su articulación con las universidades, como
parte de una reforma curricular que abarque el conjunto. Es necesario
conectar la educación superior en el interior del país
y vincularla con las redes educativas del Mercosur. La distribución
de los aspirantes a ingresar a ese nivel en las instituciones, áreas
y especialidades debe ser planificada y orientada según necesidades
nacionales y regionales, posibilidades institucionales, demandas
de los jóvenes y prospectiva de la cultura, la ciencia, la
tecnología.
Por otra parte, hay que construir una nueva ecuación que
supere el ahogo presupuestario de las universidades, que en los
últimos años ha superado el límite de lo tolerable.
Se trata de buscar fuentes complementarias del principal aporte,
que debe seguir siendo del Estado: a) puede estudiarse la posible
devolución de los graduados de la inversión hecha
durante su formación. Parte de ella es apropiación
pública y parte es apropiación individual y privada,
y muchos países han usado exitosamente vías de reintegro
de esta última; b) el incremento de los convenios entre instituciones
de nivel superior y empresas, que deben resguardar la primacía
de lo pedagógico sobre el interés empresarial; c)
la prioridad de las instituciones públicas de nivel superior
como proveedoras y consultoras de los organismos del Estado: a igual
oferta científica y tecnológica, los entes públicos
deberán optar por las universidades; d) el impulso a las
inversiones privadas en instituciones educativas y de investigación
y desarrollo amparados por normas de desgravación impositiva.
Finalmente, debe decirse, una vez más, que la próxima
reforma de la legislación de educación superior deberá
apoyarse en un amplio debate y contar con suficiente consenso para
lograr la legitimidad que requerirá su aplicación.
* Diputada nacional (Alianza-Frepaso).
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