Por Victoria Ginzberg

Hubo abrazos, lágrimas y hasta se descorcharon un par de botellas de sidra. Pero no había euforia. En este clima, familiares y amigos de los presos de La Tablada y miembros de organismos de derechos humanos anunciaron en Plaza de Mayo el fin de la huelga de hambre que los detenidos realizaron durante 116 días. “Ante el decreto del Poder Ejecutivo que les reduce las condenas, los presos decidieron el levantamiento de la medida porque creen que es un avance en su situación, si bien no es lo que se ha venido pidiendo”, aseguró Daniel Gabioud, uno de los condenados que está en libertad condicional. El decreto firmado por el presidente Fernando de la Rúa y todos sus ministros no implica la libertad inmediata de los miembros del Movimiento Todos por la Patria (MTP), pero la mayoría está en condiciones de acceder al beneficio de salidas trasitorias o laborales.
Esta semana, en la que se elaboró el decreto, el Gobierno repitió que su decisión sobre los presos de La Tablada estaba fundada en los reclamos de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) de la OEA y que no respondía a la presión de la hulega de hambre. Sin embargo, antes de anunciar los alcances de la reducción de penas, el Gobierno se aseguró que los detenidos no concretaran la amenaza de continuar con la medida al no obtener su inmediata liberación. Los encargados de esta negociación fueron el ministro de Interior, Federico Storani, y el subsecretario del área, César Martucci. Estos funcionarios mantuvieron, hasta ayer por la mañana, conversaciones con el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, con Abuelas de Plaza de Mayo, con los abogados de los presos y con Dora Molina, esposa del huelguista Roberto Felicetti.
La reducción de la sentencia fue como se había anticipado. El ministro de Justicia y Derechos Humanos anunció que a los nueve huelguistas que estaban condenados a prisión perpetua se les conmutó la condena a 20 años. La pena de Claudia Acosta –reclusión perpetua– fue disminuida a 22 años, y Roberto Felicetti, que había recibido reclusión perpetua con la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, pasó a tener una condena de 25 años. Esto implica que la mayoría de los presos podrían salir en libertad condicional en mayo del 2002; Acosta lo haría en el 2003 y Felicetti en el 2005. Sin embargo, tal como informó ayer Página/12, la mayoría está en condiciones de acceder a salidas transitorias o laborales. Felicetti podrá hacerlo en seis meses. Estos beneficios deberán ser autorizados por el juez de ejecución del caso, Daniel Cisneros.
El 29 de mayo de este año los detenidos por el ataque al cuartel de La Tablada, ocurrido el 23 de enero de 1989, decidieron inciar una huelga de hambre en reclamo de su libertad. Se apoyaron en las recomendaciones que la CIDH había hecho al estado argentino en 1997 y que estaban incumplidas desde entonces. El organismo internacional, en base a investigaciones propias, consideró probado que nueve asaltantes al regimiento habían sido ejecutados después de su rendición y que los detenidos fueron torturados. Por eso recomendó al Estado que los presos debían ser “reparados”. Además criticó la imposibilidad que tuvieron los condenados de recurrir un fallo a un tribunal superior por haber sido juzgados bajo la Ley de Defensa de la Democracia.
Ante la medida extrema que habían adoptado los miembros del MTP, el Gobierno decidió impulsar en el Congreso la modificación de la discutida ley, pero la resistencia de los diputados opositores y de un grupo de aliancistas hizo que ni siquiera se lograra juntar el quórum necesario para discutir el proyecto. Los presos levantaron esa huelga el 13 de julio con la promesa oficial de que el proyecto que les concedía la doble instancia judicial iba a ser tratado apenas el Congreso reanudara su actividad después de las vacaciones de invierno. El 5 de septiembre la ley no se había discutido y los miembros del MTP reiniciaron la huelga.
Después de más de sesenta días de ayuno de la segunda huelga y con la salud de los presos en un continuo deterioro, el Poder Ejecutivo resolviótratar de solucionar el tema a través de la vía judicial. Pero el jueves de la semana pasada la Corte Suprema cerró esta posibilidad. Luego de conocer el escrito del máximo tribunal de la Nación, el Gobierno pensó en la posibilidad de dejar las cosas como estaban, pero el Presidente optó por escuchar a Storani, quien un día después del fallo de la Corte le había entregado un borrador con consideraciones políticas y jurídicas sobre la posibilidad de conmutar las penas.
El reclamo internacional fue fundamental para llegar a esta solución. Fue un apoyo para los huelguistas pero también un argumento de presión y justificación para el Gobierno. Durante los últimos cuatro meses llegaron al país cartas de diferentes organizaciones de derechos humanos, eclesiásticas, y partidos políticos de todo el mundo. En la reunión de gabinete que se realizó antes de anunciar la firma de éste y otros cuatro decretos, el embajador Leandro Despouy –que representaba al ministro Adalberto Rodríguez Giavarini– fue felicitado por el “blindaje internacional” que consiguió la Cancillería para dictar la conmutación.
“Se ha evaluado la opción entre mantener la situación jurídica actual –recibiendo sanciones internacionales– o modificarla moderadamente en relación a personas que seguirán siendo condenadas por los graves hechos que cometieron y que continuarán cumpliendo su pena, considerándose la segunda alternativa más adecuada a fin de asegurar los altos intereses de la Nación”, dicen los considerandos del decreto, que lleva fecha 28 de diciembre. En el escrito también se menciona que ahora “aparece como innecesario continuar con el objetivo de establecer una segunda instancia”.
Rodolfo Yanzón, abogado de los detenidos del MTP aseguró que si bien la medida oficial alivia la condición de los presos, no cumple con las recomendaciones de la CIDH. “Vamos a seguir con la batalla legal y pedir una audiencia en marzo para que el Gobierno dé explicaciones”, aseguró Yanzón, quien también expresó que “De la Rúa firmó el decreto pero las penas las puso el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni”.
Es cierto que –aunque no lo solicitaron formalmente– los miembros de la CIDH tenían expectativa en que las “medidas excepcionales que le pidieron al Ejecutivo terminaran con la liberación de los presos. Sin embargo, la Comisión siempre sostuvo que la manera de cumplir con las recomendaciones era una decisión exclusiva del Estado argentino y, de hecho, la conmutación de penas implica que Tablada deja de ser un problema grave ante los organismos internacionales de derechos humanos. El Gobierno también se aseguró eso a través de conversaciones extraoficiales mantenidas antes de anunciar las conmutaciones. De todas maneras, fuentes de la OEA expresaron que no dejarán de pedir que se investigue lo ocurrido durante la toma y recuperación del regimiento y que se modifique la ley de Defensa de la Democracia, que viola la Convención Americana de Derechos Humanos.
“Hay que gritar, hay que gritar, libertad a Gorriarán”, cantaban ayer en Plaza de Mayo mientras los familiares y amigos de los presos y agrupaciones de izquierda empezaban a levantar las carpas de la vigilia que realizaron desde la semana pasada. El líder del MTP, Enrique Gorriarán Merlo y su mujer, Ana María Sívori –que también realizaron la huelga– no fueron alcanzados por el decreto de conmutación de penas porque no estaban incluidos en el informe de la CIDH.

NUMEROSOS RECLAMOS PARA QUE SE RESPONDIERA A LA CIDH
Cumpliendo con la Justicia

Durante los 116 días de la huelga de hambre de los presos de La Tablada, numerosas personalidades y organismos de Argentina y del resto del mundo le hicieron llegar al Gobierno su pedido de que se les concediera a los detenidos la posibilidad de apelar sus condenas. En todos los casos, no se reivindicaba el ataque al cuartel, sino que se denunciaban las irregularidades del juicio y se exigía el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Premio Nobel de Literatura 1998, el portugués José Saramago, fue uno de los que apoyaron el reclamo de los presos; en su reciente visita al país, el escritor afirmó que “en la Argentina ya se perdieron unas cuantas vidas absurdamente” y, aunque reconoció que el Gobierno tenía “voluntad humanitaria” para resolver el problema, dijo desconocer si existía “voluntad política o judicial”.
Por su parte, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que comanda Hebe de Bonafini, realizó el mes pasado un ayuno solidario en su sede porteña, en solidaridad con los detenidos. De la medida participaron, entre otros, la propia Bonafini, el escritor Osvaldo Bayer, el sociólogo Horacio González, el rector de la Universidad Popular de las Madres, Vicente Zito Lema, y el filósofo León Rozitchner.
Otras organizaciones argentinas que acompañaron el reclamo fueron: Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Servicio de Paz y Justicia. También firmaron solicitadas, pidiendo la segunda instancia, el gremialista Víctor De Gennaro, los actores Esteban Prol y Daniel Fanego, los músicos Piero, Jairo, Ignacio Copani y Chico Buarque, la hermana Martha Pelloni, el sacerdote Luis Farinello, los obispos Jorge Novak, Marcelo Melani y Pedro Olmedo y los intelectuales Noam Chomsky y James Petras, entre muchos otros.
Desde el resto de América también se realizaron medidas de apoyo; el líder sandinista y ex presidente nicaragüense, Daniel Ortega, les pidió a los legisladores argentinos que habilitaran por ley una segunda instancia para los presos del MTP. En tanto, el ex candidato presidencial mexicano por el Partido Revolucionario Democrático, Cuahutemoc Cárdenas, había pedido igual solución “ante la inminencia de un desenlace fatal”.
Por otro lado, anoche mismo, pocas horas después del anuncio oficial sobre la conmutación de penas, comenzaron a llegar a la Cancillería mensajes de distintas personalidades y organizaciones de todo el mundo, expresando su satisfacción con la medida del gobierno argentino dictada para cumplir con “la reparación” reclamada por la CIDH.

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