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Por Fernando Cibeira
 Ultimo día hábil
del año. El común de la gente piensa por estas horas en
cómo recibirá el 2001, mientras evalúa la posibilidad
de tomarse unos días de vacaciones o, al menos, medita sobre la
mejor forma de soportar los meses de calor. En la Casa Rosada, en cambio,
las urgencias pasan por otro lado. El presidente Fernando de la Rúa
firmaría hoy cinco decretos, todos ellos de importancia y que generarán
reacciones de variado tenor: reforma previsional, desregulación
de obras sociales, Plan de Infraestructura, conmutación de penas
a los presos de La Tablada y los vetos al Presupuesto. Con estos modos
expeditivos, el Presidente quiere demostrar que está dispuesto
a pagar los costos necesarios para asumir el liderazgo político
de la “nueva etapa”, época que prometió inaugurada
junto con el otorgamiento del blindaje financiero.
El jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, llegaba apurado a la Rosada para
iniciar una larga ronda de encuentros de trabajo y adelantó la
decisión de De la Rúa. “Denlo por hecho, seguramente
mañana van a estar todos”, respondió cuando le preguntaron
por los decretos. Luego subió al despacho presidencial y anduvo
de reunión en reunión hasta entrada la noche. Por allí
anduvieron el ministro de Economía, José Luis Machinea,
el de Interior, Federico Storani, el de Justicia, Jorge de la Rúa,
la de Trabajo, Patricia Bullrich, y el secretario de Legal y Técnica,
Virgilio Loiácono, un funcionario de bajo perfil que se vuelve
imprescindible si se trata de firmar decretos.
Un secretario de Estado de acceso frecuente al despacho presidencial sintetizaba
cuál era la lectura que la gestión aliancista quería
que se hiciera del uso abusivo de la lapicera que De la Rúa tiene
previsto para hoy. “El Presidente no va a permitir que le paren el
país”, explicaba, con un argumento no muy lejano al que utilizaba
el menemismo en circunstancias por el estilo.
El funcionario agregaba que a De la Rúa no le habían dejado
más opción y que, de última, no tenía responsabilidad
por los decretos. “En el caso del plan de infraestructura el problema
fue de las provincias, con la reforma previsional el Congreso y con lo
de La Tablada fueron el Congreso y la Corte Suprema”, sostenía.
Y agregaba una frase perfumada del credo de la nueva etapa: “Hay
que ser ejecutivo y rápido”. El secretario de Estado justificaba
tanta premura –en un Gobierno que siempre se movió al ritmo
mesurado que le gusta cultivar al Presidente– en que la inmediata
puesta en marcha de las medidas era fundamental para el demorado despegue
económico del país. Y mencionaban el caso de las obras públicas
incluidas en el Plan de Infraestructura que esperan ser licitadas en febrero.
Todavía no estaba claro si el Gobierno prepararía hoy algún
escenario para que De la Rúa anuncie las medidas. Es que, en verdad,
había decretos que ya estaban listos ayer –como el Plan de
Infraestructura que el Presidente les había anticipado a los gobernadores
en un encuentro en Olivos– y se postergaron para que salgan todas
juntas simulando un paquete, aunque se trate de temas bien diferentes.
Anoche no sabían si llegarían a tiempo para redactar los
vetos al Presupuesto.
De los cinco decretos, el que le provocará a De la Rúa más
dolores de cabeza es el de la reforma previsional, que es rechazada por
el Frepaso, un dato que el propio Carlos “Chacho” Alvarez se
encargó de hacerle saber al Presidente en la cumbre que mantuvieron
la semana pasada (ver página 5). Entre otras cosas, la reforma
establece el aumento de la edad jubilatoria para las mujeres, reduce la
prestación básica y limita el sistema de reparto.
En cada reunión en la que legisladores oficialistas y del Frepaso
le plantearon sus objeciones, el Presidente respondió lo mismo:
que la reforma era una de las condiciones que los organismos de crédito
internacionales habían puesto para conceder el blindaje y que sin
ley no habría ayuda financiera. La ministra de Trabajo, Patricia
Bullrich, echó mano ayer al mismo argumento: “Si el Presidente
tiene que tomar otradecisión la va a tomar porque primero de todo
está al país y necesitamos que el blindaje financiero se
fortalezca para que la Argentina crezca”. Si bien aceptó que
la decisión era “discutible”, la ministra consideró
que de igual manera era discutible que “el Poder Legislativo tenga
en sus manos un proyecto y no discuta”.
Incluso, permanecía latente la posibilidad de que un grupo de diputados
del oficialismo objete el decreto en el Congreso. “Esa posibilidad
existe”, admitían anoche cerca de Colombo. “Pero lo que
el Frepaso tiene que entender es que el blindaje corre peligro en serio.
Machinea ya se lo explicó varias veces a Chacho, pero parece que
no le cree”, agregaban.
Políticamente, la reforma previsional será la medida más
cuestionada tanto dentro como fuera de la Alianza, pero cada uno de los
decretos tendrá su facción de detractores. Los sindicatos
en el caso de la desregulación de las obras sociales (ver página
6), los militares para la conmutación de penas a los presos de
La Tablada (páginas 8 y 9) y el justicialismo por los vetos al
Presupuesto. Pero por estos días eso ya no condiciona a De la Rúa,
que parece haber optado por que le endilguen cierto autoritarismo a que
persistan las dudas sobre sus condiciones de líder. “El Presidente
está haciendo lo que tiene que hacer”, respondía anoche
uno de los encargados de la comunicación del Gobierno.
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OPINION
Por Mario Wainfeld
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Cuestión de imagen
A pocos meses de instalarse la Alianza en la Rosada, las encuestas
de opinión arrojaban un dato llamativo: la imagen del Presidente
era sideralmente mejor que la de su gobierno. El entorno más
cercano de Fernando de la Rúa (su hijo Antonio, Fernando
de Santibañes, Ramiro Agulla entre otros) lo celebraban como
una prueba de su liderazgo, como un triunfo en cualquier interna.
Los consultores más avezados y los políticos idem
le advertían un riesgo evidente: esa distancia era insostenible
en el tiempo. La evaluación de la gestión y de su
número uno propendían a converger en un plazo no muy
largo. Como la lógica política tiende a confirmar
ciertas leyes de Murphy, convergerían del peor modo, en el
escalón más bajo. El tiempo demostró quiénes
tenían razón.
La lentitud, falta de decisión, el formalismo, los titubeos
no se atribuyen ya al gabinete o a la Alianza sino al propio De
la Rúa. Eso, sumado al estancamiento económico, le
deja al Gobierno y al propio Presidente el saldo de un año
que suena a perdido. El blindaje financiero es para la administración
aliancista una segunda oportunidad. La última, asumen todos
los oficialistas.
El blindaje obró un efecto virtuoso y uno crítico
sobre el Gobierno que en el fondo son dos caras de una misma moneda.
El virtuoso: renovó su autoestima, en especial la del equipo
económico (que se jacta de haber logrado un salvataje financiero
como si hubiera conseguido algún efecto tangible para la
gente de carne y hueso) y la presidencial.
El crítico es que ese logro renovó las tendencias
centrífugas e internistas que han dominado la Alianza. Para
muchos delarruistas de ley (entre ellos los mencionados en el primer
párrafo) el blindaje no es el triunfo de la Alianza, sino
de sus integrantes que siguen en el Gobierno, básicamente
de José Luis Machinea, Chrystian Colombo y el propio Presidente.
“Acá no debe haber amnesia. El blindaje es nuestro y
no de Chacho”, repitieron ante este diario un importante operador
del Presidente y dos altos funcionarios del gabinete. La relativa
calma interna de la Alianza ulterior al 6 de octubre, día
de la renuncia del vicepresidente, no es interpretada por este sector
como una sabiduría colectiva (así fuera hija bastarda
de la necesidad) sino como una tregua en la búsqueda de la
consolidación de un férreo poder presidencial. Y la
llegada del blindaje que suponen padre legítimo de crecimiento
y fomento de empleo futuros mas no remotos, es la oportunidad para
revitalizar la imagen presidencial.
De la Rúa se ha lanzado en los últimos días
a recuperar el centro de la escena. Nadie podrá decir que
en diciembre fue una figura pasiva o ausente de los medios. Protagonismo
excluyente que redondeó entre ayer y hoy poniéndoles
la firma a cinco iniciativas políticas más que importantes:
el cupo femenino, el régimen de infraestructura, la reforma
previsional, el veto parcial al Presupuesto, la conmutación
de penas de los presos del MTP. Algunas son tal vez tardías.
En cualquier caso trasuntan decisión y ansiedad de recuperar
el centro del ring.
Tres de ellas anticipan surtidos frentes de tormenta. De menor a
mayor:
 La conmutación
herirá el orgullo de las Fuerzas Armadas. Nada sugiere que
su reacción exceda comunicados de sus voceros más
calificados, incluido el ministro de Defensa Ricardo López
Murphy.
La desregulación
de las obras sociales detonó reacciones sindicales, atizando
un frente de tormenta que ya existe.
La reforma previsional
parece abrir un casus belli con el Frepaso, cuyo líder Alvarez
reiteró anteayer mismo que su fuerza no avalará esa
medida, que interpreta como una sobreactuación del equipo
Machinea frente a los organismos internacionales de crédito.
El conflicto interno pinta como el más riesgoso, a la luz
de los precedentes de una coalición que ha manejado pésimamente
–en el límite de carecer de sentido de la autopreservación–
su convivencia interna. Habrá que ver si radicales y frepasistas
saben procesar el debate que ha disparado la reforma previsional.
Esto es, si se manejarán en el nuevoescenario (el abierto
por el blindaje y el decisionismo presidencial) capitalizando la
experiencia de un año o si repetirán sus errores del
pasado. Entre otros, el de creer que es posible hacer volar por
el cielo la imagen presidencial, lejos, muy lejos, de la del conjunto
de la Alianza y de la gestión de su gobierno.
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Una
reforma previsional a sola
firma y a espaldas del Frepaso
De la Rúa ya eligió la vía del decretazo para los cambios
al régimen jubilatorio. El Frepaso amenaza con anularlos por
ley.
José
Luis Machinea, ministro de Economía, ganó una batalla personal
y podrá cumplir con el FMI.
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Por David Cufré
La disminución de las
futuras jubilaciones de más de 300 pesos y el aumento de la edad
jubilatoria de la mujer son los componentes centrales de la reforma previsional
que el Gobierno sancionará hoy por decreto de necesidad y urgencia.
Después de largos cabildeos, Fernando de la Rúa se inclinó
por esa vía y dejó de lado al Congreso para la discusión
de una medida trascendental. Esa decisión ensancha la grieta que
divide al radicalismo del Frepaso, y podría desatar una crisis
de final imprevisible. José Luis Machinea celebró como un
triunfo personal haber logrado imponer su posición, que fue apuntalada
por el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y la ministra de Trabajo,
Patricia Bullrich. El Gobierno justificó la apelación al
decreto por la demora del Congreso a tratar la ley, lo que de acuerdo
a De la Rúa generaba un conflicto con el FMI para acceder al blindaje
financiero. El diputado frepasista José Vitar, quien suele actuar
como portavoz de Chacho Alvarez, ratificó que el Frepaso “analiza
la posibilidad de derogar el decreto” a través de una ley
del Congreso.
Un equipo del Gobierno, encabezado por Bullrich y el secretario de Seguridad
Social, Jorge Sanmartino, y el diputado Eduardo Santín, referente
del radicalismo en el Congreso en materia previsional, seguían
trabajando anoche en la redacción final del decreto. El Ejecutivo
optó por consensuar la iniciativa sólo con los legisladores
radicales, en vista de la firme oposición del Frepaso a aspectos
clave de la reforma. El titular del radicalismo, Raúl Alfonsín,
dio su aval a la búsqueda de un proyecto consensuado entre el Gobierno
y los diputados del partido. El texto definitivo dependerá de la
elección que haga De la Rúa entre distintas propuestas,
presentadas por Machinea y Bullrich, por un lado, y Santín, por
el otro. Las ideas principales de los primeros son las siguientes:
Eliminación de la PBU
(Prestación Básica Universal) para todas las jubilaciones
futuras a partir de 800 pesos.
Las personas que se jubilen
con haberes de entre 300 y 800 pesos cobrarán una nueva Prestación
Suplementaria, aunque inferior a los 200 pesos de la PBU.
El Estado garantiza una jubilación
mínima de 300 pesos, y una asignación de 100 pesos a los
mayores de 70 años que no hayan completado sus aportes previsionales.
La edad jubilatoria de la mujer
seguirá siendo optativa, pero sólo las que se retiren a
los 65 años tendrán derecho a la Prestación Suplementaria
y al haber mínimo de 300 pesos.
Por su parte, Santín elevó el siguiente proyecto:
La PBU se suprime para las
jubilaciones superiores a 1000 pesos.
Los aportes de la Prestación
Suplementaria que cobrarán quienes ganen entre 300 y 1000 pesos
serán superiores a los planteados por Economía.
Las personas que hayan aportado
por menos de 10 años cobrarán una asignación de 100
pesos. Los que aportaron más de 10 y menos de 30 años percibirán
una jubilación proporcional, con un piso de 150 pesos.
Las mujeres deberán
trabajar hasta los 65 años para acceder al ciento por ciento de
la jubilación por la que hayan aportado. Si se jubilan entre los
60 y los 64 años –opción que seguirá habilitada–
tendrán una quita del 3 por ciento en su haber por cada año
faltante hasta los 65. Pero recuperarán la diferencia al alcanzar
esa última edad. Por ejemplo, si una mujer se retira a los 60 años,
cobrará 15 por ciento menos, pero a los 65 pasará a cobrar
la jubilación plena. Esto será sólo para las aportantes
al régimen estatal, dado que en las AFJP las personas cobran de
acuerdo a lo que capitalizaron.
La única definición que anoche se daba como firme era la
no derogación del régimen de reparto, que seguirá
vigente. La diputada frepasista María América González,
presidenta de la Comisión de Previsión de Diputados, era
ayer una de las más indignadas por la decisión del Gobierno
de cerrar la negociación con el Frepaso –negociación
que duró sólo un día– por unproyecto común
con el Gobierno, y sancionar la reforma por decreto. “Bullrich miente
descaradamente cuando dice que no quisimos tratar la ley en el Congreso.
El proyecto oficial ingresó el 27 de noviembre y estuvimos todo
diciembre sacando de apuro otras leyes que pedía el Ejecutivo”,
protestó González, quien ratificó que el Frepaso
intentaría derogar el decreto a través de una ley.
FONDO
DE GARANTIA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Cómo conseguir fondos de un plumazo
Impotente ante
la resistencia del Senado, el Poder Ejecutivo resolvió apelar también
a un decreto de necesidad y urgencia para crear un fondo de garantía
que permitiría bajar el precio de las próximas obras públicas.
Hasta anoche, los legisladores oficialistas se disponían a aceptar
el decreto sin resistencias, esperanzados de que éste reproduciría
en detalle lo aprobado por Diputados, incluido un anexo con el detalle
de las obras a ejecutar en cada provincia.
La oposición de los senadores a este texto vino por doble vía.
Una, porque querían introducir una serie de modificaciones con
el propósito de robustecer el control provincial sobre el fondo.
Otra, porque pretendían conseguir la promesa del Gobierno de que
no vetaría varios artículos del Presupuesto que involucran
sensibles intereses del interior, como el de las provincias tabacaleras
o las que tienen regímenes de promoción. Pero también
en este caso el Gobierno optó por la vía del decreto.
Los legisladores tienen en su contra el propio afán de sus gobernadores
para que ese stock de obras públicas comience a ejecutarse lo antes
posible. Según la previsión oficial, en el 2001 habría
emprendimientos por algo más de 2000 millones de dólares,
sobre los 7000 que sumaría el fondo. Hasta ahora, el afán
de los mandatarios provinciales se concentró en conseguir que se
reconociera como prioritaria en su provincia aquella obra que por la razón
que fuere le interesaba realizar antes. La pretensión de los senadores
de que las administraciones federales tengan más participación
en el manejo del fondo resultaba casi desmedida ante la urgencia de que
se licite cuanto antes lo que sea.
El proyecto conocido como de Infraestructura ya fue drásticamente
modificado en Diputados, donde los legisladores consiguieron, entre otros
cambios, limitar el monto de las obras que serían reservadas a
las empresas nacionales. También dispusieron que se respetara la
ley de Compre Nacional en las subcontrataciones, reservaron un lugar para
las pymes y para los trabajadores nativos o nacionalizados. Condiciones
que, supuestamente, el decreto que se conocerá hoy respetaría.
Pero el Senado introdujo algunos retoques, con el afán de elevar
de 1 a 3 los directores del fondo que deben designar las provincias; que
el efectivo fuera sólo depositado en bancos oficiales y que las
decisiones tomadas en el marco de este régimen de garantías
sean “judiciables”, es decir, que puedan realizarse pleitos
objetando cómo y por cuánto se llevó a cabo una obra,
vía que aquel proyecto prohíbe expresamente.
El inminente decreto pretende crear el denominado sistema inglés,
por el cual las futuras obras públicas serán pagadas en
cuotas desde que termine su ejecución. El fondo serviría
para garantizar ese pago y, por lo tanto, para que el Tesoro consiga menores
tasas de interés.
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