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Por Cledis Candelaresi
 El maratón de decretos
oficiales incluye el que vetará total o parcialmente varios artículos
de la Ley de Presupuesto, básicamente los añadidos por el
Senado. Entre los párrafos que Fernando de la Rúa se dispone
a censurar está el que pretende habilitar un aumento para los empleados
públicos de reparticiones que consigan algún ahorro en el
próximo ejercicio. Sin embargo, este régimen de premios
para estimular a funcionarios austeros sería nuevamente propuesto
por el propio gobierno a través de una iniciativa parlamentaria
que Jefatura de Gabinete girará en breve. Los legisladores están
dispuestos a acatar esta y otras órdenes presidenciales, reservando
sus fuerzas para bloquear el decreto de reforma previsional.
Los vetos al Presupuesto fueron discutidos durante el fin de semana entre
legisladores de la oposición y el jefe de Gabinete, sin lograr
aunar criterios. La brecha se acentuó el lunes, cuando Chrystian
Colombo se comunicó telefónicamente con el titular de la
bancada oficialista, José Luis Gioja, para pedirle que junto a
sus pares resigne los cambios que intentaba introducir al proyecto que
crea un fondo fiduciario para financiar parte del Plan de Infraestructura.
Los legisladores se plantaron en el no, en rigor, más preocupados
por los inminentes recortes al texto presupuestario que al que servirá
para impulsar un plan de obras públicas. Para los senadores, esta
iniciativa sería sólo una moneda de cambio: resignarían
sus modificaciones a condición que De la Rúa no toque ninguno
de los artículos del Presupuesto modificados por la Cámara
alta. Del otro lado, el Presidente y José Luis Machinea se mantuvieron
igualmente intransigentes y pusieron manos a la obra para rebanar, al
menos, estos puntos de la ley que distribuye los recursos.
 Parte del artículo 18.
Con anuencia del radicalismo, el Senado introdujo un párrafo que
autoriza a cada repartición pública que consiga gastar menos
de lo presupuestado utilizar ese ahorro para recomponer salarios de su
personal, empezando por los sueldos más bajos. “Se corre el
riesgo de cometer alguna inequidad”, objetó ayer De la Rúa,
aludiendo a la probabilidad de que muchos organismos del Estado no puedan
ahorrar nada, por más esfuerzos que hagan. “Contraría
nuestro propósito de bajar el gasto, ya que todo lo que se consiga
reducir por un lado, automáticamente subiría por el otro”,
se sinceraba ayer ante Página/12 el secretario de Programación
Económica, Miguel Bein.
En realidad, esa cláusula reproducía casi a pie juntillas
un añadido que los diputados aliancistas intentaron realizar en
el recinto al artículo 58, finalmente erradicado del Presupuesto:
el argumento fue que podría propiciar una purga de agentes estatales.
Según informó ayer el vocero presidencial, Ricardo Ostuni,
el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto que intenta
perfeccionar el sistema de estímulos para los agentes estatales,
pero condicionando cualquier recomposición salarial a un aumento
de los recursos totales del Tesoro.
La decisión senatorial
de destinar a las provincias promocionadas el 10 por ciento de todo lo
que se consiga recaudar por el cobro anticipado de diferimientos (régimen
que permite postergar el pago de impuestos para ciertos emprendimientos).
Diputados había votado un texto menos generoso para esas provincias,
que sólo conseguirían capturar el 40 por ciento de lo que
se recaude por encima de unos 350 millones de pesos presupuestados por
Economía.
La facultad de las provincias
tabacaleras de capturar todo lo que se recaude por el Fondo del Tabaco,
como dispuso el Congreso. Economía ya resignó su voluntad
de reducir a la mitad esa subvención, pero no está dispuesta
a ceder íntegramente lo que consiga embolsar por este concepto.
Tampoco sobrevivirán algunas otros llamativos agregados de última
hora. Por ejemplo, el que en forma imprecisa habilita a la Fuerza AéreaArgentina
a gastar todo lo necesario para su buen funcionamiento como controladora
del espacio aéreo, sin especificar topes ni siquiera valores de
referencia.
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