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Por Mariana Carbajal
 “Es un fallo trascendental
porque es la primera vez que a nivel de una Corte Suprema de una ciudad
se acepta el derecho de la mujer a la salud en el sentido integral que
establece la OMS, que abarca la salud psíquica y mental, además
de la física”, subrayó la abogada y docente universitaria
Stella Maris Martínez, doctorada en Genética y Derecho penal.
En coincidencia con su apreciación, destacados especialistas en
bioética consultados por Página/12 señalaron la importancia
de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia porteño por la
cual se autorizó a la Maternidad Sardá a inducir el parto
o eventualmente practicar una cesárea a una mujer que cursa el
séptimo mes de embarazo y está gestando un feto que padece
anencefalia, es decir, no presenta desarrollo de masa encefálica.
Según la opinión de los expertos, el fallo es “ejemplar”,
además, porque privilegia la autonomía de la madre sobre
su cuerpo y tiene en cuenta la opinión de un comité interdisciplinario
de bioética. Hoy, el Tribunal resolvería si ratifica la
decisión o hace lugar a un recurso de apelación del asesor
de incapaces y eleva el caso a la Corte Suprema de la Nación.
“Por primera vez, un tribunal de esa jerarquía ha tenido un
análisis de género, al considerar qué le pasa por
el cuerpo y la mente a una mujer en una situación de este tipo”,
festejó la sentencia Carmen Storani, titular del Consejo Nacional
de la Mujer.
La causa se inició con el pedido de un matrimonio de bajos recursos
que vive en Ingeniero Budge y tiene una hija de 12 años. S.T.,
de 35 años, quedó embarazada después de diez años
de buscar un segundo hijo. A los cinco meses, al realizarse una ecografía
en la maternidad Sardá, le informaron que el bebé sufría
de anencefalia, una patología terminal. De acuerdo con el dictamen
que dio a la Justicia el Comité de Bioética del hospital,
el feto tiene “viabilidad nula en la vida extrauterina”. Según
amplió luego el subdirector de la Sardá, Ricardo Illía,
médico obstetra, especializado en embarazos de alto riesgo, la
separación del seno materno “supone el fallecimiento indefectible
del feto al cabo de minutos u horas, menos de 12 horas”, por lo tanto,
“no existe diferencia en cuanto a la posibilidad de sobrevida entre
inducir el parto ahora o esperar a los 9 meses”.
“Es un fallo muy positivo. Se está privilegiando la autonomía
de la madre frente al supuesto estatuto moral de un individuo que no tiene
condiciones mínimas de humanidad. La mujer tiene la facultad y
el derecho a decidir sobre su cuerpo”, consideró José
Alberto Mainetti, director del Instituto de Bioética y Humanidades
Médicas de la Fundación Mainetti.
Al conocer el diagnóstico de anencefalia el 17 de octubre, S.T.
y su marido pidieron a los médicos de la Sardá que le practicaran
un parto inducido. Pero la maternidad le exigió una autorización
judicial para llevar adelante el procedimiento. Entonces, la mujer presentó
una acción de amparo contra la Sardá “por violación
al derecho a la salud y a la integridad física”. El recurso
fue rechazado en primera instancia por el Juzgado en lo Contenciosoadministrativo
y Tributario Nº 7 y en segunda instancia por la Sala I de la Cámara
de Apelaciones. Así llegó el caso al Tribunal Superior de
la Ciudad. Por cuatro votos contra uno, la Corte hizo lugar al pedido
de la madre.
Sin embargo, el asesor de incapaces, Roberto Cabiche, apeló la
decisión, con el argumento de que la criatura tiene derecho a llegar
a una etapa de gestación normal. “La obligación de
este ministerio es defender la vida desde la concepción en el seno
materno hasta que la persona deje de existir. El hecho de que esté
enfermo no justifica que se lo saque antes de tiempo para que muera fuera
del cuerpo de su madre”, sostuvo Cabiche. Y agregó: “No
debe ser agradable saber que el niño que va a dar a luz nacerá
sin vida, pero no se puede agitar el problema psíquico de la mujer
y la familia para sacar al niño. Si la madre tiene ese problema
debe atenderla un psicólogo”, afirmó Cabiche.
Ahora está en manos del Tribunal decidir si ratifica el fallo y
ordena cumplir la sentencia o concede el recurso y envía el caso
a la Corte Suprema de la Nación. Se espera que la decisión
se conozca hoy.
Carlos Gherardi, director del Comité de Bioética del Hospital
de Clínicas salió al cruce de las expresiones del asesor
de incapaces. “El derecho de la criatura no tiene ningún sentido
porque está condenado a la muerte. Por su condición nunca
va a tener status de persona”, replicó. “Es absurdo pensar
que el feto, en esas condiciones, puede tener interés en llegar
a término”, agregó Juan Carlos Tealdi, profesor universitario
de bioética. Para Gherardi, el fallo del Tribunal Superior es “trascendental”
para la bioética del embarazo y la procreación. “Denegar
el pedido de la madre significa admitir la tortura de tener en su vientre
a una criatura que se sabe va a morir”, evaluó. “Se ha
contemplado el riesgo psicológico de la madre, algo que no es habitual”,
destacó Tealdi.
“La decisión del tribunal es correcta desde el punto de vista
bioético”, consideró Luis Niño, juez, criminólogo
y profesor de posgrado de bioética y derecho penal de la UBA. Votaron
a favor de la solicitud de la madre los jueces Julio Maier, Alicia Ruiz,
Ana Conde y Guillermo Muñoz. En contra, José Casás.
La resolución de la Corte porteña tiene un antecedente en
la Justicia de primera instancia de familia de Mendoza. El 28 de abril
último, su titular, la jueza Adriana B. de Rodríguez, autorizó
la inducción de un parto en otro caso de anencefalia.
LOS
ARGUMENTOS DE LA MUJER PARA PEDIR EL PARTO
Historia de un caso difícil
Por M.C.
“Siento todo el tiempo
al bebé y sé que va a morir”, relató a la Justicia
S.T., el difícil trance que atraviesa. Desde que conoció
el diagnóstico de anencefalia de la criatura que lleva en su vientre,
la mujer, de 35 años, se vio condenada a “ver una panza que
crece haciendo crecer, a la vez, el anuncio mismo de la muerte”,
según describió en el recurso de amparo que presentó
para pedir autorización para un parto inducido. “Si fuera
persona de recursos, esto habría sido solucionado en el ámbito
privado”, señaló su abogada, Perla Prigoshin, en la
audiencia convocada por la Cámara de Apelaciones, el 27 de noviembre,
para escuchar a las partes involucradas.
S.T. lleva por estos días siete meses de embarazo y no ve el momento
de ponerle fin a su drama. En la misma audiencia explicó que toda
la familia está sufriendo. “No he podido hablar del tema con
mis familiares, no puedo salir de mi casa porque todos me traen regalos
para el bebé, me acarician la panza y se vuelve una situación
difícil”, relató. Hace diez años que estaba
ilusionada con otro hijo. Tiene una niña, de 12. Pero, por razones
de bajo peso, no podía quedar embarazada. Ahora quedó embarazada,
pero no sabe cómo seguir. “No son tres meses sino todos los
días”, contó. No puede olvidarse de las características
de la criatura que está en su cuerpo, se mueve, lo siente todo
el tiempo y para ella es muy doloroso.
Cuando los médicos le informaron el diagnóstico, “todos
nuestros sueños e ilusiones se desvanecieron para darle lugar al
más profundo dolor que jamás hubiésemos sentido”,
explicó la mujer. “A partir de ese instante, nos encontramos
siendo los protagonistas de una terrible tragedia, sin saber qué
hacer con tanto sufrimiento ni cómo enfrentar a nuestra hija con
esta angustiante verdad”, añadió, de acuerdo con la
transcripción de su testimonio incluida en el fallo del Superior
Tribunal de la Ciudad.
Al fundamentar su voto a favor, la jueza de la Corte porteña, Alicia
Ruiz, consideró que la negativa de la Maternidad Sardá a
acceder a realizarle el parto inducido es “ilegítima”
y “discriminatoria”, y viola “derechos fundamentales de
la mujer”, como el derecho a la salud y a la protección integral
de la familia. “El derecho a la salud importa el completo bienestar
físico, psíquico y social de la persona. Es un hecho positivo
que va mucho más allá de la ausencia de enfermedad, que
comprende la prevención y la obligación a cargo de distintas
instituciones del Estado, incluido el Poder Judicial”, escribió
Ruiz. Y al mismo tiempo, consideró que el caso “impone una
resolución inmediata por el agravamiento continuado del daño
que padece la madre”.
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