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Por José Natanson
 Con el decreto de reforma previsional
anunciado ayer, Fernando de la Rúa instaló un nuevo conflicto
en la Alianza. Por iniciativa de Carlos “Chacho” Alvarez, el
Frepaso impulsará la derogación del decreto en el Congreso,
convirtiendo al tema en una escalada con final imprevisible.
El de ayer fue un mal día para Alvarez. A la resolución
de Carlos Liporaci en la cuestión del Senado se sumó la
firma de los cinco decretos presidenciales, entre ellos la modificación
del régimen previsional. Instalado en la Casa del Frente, el ex
vice rumió bronca desde temprano. Ante los dirigentes y legisladores
que lo visitaron, Chacho repetía una frase que sintetiza su oposición
a la reforma jubilatoria. “No nos podemos bajar”, insistía.
Según su razonamiento, tres motivos justifican el rechazo:
 En el Frepaso admiten que el
Gobierno dio marcha atrás en algunos puntos: mantuvo el sistema
de reparto, subió el piso para la quita de la PBU e hizo optativo
el aumento de la edad de la mujer. Sin embargo, Alvarez cree que el nuevo
sistema es un nuevo golpe a la clase media, afectada por decisiones previas
del Ejecutivo como el impuestazo.
Nadie cree el principal argumento
oficial para justificar la reforma (era una exigencia de los organismos
internacionales para conceder el blindaje financiero). Y, aun admitiendo
aquel motivo, aseguran que el Gobierno podría haber negociado un
momento más oportuno para el anuncio.
Con mirada política,
Alvarez teme que la reforma previsional contribuya a diluir el efecto
positivo del blindaje. Según sostiene, la garantía financiera
debería aprovecharse para impulsar un nuevo ciclo de crecimiento
y no para apurar nuevas medidas de ajuste. “Se suponía que
era el comienzo de una etapa mejor y no más de lo mismo”,
aseguraba ayer, enojado, un importante diputado del Frepaso.
Para colmo, muy cerca de Chacho el enojo se potenciaba por lo que consideraron
un desaire del Presidente, en la misma línea que el que sufrió
tres meses atrás, con el desafortunado recambio de Gabinete. “Chacho
le dijo que estaba en contra. Esto demuestra que nos ignora”, se
quejaban en la Casa del Frente.
Indignados, los dirigentes frepasistas han decidido agotar las instancias
parlamentarias hasta lograr la anulación del decreto. En febrero,
cuando se retomen las sesiones extraordinarias, los diputados frepasistas
definirán si proponen un proyecto alternativo o directamente impulsan
la derogación. Buscarán sumar a los legisladores del PJ
que seguramente no dejarán pasar la oportunidad de meter una cuña
en la coalición y que ya vienen manteniendo conversaciones informales
con José Vitar, vicepresidente del bloque del Frepaso y uno de
los diputados que comandó la ofensiva. Mientras, Alfredo Villalba
y María América González convocarán a integrar
una comisión interpartidaria que estudiará la mejor manera
de anular el decreto.
Será el principio de un enfrentamiento con desenlace abierto. Es
que, junto al escándalo del Senado, la reforma previsional es la
principal diferencia entre el Gobierno y el Frepaso. Diferencia que pone
a más de un frepasista en un problema.
–¿Y Graciela qué hizo? ¿Firmó el decreto?
–le preguntó a Alvarez en la Casa del Frente un diputado del
Frepaso, preocupado por la posición de Fernández Meijide,
que debía refrendar la norma.
–No. Se fue a Chile un par de días para no firmarlo –respondió
el ex vicepresidente.
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Peronistas en contra
No sólo el Frepaso buscará derogar el decreto de
reforma previsional. El presidente del bloque justicialista del
Senado, José Luis Gioja, sugirió ayer que el peronismo
seguirá la misma línea. “El Ejecutivo se ha aferrado
al uso enviciado de algunas mañas y, en este sentido, el
decreto más complicado es el de la reforma previsional”,
dijo Gioja. Y, consultado sobre los mecanismos parlamentarios para
anular la disposición del Ejecutivo, explicó: “Un
decreto pierde validez ante una ley y una ley se vota por simple
mayoría”. Otro senador, Jorge Yoma, fue más contundente.
“Además del rechazo del justicialismo, este decreto
va a provocar un quiebre en la propia Alianza. Con estos decretos,
el Gobierno muestra la voluntad política de colocarse a margen
de la legalidad. Estas medidas traen un rechazo social muy importante”,
aseguró el riojano. Si se cumplen los pronósticos
de los senadores peronistas, el Ejecutivo sufrirá una derrota
en el Congreso. Es que el PJ controla ampliamente el Senado, por
lo que podrá derogar el decreto cuando se le presente la
primera oportunidad. En cuanto a la Cámara baja, los votos
del PJ, sumados a los 38 diputados del Frepaso y quizás a
algunos radicales, alcanzarán para rechazar la norma.
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OTRO
PROCESAMIENTO PARA ANTONIO ERMAN GONZALEZ
Regalito de Año Nuevo
El ex ministro de Defensa Antonio
Erman González fue procesado por el juez Jorge Ballestero, por
las supuestas irregularidades cometidas en la privatización del
astillero estatal Tandanor, en 1991. Por la misma causa, el ex funcionario
menemista también sufrió un embargo de cinco millones de
pesos. González también está procesado en la causa
abierta por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
Ballestero consideró al polifuncionario menemista responsable de
los presuntos delitos de defraudación a la administración
pública, incumplimiento de los deberes del funcionario público,
y falsedad ideológica de documentos. “La actuación
de Erman González en la totalidad del proceso de privatización
tuvo por objeto procurar un lucro indebido para el consorcio adquirente”,
aseguró el juez.
La solicitud de procesamiento contra Erman y otros tres ex funcionarios
menemistas había sido impulsada por la Oficina Anticorrupción,
al evaluar como “fraudulenta” la privatización. Pero
la primera denuncia sobre el caso había sido formulada en agosto
de 1999 por el entonces titular de la cartera de Defensa, Jorge Domínguez.
Durante la gestión de Erman González, la “Planta Uno”
de Tandanor, ubicada en la Costanera Sur, fue vendida –en 1991–
a un consorcio formado por capitales franceses, holandeses y argentinos,
que abonó 18 millones de pesos por la operación. Una vez
comprados los terrenos, y con el argumento de que la empresa era deficitaria,
la planta fue revendida a otra firma, de la que se sospecha que pertenecía
al mismo grupo local que había ganado la licitación. Por
esta venta, el Estado no recibió nada, ya que en los contratos
de privatización no había cláusulas que limitaran
sucesivas transferencias de la empresa o que asignaran algún porcentaje
de la operación al Poder Ejecutivo.
Por otro lado, fuentes judiciales aseguran que la planta fue “groseramente
subvaluada”, para sacarla del patrimonio de Tandanor y perjudicar
así a los acreedores de un concurso que estaba en marcha. Las 11
hectáreas que pertenecían al Estado terminaron formando
parte del actual Puerto Madero, una de las zonas más caras de Buenos
Aires.
En tanto, González rechazó el procesamiento en su contra,
y acusó a la Justicia de ser usada como una “herramienta política”.
En una nota enviada desde La Rioja, el ex ministro menemista también
dijo que si hoy tuviera que tomar una decisión sobre Tandanor,
“obraría en idéntico sentido” que lo actuado en
1991.
Junto a Erman González también fueron procesados los ex
funcionarios de Defensa Alejandro Bofill, Andrés Vlasto y Eduardo
Tesoriere. Por su parte, Oscar Camilión, sucesor del riojano en
el ministerio, será citado a declaración indagatoria, pero
aún no se estableció la fecha.
En cuanto a Tandanor, ocho años después de su privatización
entró en quiebra y su principal acreedor es el Estado. Los desolados
talleres y galpones de la empresa se extienden en el sector norte de Puerto
Madero, y ya circulan versiones sobre el interés de capitales privados
para continuar en esa zona la construcción de edificios.
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