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Por Mariana Carbajal
 La mujer que está gestando
un feto sin cerebro ni calota craneana, que indefectiblemente morirá
al nacer, no podrá salir todavía de su calvario. El Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que había autorizado
la inducción de un parto prematuro para poner fin al embarazo lo
antes posible, ayer paralizó el cumplimiento de la decisión:
hizo lugar a un recurso de apelación del asesor de incapaces y
elevó el caso a la Corte Suprema de la Nación, con lo cual
suspendió su propia sentencia. “Cuando se enteró, S.T.
se puso muy mal y se angustió mucho. Cada día que pasa,
se prolonga su tortura. Pero sabe que no está sola en esta lucha
y seguirá la pelea”, contó a Página/12 la abogada
de la mujer, Perla Prigoshin.
Al conocer la decisión del Tribunal Superior ayer a la mañana,
Prigoshin presentó un escrito ante la Corte Suprema solicitando
que se habilitara la feria judicial, para que la resolución del
caso no se dilatara aún más. El martes, la abogada espera
recibir una respuesta a su petición.
La causa se inició con el pedido de un matrimonio de bajos recursos
que vive en Ingeniero Budge, partido bonaerense de Lomas de Zamora. La
mujer, de 35 años, cursa el séptimo mes de embarazo. A los
cinco meses de gestación, en la Maternidad Sardá le informaron
que el feto sufría anencefalia, es decir, no presenta desarrollo
de masa encefálica ni de calota craneana. Según el dictamen
que dio a la Justicia el Comité de Bioética del hospital,
el feto tiene “viabilidad nula en la vida extrauterina”. Con
ese diagnóstico, S.T. pidió a los médicos que aceleraran
el nacimiento para poner fin a la situación “altamente traumática”
que le toca atravesar, con el consiguiente daño psíquico.
Pero para llevar adelante el procedimiento, la maternidad le exigió
una autorización judicial, por lo que presentó un recurso
de amparo. El pedido fue rechazado en primera y segunda instancia. La
mujer apeló y el martes obtuvo una sentencia favorable del Tribunal
Superior de la Ciudad, que ordenó que se le realizara un parto
por inducción o eventualmente se le practicara una cesárea.
Sin embargo, el fallo, que fue considerado como “trascendental”
por destacados especialistas en bioética, ayer quedó en
suspenso: por unanimidad, los cinco jueces de la corte porteña
hicieron lugar a un recurso extraordinario de apelación del asesor
de incapaces, Roberto Cabiche, y el caso pasó ahora a la Corte
Suprema de la Nación.
“Al Tribunal Superior le faltó coraje para resolver”,
cuestionó la abogada Prigoshin. Consultado por Página/12,
el juez Julio Maier, miembro del tribunal, explicó que no tenían
otra alternativa que acceder a la apelación. “No juzgamos
si el asesor de incapaces tiene razón o no. El tribunal ya emitió
su opinión sobre el caso. Pero el orden institucional argentino
hace imperativo conceder una instancia más como forma de evitar
sentencia erróneas”, señaló Maier. En relación
con las consecuencias psicológicas que podrá ocasionarle
a la mujer seguir adelante con el embarazo hasta que la Corte Suprema
resuelva si autoriza o no la inducción del parto, Maier respondió:
“Nosotros hicimos todo lo posible por demorar lo más mínimo,
tanto es así que estuvimos pendientes del caso en Navidad: el expediente
nos llegó el 24 y resolvimos el 26. Estamos convencidos de que
es un caso urgente. Pero ahora la responsabilidad es de la Corte”.
En su apelación, Cabiche consideró que la sentencia “lesiona
el derecho a la vida de la persona por nacer”, ya que “de adelantarse
el parto se aceleraría la muerte de mi representado”.
Para Prigoshin, “lo que está en juego es el derecho a la salud
de la madre”, en el sentido integral que establece la Organización
Mundial de la Salud, que abarca la salud psíquica y social, además
de su bienestar físico. Precisamente, ese concepto primó
en la sentencia del Tribunal Superior, que ponderó el sufrimiento
al que está sometida la mujer, por el hecho de continuar con un
embarazo de un feto condenado indefectiblemente a morir apenas nazca.
La mujer describió así, ante la Justicia, su drama:”Siento
todo el tiempo al bebé y sé que va a morir. Veo una panza
que crece haciendo crecer, a la vez, el anuncio mismo de la muerte”.
CAYO
UNA BANDA QUE SECUESTRO A CUATRO EMPRESARIOS
La industria de las extorsiones
Luego de seis meses de investigación,
la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro
concretó ayer la detención de tres hombres que integraban
una banda responsable de por lo menos cuatro secuestros extorsivos ocurridos
en Escobar y Pilar. Mientras se sigue la pista de otros dos miembros de
la banda, ya identificados, que están prófugos, fuentes
policiales confirmaron a Página/12 que los delincuentes habrían
cobrado en los últimos meses una suma cercana al millón
de pesos, por liberar sanos y salvos a tres empresarios, entre ellos un
publicista.
Las detenciones se produjeron cuando los integrantes de la organización,
al advertir que eran vigilados por la policía, soltaron sin cobrar
rescate al cuarto de los secuestrados, pero lo siguieron hostigando en
forma telefónica para tratar de obtener algún dinero. Cuando
estaban en ese plan, el supuesto cabecilla de la banda fue cercado y detenido
en un aguantadero ubicado en una zona descampada de Pilar.
Todo parece indicar que el jefe de la organización es el primero
de los detenidos, Osvaldo Siboldi, de 31, quien tendría antecedentes
por delitos similares. El “aguantadero” de Pilar era uno de
los sitios donde eran llevados los secuestrados hasta que se pagara el
rescate, dijeron fuentes de la DDI de San Isidro. En los últimos
cuatro meses, la banda cobró tres rescates, por otros tantos secuestros,
por sumas estimadas en 100 mil pesos, 150 mil y 470 mil, incluyendo el
caso de un publicista que vive en un country de la zona de Pilar. Cuando
realizaron el cuarto secuestro, uno de los miembros de la organización
ya tenía intervenido el teléfono por orden judicial y ése
fue el paso inicial hacia las detenciones. Para evitar que los descubrieran,
los delincuentes resolvieron liberar al empresario que tenían secuestrado,
sin exigir el pago del rescate, que orillaba el medio millón de
pesos. Sin embargo, y ése fue el error fatal que cometieron, comenzaron
a llamarlo por teléfono para solicitarle dinero a cambio de la
promesa de “dejarlo vivir en paz”. Eso sirvió para que
los investigadores completaran la información que les permitió
ubicar a cinco miembros de la banda, tres de los cuales fueron detenidos,
mientras que los otros dos lograron escapar, aunque su detención
sería inminente. La policía realizó escuchas telefónicas,
filmaciones y seguimientos ordenados por la jueza federal de Zárate-Campana,
Marisa de Virgilio.
Junto con Siboldi fueron detenidos Hugo López Camelo, de 37, y
Salvador Diaspro, de 35. Los tres fueron llevados ayer por la mañana
a los tribunales de Zárate-Campana, donde serán indagados
por la jueza. En el expediente ya figuran los testimonios de los cuatro
empresarios secuestrados, cuyos nombres se mantienen en reserva. La zona
de Pilar, desde comienzos de año, está siendo convulsionada
por una seguidilla de secuestros extorsivos y amenazas.
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