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A través de un durísimo comunicado de Presidencia, Fernando
de la Rúa informó que ayer rechazó la renuncia que
le había presentado la viceministra del Interior, la frepasista
Nilda Garré, aunque le advirtió que “como integrante
del Poder Ejecutivo debía observar la unidad de criterio del Gobierno
como conjunto y no interferir en las acciones de otras áreas”.
La polémica surgió el jueves pasado, cuando Garré
envió al Senado una nota –con membrete del ministerio–
en la que solicitaba el rechazo de los pliegos de ascenso de militares
cuestionados por violaciones a los derechos humanos y por haber apoyado
el alzamiento de Semana Santa. Pliegos que había enviado el propio
Gobierno.
Según el comunicado, el Presidente y Garré se reunieron
ayer en la Casa Rosada para comentar un escrito que la funcionaria le
había enviado esta semana, en que explicaba su decisión
de objetar los ascensos militares. En la nota que le entregó a
De la Rúa, la frepasista indicó que entendía que
su obligación como ciudadana, miembro de la Alianza e integrante
del Poder Ejecutivo, es “contribuir a fortalecer su investidura”.
La ex diputada dijo que, a su entender, la decisión de advertir
al Senado contribuía a la “consolidación de la democracia
y al prestigio de las Fuerzas Armadas”, aunque reconoció que
“por la función que ocupo no fue la vía más
adecuada”. Finalmente, Garré sostuvo que no fue intención
“afectar” la autoridad presidencial, por lo cual “pone
su cargo a disposición del Presidente”.
El comunicado oficial sostiene que durante el encuentro De la Rúa
señaló el “efecto negativo” que provocó
la carta que envió al Senado y la instó a no distorsionar
las decisiones del Ejecutivo. “Sin embargo y atento a sus explicaciones,
el Presidente rechazó su renuncia y le pidió que continuara
en funciones respetando los antedichos criterios”.
Fue la culminación de una historia que empezó la semana
pasada. El jueves, el Senado se preparaba para tratar los pliegos de ascensos
de 181 militares cuando llegó una carta firmada por Garré.
“Deseo expresarle mi posición para exhortarlo a denegar las
promociones propuestas para quienes han resultado cuestionados por violar
los derechos humanos o atentar contra nuestras instituciones democráticas”,
señalaba.
La carta provocó el enojo de los senadores radicales y peronistas,
que días antes habían escuchado al ministro de Justicia,
Jorge de la Rúa, defendiendo los pliegos. Aunque, desconcertados,
los senadores pospusieron la sesión, al día siguiente aprobaron
los ascensos de 176 militares, incluidos cuatro acusados de participar
de la rebelión carapintada de Semana Santa de 1987. En todo caso,
la carta de Garré sirvió para que los senadores pospusieran
hasta marzo la evaluación de otros cuatro militares acusados de
violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
La reunión de ayer –y la decisión de difundirla a través
de un comunicado oficial– demuestran el enojo que le provocó
a De la Rúa la decisión de la frepasista. Ex diputada nacional,
Garré ingresó al Gobierno junto a otros funcionarios de
su partido luego de la renuncia de Carlos “Chacho” Alvarez,
como parte del proceso de recomposición de la Alianza. Es, después
de Graciela Fernández Meijide, la segunda funcionaria frepasista
más importante del Gobierno.
REPUDIO
DE LA IZQUIERDA AL MINISTRO STORANI
Fredi, “el discípulo de Corach”
“No hay peor fascista que
un burgués asustado”, dijo de él Raúl Castells,
el dirigente de los jubilados recientemente liberado. Pero ése
fue sólo uno de los calificativos que recibió el ministro
del Interior, Federico Storani, de parte de los dirigentes de las fuerzas
de izquierda. Ayer, en forma unánime, los líderes del Partido
Obrero, Izquierda Unida, Patria Libre y la Corriente Clasista y Combativa
lo criticaron con dureza, uno hasta llegó a llamarlo “el discípulo
de Corach”. La razón: el miércoles, Storani aseguró
que muchos piqueteros son “activistas políticos” que
“viajan en avión” y los había involucrado en un
plan para “desestabilizar al Gobierno”. Esas afirmaciones provocaron
una enorme irritación en todo el arco político de izquierda,
que ayer se unió para reclamar el “cese de actitudes intimidatorias,
la plena vigencia del derecho de reunión y la sanción a
los responsables de esta campaña represiva”.
Desde la Legislatura, el diputado porteño Jorge Altamira (PO) encabezó
el repudio: impulsó una declaración contra el ministro,
que fue firmada por 11 legisladores. Además, manifestó su
alarma porque se “está intimidando la organización
de reuniones. Si vos hacés una reunión, ya sos un subversivo”.
Luego se quejó porque desde Interior acusaron a su fuerza de participar
en el supuesto plan para “limar la gobernabilidad”. “Están
prefabricando pruebas para hacer frente a un período de gran movilización
social”, imputó.
“Es el discípulo de Corach”, afirmó a este diario
Humberto Tumini, de Patria Libre, en referencia a Storani. “Es todo
carne podrida, se han copiado de los mismos métodos discursivos
de la dictadura”, despotricó, después de negar que
su partido haya asistido a un “cabildo abierto de piqueteros”.
Por su parte, Patricio Echegaray y Vilma Ripoll, de Izquierda Unida, coincidieron
en que el Gobierno está “tanteando el terreno” para la
represión. En esa misma línea argumentaron Raúl Castells
y Carlos “Perro” Santillán, de la Corriente Clasista
y Combativa. El último, además, criticó a Storani
porque “cree que un iluminado puede decir en la villa ‘vámonos
a la ruta’. Eso no es así, ¿en dónde está
viviendo?”.
Informe: Martín Piqué
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