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Por Romina Calderaro
 Este domingo, cuando den las
doce, los argentinos estrenarán nuevo año y también
nuevo sistema de salud. Es que el presidente Fernando de la Rúa
firmó ayer la reglamentación del decreto de desregulación
de obras sociales, que comenzará a regir el primero de enero de
2001. El ministro de Salud, Héctor Lombardo, aseguró que
a partir de ahora “cada persona va a poder elegir quién va
a cuidar su salud, con la garantía de que el Estado dará
veinte pesos a cada afiliado”. Sin embargo, la desregulación
es resistida por los sindicalistas, que ayer reiteraron su rechazo (ver
aparte) y por el ombudsman nacional, Eduardo Mondino, que recomendó
a la Jefatura de Gabinete que postergue la implementación de la
reforma porque “la cuestión afecta la cobertura obligatoria
que las obras sociales y agentes del seguro de salud brindan a los beneficiarios
y generó incertidumbre en el seno de la población afectada”.
Con el decreto presidencial, los afiliados podrán elegir una vez
al año la cobertura médica que deseen, y no podrán
ser rechazados. El ministro de Salud, Héctor Lombardo, ofreció
ayer una conferencia de prensa en la Casa Rosada en la que dio detalles
del nuevo sistema.
“A partir del primero de enero comienza un sistema de competencia
regulada del sistema de las obras sociales, lo que significa que a partir
de esa fecha cada persona va a poder elegir quién va a cuidar de
su salud, con la garantía de que el Estado dará 20 pesos
a cada afiliado, no los 40 pesos que ahora tiene el núcleo familiar”,
dijo el ministro. Luego agregó que, además, el Estado pondrá
“un peso por afiliado de autoseguro, que se generará para
atender a todas las altas complejidades, los trasplantes, el tratamiento
de casos de sida y aquellas patologías que son de marcado insumo
económico”.
Durante su exposición, Lombardo intentó hacer una encendida
defensa del nuevo sistema. “Es la primera vez en la historia que
el Estado pone y no saca de la seguridad social. Esto hay que reafirmarlo,
porque está dentro de la responsabilidad que el Estado ha tomado
para cubrir la salud”, se entusiasmó. Y aseguró que
en una segunda etapa de implementación, “no solamente garantiza
los 20 pesos, sino que pone el IVA de las prepagas dentro del Fondo Solidario
de redistribución y esto es un aporte significativo al cuidado
de la salud de nuestra gente, con una característica totalmente
distinta que ahora habla de la medicina preventiva”.
El defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, sugirió sin embargo que
se propicie “un amplio debate, evaluación, análisis
y consideración, con participación de los sectores involucrados
y particularmente, con adecuada representación de los beneficiarios,
previo a producir una nueva modificación del sistema”. Además,
consideró “arbitrario” que el decreto de desregulación
se haya promulgado en período de sesiones ordinarias del Congreso
de la Nación “para comenzar a regir casi siete meses después”.
Según el texto difundido en la Casa de Gobierno, la fundamentación
de la reforma del Sistema Nacional del Seguro de Salud destaca que “se
busca afianzar y profundizar los principios de libertad, solidaridad y
responsabilidad del Estado del actual sistema”.
La última parte del texto explica cómo se controlará
el nuevo sistema. “La Superintendencia de Servicios de Salud será
el ente que preservará la vigencia de reglas de juego equitativas,
la simetría de las regulaciones y la potenciación de los
mecanismos de competencia, y las autoridades laborales verificarán
el cumplimiento por parte de los empleadores de todas las normas, que
hagan libre el uso del derecho de opción de todos los trabajadores”,
asegura el Gobierno, aunque los sindicalistas creen nada será así
en la práctica.
DURO
Y CERRADO RECHAZO SINDICAL AL NUEVO SISTEMA
“Es mercantilismo sanitario”
Por R.C.
“La desregulación
de las obras sociales es la mayor privatización de la Argentina”,
dijo Carlos West Ocampo, secretario de prensa de la CGT oficial. “Desde
el punto de vista jurídico es inconstitucional y desde la práctica,
pensar que cada trabajador va a poder elegir su obra social sin tener
que pagar es Alicia en el País de las Maravillas”, afirmó
Héctor Recalde, abogado laboralista de la CGT disidente. “No
es otra cosa que la profundización del mercantilismo sanitario
de algunos sectores interesados en lucrar con la salud de los argentinos”,
dijo Saúl Ubaldini, ex secretario general de la CGT. “Es un
buen comienzo, mantiene la solidaridad de todo el sistema”, dijo
la diputada radical Cristina Guevara, la única funcionaria que
ayer defendió públicamente la reforma.
“A veces hay que pegarle al chancho para saber quién es el
dueño. Y ahora sabemos que los dueños del negocio son los
bancos, que van a presionar a las empresas para que elijan tal o cual
obra social”, dijo a este diario West Ocampo. Recalde también
criticó el nuevo sistema y puso en tela de juicio que la libre
elección de los afiliados esté garantizada. “Hoy el
obrero no está en condiciones de elegir nada. El que va a elegir
la obra social es el empleador”, dijo, y agregó que a partir
de ahora, “como en el libro de Orwell, las empresas de medicina van
a acceder a todos los datos personales de los afiliados”. Recalde
explicó que “desde el punto de vista jurídico es inconstitucional,
porque no se puede firmar un decreto de necesidad y urgencia porque no
hay necesidad ni urgencia”. Según el abogado, con la desregulación
de las obras sociales “se vuelve a repetir la filosofía menemista
de generar normas que mezclan seguridad social con lucro, mezcla explosiva
si las hay”. Recalde coincidió con West Ocampo en que la reforma
“es un negocio financiero” y afirmó que aunque ahora
el Gobierno diga que el trabajador va a poder elegir libremente, “después
van a empezar las excepciones”.
West Ocampo agregó que “es mentira que el Gobierno vaya a
garantizar el Programa Médico Obligatorio (PMO) porque cuesta entre
35 y 40 pesos por persona y el Gobierno sólo garantiza veinte por
beneficiario”.
El ex secretario general de la CGT y actual diputado Saúl Ubaldini
opinó que “la desregulación de las obras sociales no
es otra cosa que la profundización del mercantilismo sanitario
de algunos sectores interesados en lucrar con la salud de los argentinos”,
y pronosticó que “el augurio del Gobierno de que van a mejorar
las prestaciones es una utopía y la realidad le va a dar de bruces
a más de un funcionario aliancista”.
La diputada radical Cristina Guevara aseguró que “el decreto
de obras sociales es un buen comienzo, mantiene la solidaridad de todo
el sistema y aumenta fuertemente la posibilidad de atención de
los beneficiarios”.
Y el jefe de diputados del PJ, Humberto Roggero, adelantó que la
bancada del PJ va a rechazar los decretos de necesidad y urgencia. “El
Presidente se equivoca si cree que con esta actitud va a recuperar la
confianza en su gobierno, porque la fortaleza política se consigue
de otra manera y no haciendo alardes de poder con una lapicera”,
sostuvo.
“Si no es negocio para las empresas de medicina prepaga ¿para
qué lo hacen? Esto es la continuación de un compromiso que
suscribió en 1997 Carlos Menem con el FMI y es evidente que hay
una transgresión ética”, finalizó Recalde.
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