Pudo haber sido nada más que un detalle administrativo en el balance de fin de año del Ministerio del Interior colombiano. Sólo había que agregar seis cadáveres más a los 38.000 muertes violentas que registradas en el 2000. El lugar del hecho, el departamento de Caquetá, ya era escena de violentos combates entre guerrilleros y paramilitares, y el hecho de que dos de los muertos fueran civiles no constituía ninguna novedad. Pero la identidad de uno de ellos impidió que sus muertes pasaran inadvertidas. Es que la víctima central fue el congresista opositor Diego Turbay, titular del Consejo de Paz de la Cámara de Diputados colombiana. El, su madre y cuatro escoltas fueron asesinados de un tiro en la nuca ayer por hombres armados que detuvieron el blindado en el que viajaban. La comunidad política condenó de inmediato la muerte de un hombre que siempre había abogado por la negociación pacífica para detener la guerra civil. La policía culpó a los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero es igualmente probable que los responsables hayan sido los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La familia Turbay ya había sufrido los efectos de su protagonismo político en la guerra civil colombiana. El hermano de Diego Turbay, Rodrigo, había muerto ahogado en 1996 cuando las FARC lo trasladaban a través de un río después de secuestrarlo. La suerte de su hermano no disuadió a Diego de seguir militando por una paz negociada. Dentro de un partido donde algunos miembros exigieron la guerra total antiinsurgente, Turbay siempre insistió en el diálogo con la guerrilla. El “congelamiento” del proceso de paz en noviembre por las FARC no lo había hecho cambiar de parecer cuando viajaba ayer con su madre, Inés, por una carretera en su departamento de Caquetá. Planeaba asistir a la toma de mando de un alcalde de su Partido Liberal en la localidad de Puerto Rico. Pero al llegar a la aldea Esperanza, a sólo kilómetros de su destino, el auto blindado en que viajaba recibió fuego cruzado de ambos lados de la carretera y fue forzado a detenerse. Que un retén armado lo detuviera no era necesariamente su sentencia de muerte. Podía haber sido nada más que el preludio a una extorsión o un secuestro. Pero era algo mucho más drástico. La escolta fue desarmada y todos fueron forzados a acostarse a un lado de una carretera. Sus captores no perdieron tiempo. Uno por uno fusilaron a sus víctimas de un tiro en la nuca. Los cadáveres fueron encontrados poco después por lugareños.
Era demasiado tarde para detener a los autores. Así, su identidad era ayer un misterio. En un principio, el comandante de la policía de Caquetá, coronel Jaime Villamizar, informó que todavía no tenía datos, pero que testigos locales afirmaban que el comando pertenecía al frente 15 de las FARC. Había versiones de que los responsables habían huido en dirección a la “zona desmilitarizada”, los 42.000 km2 de territorio que el gobierno cedió a las FARC para realizar las negociaciones. Poco después, el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Salgado, afirmaba sin dudar que “fue un ataque de las FARC”. Testigos habrían visto cómo los guerrilleros montaban un retén para detener el automóvil blindado.
Los políticos colombianos que condenaron el crimen fueron mucho más cautos y no lo atribuyeron a nadie. Sabían por experiencia que era mejor no apresurarse en estos casos. En marzo, el gobierno había acusado a las FARC de perpetrar el notorio asesinato de una pequeña hacendada con un “collar-bomba”, sólo para que después se revelara que los autores fueron paramilitares. No es imposible que éste sea un caso similar. Las manos de las FARC no están libres de sangre, pero en sus ataques contra objetivos importantes, el secuestro y la retención generalmente anteceden al asesinato. Tal fue el caso, por ejemplo, de los ambientalistas norteamericanos ejecutados en 1999. Y no es claro cuál es el interés de las FARC en matar a alguien que apoyaba la negociación y estaba en contra de la intensificación de la lucha contrainsurgente. Podrían haber sido cuadros que no sabían quiénes eran sus víctimas, pero parece improbable ya que los asesinos claramente tenían información muy precisa sobre dónde pasaría el auto de Turbay y qué hacer con él cuando estuviera en su poder. En realidad, si el asesinato favorece a alguien, es a los paramilitares de las AUC, que ya tienen una larga lista de políticos asesinados por favorecer las negociaciones.
Quizá su muerte fuera innecesaria en ese sentido, ya que no puede decirse que Turbay siguiera siendo importante en el actual estado del proceso de paz colombiano, pero ciertamente fue simbólica.

PIDEN POSTERGAR COMICIOS EN PERU
El fantasma del fraude

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) peruana recomendó ayer la postergación de las elecciones generales, anunciadas para el 8 de abril, hasta el próximo 6 de mayo, para garantizar la transparencia y eficiencia que anduvo faltando cuando el presidente era Alberto Fujimori. El jefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla, habría reiterado la propuesta de la postergación al presidente peruano, Valentín Paniagua, quien no parece demasiado convencido de la movida.
Según Tuesta, la postergación por cuatro semanas se haría necesaria porque faltan elegir los jefes de oficinas descentralizadas, diseñar e imprimir los hologramas que registran el voto, consolidar el presupuesto para el evento y adaptarse a la reciente modificación del sistema de elección congresal por el distrito múltiple. Pero esto no implica que se extiendan las fechas de inscripción para las fórmulas presidenciales y parlamentarias, que vencen en enero.
La última declaración de Paniagua al respecto es contundente: “El gobierno se propone cumplir con los plazos electorales de conformidad con la voluntad del Legislativo y de la ciudadanía”. Tuesta se reunió ayer con los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para ver si ellos pueden convencer a Paniagua de la medida en nombre de todo el sistema judicial. Si la propuesta avanza, una eventual segunda vuelta se realizaría recién el 7 de junio.

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