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Por Julio Nudler
 A cada uno de los decretos
del viernes puede vérseles el lado bueno y el malo, más
allá de la inaceptable costumbre de que el Ejecutivo legisle. Ninguno
de ellos será capaz de cambiar el triste curso de la economía.
El Plan de Infraestructura, que es el único con impacto reactivante,
incluso según el cálculo oficial, añadirá
solo medio punto de crecimiento al Producto Bruto en el 2001, estando
ese medio punto ya incluido en el 2,5 por ciento vaticinado en el Presupuesto.
Sólo viendo los vetos, la reforma previsional y la apertura del
negocio de la salud social a las prepagas como exigencias del Fondo Monetario
y condiciones para la obtención del blindaje puede encontrarse
un vínculo más fuerte entre los DNyU y la senda de la economía.
Pero quizá por la contraria: sin los decretos no habría
blindaje, y sin éste el país caería en la bancarrota.
Con blindaje, sin embargo, todo lo que se abre es una expectativa. Certeza
ninguna.
Un test será el de las primeras licitaciones (la inicial el 25
de enero) del plan infraestructural, porque las constructoras –que
para estos casos serán todas nacionales– sólo pueden
presentarse con la financiación asegurada. En Economía afirman
que tres bancos privados –Francés, Galicia y Río–,
y obviamente el Nación y el Ciudad, se comprometieron ya a acompañar.
Pero habrá que ver con cuánto crédito y a qué
nivel de tasa, teniendo en cuenta que el pagador último es el Estado.
En cuanto al Fondo Federal de Infraestructura, que garantiza el cobro
si el Estado no cumple, tuvo que ser alimentado con 5 centavos del ITC
(Impuesto a la Transferencia de Combustibles), que es más del 10
por ciento de este gravamen (detraído así de los recursos
tributarios del fisco), porque activos como los playones ferroviarios
no despertaban confianza alguna entre los financistas. De todas formas,
las chirolas del ITC sólo engrosarán el FFI desde el 2003,
que es cuando habrán expirado los dos años de gracia de
las primeras obras y el Estado deberá desembolsar los primeros
$ 500 millones, sobre el total de $ 20.500 millones que cuesta el Plan
y que equivalen a gasto público diferido, con inconfundible sabor
keynesiano.
Si todo marcha óptimamente, en el 2001 habrá realización
de obras (unas 70) por $ 1500 millones, creándose, según
estimaciones oficiales (es decir, optimistas), unos 20 mil puestos de
trabajo por mes, a partir de marzo. En ese caso, ocuparían mensualmente,
de manera acumulativa, al 1 por ciento de los desempleados. Esta cifra
es apenas un pequeño fragmento de la de los individuos que, por
el incremento vegetativo, ingresan al mercado de trabajo buscando empleo.
Si, además del Plan que diseñó en su momento Nicolás
Gallo, la economía no genera suficientes puestos en muchos otros
sectores, la tasa de desocupación seguirá aumentando, a
pesar de esta obra pública.
En cuanto a la nueva reforma previsional, dado que, como está previsto,
le generará al fisco un ahorro creciente, que sobrepasaría
los mil millones de pesos anuales en el 2015, es obvia la quita de ingresos
que se les inferirá a los futuros jubilados. Se trata, por tanto,
de una reforma globalmente regresiva, cuyo instrumento es la supresión
de la Prestación Básica Universal –eliminada con el
especioso argumento de que no constituye un derecho adquirido de los actuales
aportantes sino un mero derecho “en expectativa”– y su
reemplazo por una Prestación Suplementaria. En concreto, los jubilados
del porvenir cobrarán, en promedio, 13 por ciento menos de lo que
hubiesen percibido sin este DNyU.
Parte de este sablazo hubiera podido compensarse –al menos para el
sistema privado– con la decisión de limitar los gastos de
promoción y marketing de las AFJP, transferidos a sus asociados
en forma de comisiones exorbitantes, que mochan los fondos a capitalizar.
Pero el secretario de Finanzas, Daniel Marx, impuso, con el obvio aval
del ministro Machinea, su oposición a esa medida, sabiendo cuánto
necesita que las Administradoras le compren cada vez más bonos.
Por algo acaba de subirse del 50 al 60 porciento el tope de títulos
públicos nacionales en los Fondos de capitalización.
Por fortuna, y tras mucha demora, vio la luz la asignación de los
indecisos (lo son más del 70 por ciento de los nuevos trabajadores)
a una de las dos AFJP menos caras. También quedaron prohibidas
las comisiones fijas (no porcentuales), que castigan a los salarios más
bajos. Y se ordenó aplicar una tabla actuarial unisex para las
rentas vitalicias, que el recién jubilado compra con lo que haya
juntado en su fondo individual. Esto puede provocarles una pequeña
pérdida a los varones (que son 8 de cada 10 nuevos jubilados),
y una ganancia más significativa a las mujeres. Sin embargo, aún
se desconoce cuál será la tabla a utilizar. La empleada
hasta ahora no corresponde a la esperanza de vida que hay en la Argentina
sino en Japón, porque esto les permite a las aseguradoras pagar
una renta más baja. Si esta distorsión fuera corregida,
incluso con la tabla unisex podrían los varones no recibir menos
sino más por mes.
Los entusiastas de esta re-reforma destacan la cobertura universal que
introduce ($ 100 mensuales para quienes aportaron menos de diez años,
incluyendo ninguno). Esta prestación es indispensable en un sistema
del que media población está excluida, pero con cien pesos
por paria social no se resuelva el problema. Además, se borró
en parte la absurda línea divisoria de los 30 años mínimos
de aportes, y se reintrodujo la movilidad de los beneficios, atada a un
índice salarial que elaborará el INdEC.
La gran incógnita de la apertura en la salud social es la actitud
que adoptarán las prepagas. En el Gobierno aseguran, en tono triunfalista,
que varias grandes se preparan ya para desembarcar en ese negocio hasta
hoy cautivo de los sindicatos y apropiarse de medio millón de cápitas
cada una.
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