Un grupo de padres de alumnos del colegio privado San Agustín interpusieron un recurso de amparo en los tribunales porteños para reclamar la rematriculación de sus hijos, que el instituto religioso les negó después de que –según relataron los propios padres a Página/12– forzaran la expulsión de un maestro de música acusado de abuso deshonesto. En total son 21 familias las que recurrieron a la Justicia. La causa esgrimida por el colegio sobre la negativa a inscribirlos fue que “se rompió la confianza recíproca y los padres no comparten el ideario de la institución, por lo que se decidió no renovar el contrato educativo”. Desde la Secretaría de Educación porteña, Marcelo Pivato, el director de Gestión Privada, consideró que “las autoridades del establecimiento están haciendo uso de su derecho de admisión”.
Más allá de lo que dicte el juez interviniente, los demandantes ya decidieron inscribir a sus hijos en otros colegios y explicaron que su intención es “clarificar que la verdad es nuestra”, como manifestó María Inés Gay, madre de dos chicos a los que se les impidió la inscripción, “porque soy yo la que decide si mis hijos se quedan o se van”. “El lema del San Agustín es `Buscar la verdad con claridad` –detalló Gustavo Richardson, con cuatro chicos en el colegio– y cuando nosotros la buscamos nos echaron”, se indignó.
El colegio San Agustín fue uno de los establecimientos donde trabajó el profesor de música Daniel de la Fuente, de 31 años, que en junio de este año fue denunciado por varios padres de alumnos del jardín de infantes Nueve Lunas y está procesado por presuntas exhibiciones obscenas y abuso deshonesto de dos chicos de 3 años. Aunque las acusaciones contra el docente partieron del jardín de infantes y no del San Agustín, al tomar conocimiento de lo sucedido los padres de los alumnos de esa institución forzaron la renuncia del maestro. En un principio las autoridades del colegio lo mantuvieron en su cargo, pero se generó una discusión con un grupo de padres que obligó a su remoción. Los padres le achacan al director, el sacerdote Angel Rodríguez, “haberse lavado las manos y tratarnos de mentirosos”. Están convencidos de que la razón por la que se les impidió la inscripción fue haberse opuesto a las autoridades y entienden que lo de no “compartir el ideario es una excusa. Cómo puede ser que se den cuenta recién ahora, después de que yo estudié en este colegio y también lo hacen mis dos hijos”, se preguntó Fernando Cambaceres.
La acción de amparo interpuesta se suma a la solicitud de “imposición de costas al colegio demandado y a la reparación del daño moral provocado a nuestros hijos por haber sido sacados del colegio”, apuntó Richardson, papá y abogado. Todos los padres coinciden en que hubo discriminación, y se quejan porque el colegio “castiga a nuestros hijos por algo sobre los que ellos no pueden ejercer control: la conducta de sus padres”.
Sin embargo, para el director de Gestión de Educación Privada de la Ciudad, “más allá de lo doloroso que es para un chico desvincularlo afectivamente de su grupo escolar, debería haber una reflexión por parte de los padres sobre si es la escuela que quieren para sus hijos”. “Lo cierto –continuó Pivato– es que la elección de un colegio es recíproca entre la familia y la institución, y si esa elección se rompe la situación se torna insalvable.”
Enmarcado en la normativa, Pivato entiende que “no hay nada irregular. El derecho de admisión existe y el colegio explicitó su postura en tiempo y forma, los padres fueron notificados fehacientemente y no se les cobró la inscripción para el próximo año”. Por otro lado, Claudia Mabel López, patrocinante de 7 de las 21 familias afectadas, consideró que “el colegio hizo un ejercicio abusivo de su derecho a decidir la admisión, por lo que incurrió claramente en discriminación”.

Producción: Hernán Fluk.

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