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Por Irina Hauser
 “Es muy valiente”,
describió el senador justicialista Augusto Alasino al juez Carlos
Liporaci, quien dictó su falta de mérito y la de otros diez
legisladores sospechados de haber recibido coimas para votar la reforma
laboral. Con menos presión judicial, Alasino podrá volver
a sentarse en los debates de la Comisión de Acusación del
Consejo de la Magistratura, órgano que inició un proceso
de juicio político contra Liporaci por supuesto enriquecimiento
ilícito. Casi todos los comentarios que circulaban ayer en los
tribunales y entre funcionarios de gobierno encontraban relación
entre la resolución del juez y la acusación que la Magistratura
formalizaría para su destitución en febrero. El llamado
a indagatoria al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y al ex jefe
de la SIDE, Fernando de Santibañes fue calificado por miembros
del Ministerio de Justicia como una toma “de dos rehenes”. Este
desenlace del “caso de los sobornos” irritó a los fiscales
que lo investigan, que esperaban una mayor producción de pruebas
y piensan apelar en febrero.
La iniciativa de Liporaci desató, inevitablemente, hipótesis
múltiples sobre sus verdaderas intenciones. Su resolución
reaviva enfrentamientos en la coalición gobernante. También
complace a los peronistas, sus antiguos aliados que impulsaron que fuera
nombrado juez federal en 1993. Pero circula otra teoría. “La
falta de mérito no implica que nos dejen de investigar, puede ser
una estrategia del juez para mantenernos presionados y que no propiciemos
su juicio político”, le dijo el senador Alcides López
a un compañero de cuerpo.
A pesar de que cuando comenzó la investigación Liporaci
dijo que tenía indicios claros de que habían existido sobornos,
cambió de opinión y en sólo veinte carillas afirmó
que no hay pruebas de que los senadores hayan recibido “a cambio
del voto favorable al momento del tratamiento del proyecto de reforma
laboral, alguna suma dineraria y/o dádiva y/o beneficio”.
Añadió que dos testimonios fundantes de la pesquisa, el
de Antonio Cafiero y el del ex presidente Carlos “Chacho” Alvarez,
tampoco aclararon nada.
Aun con tan concluyente comentario, citó como sospechosos a Flamarique
y a De Santibañes. Recordó que según los testimonios
de los sindicalistas Hugo Moyano, Víctor De Gennaro, Juan Manuel
Palacios y Saúl Ubaldini, el ex ministro de Trabajo dijo en un
cena “a los senadores los arreglo con la Banelco”. En cuanto
a De Santibañes, argumentó que recibía para la SIDE
sumas de dinero sobre las que no se exige rendición, ergo, “habría
contado con los medios para coadyuvar a la comisión del ilícito
investigado”.
“Es difícil pensar que el juez tenga pruebas de que alguien
pagó si dice que no las tiene de que alguien haya cobrado. Se quedó
con dos rehenes para que no lo echen de la Justicia, evidentemente esto
está arreglado”, dijo un alto funcionario ministerial. “Si
fuera inteligente, no llamaría a nadie a indagatoria sino que acumularía
más pruebas”, agregó.
Más pruebas es lo que venían pidiendo los fiscales Eduardo
Freiler y Federico Delgado quienes se quejan por todo lo que Liporaci
no hizo: un careo entre Cafiero y Angel Pardo, otro entre los sindicalistas
y un pedido de declaración testimonial de Carlos Menem y Carlos
Ruckauf, entre otras cosas. Freiler y Delgado apelarán y para eso
tienen tiempo hasta el 5 de febrero. Creen, comentó uno de sus
colaboradores, que algunos senadores exculpados deberían ser indagados.
Que las pruebas contra Flamarique no serían sólidas y que
en el caso de De Santibañes se omitió citar datos claves
sobre las cuentas secretas de la SIDE.
Cuando reanude sus sesiones –en un mes–, el Consejo de la Magistratura
seguramente volverá a contar con la presencia de los justicialistas
Ricardo Branda y Augusto Alasino, que se habían excusado por todo
el escándalo. Alasino, si quiere, podría votar sobre el
pedido de juicio político contra Liporaci en la Comisión
de Acusación. Branda podría hacerlo en el plenario. Aunque
sus opiniones no definirán el futuro laboral del juez, sin duda
alterarán el clima. Por el momento, cinco de los siete miembros
de Acusación creen que Liporaci debe ser destituido en relación
con su supuesto enriquecimiento ilícito. Pero la decisión
de elevar la acusación fue postergada para febrero. Para ese entonces,
presidirá la comisión la menemista Lelia Chaya. En ese cargo
podrá controlar la agenda de los encuentros y tendrá voto
doble si hay empate o alguna ausencia.
El origen de la fortuna de Liporaci también es analizado por la
Justicia penal a partir de que este año se compró una casa
valuada en más de un millón de dólares. En 1996 tuvo
otra causa por enriquecimiento. Por muchos de sus fallos fue cuestionado
por la Cámara Federal. Y, hay que recordar, fue el juez a quien
la Corte Suprema perdonó aunque pinchó el teléfono
de un empleado de su juzgado y quien liberó al banquero Raúl
Moneta.
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