Por Miguel Bonasso

En este año milenario que concluye, el Ejército regresó al primer plano de la escena política con un discurso peligroso, que bordea la reivindicación de la represión ilegal y arroja por la borda el avance autocrítico alcanzado durante la anterior comandancia del teniente general Martín Balza. El nuevo jefe, teniente general Ricardo Brinzoni, en una supuesta búsqueda de “la otra parte de la verdad histórica”, ha propiciado en rigor una intensa campaña de acción psicológica que parece anclada en los setenta y dista mucho de contribuir a la “reconciliación” que suele predicar. Los actos proselitistas realizados en Formosa y Monte Chingolo y un reciente documental televisivo sobre las pretendidas batallas que libraron los militares contra la guerrilla del ERP en 1975 constituyeron el broche de oro de esta creciente presión reivindicativa, que incluyó otras acciones perniciosas: apoyo a represores en apuros, ascensos indebidos, crítica a las condenas sufridas por algunos genocidas en Italia, descalificación de los Juicios por la Verdad, negación de prácticas generalizadas del terrorismo de Estado como el robo de niños, competencia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas con jueces civiles, ocultamiento o destrucción de documentos relacionados con la represión e incluso manifestaciones indebidas de “malestar” que trajeron a la mente el recuerdo de otras décadas aparentemente superadas. Desbordes incompatibles con el papel de las Fuerzas Armadas en democracia que fueron autorizados por el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, y el propio presidente Fernando de la Rúa.

Un documental de terror

Ocurrió la noche de Navidad, entre las 22 y las 23: el televisor se llenó de imágenes en blanco y negro pobladas por tropas comandadas por los generales Acdel Vilas o Domingo Bussi, persiguiendo a guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo en el monte tucumano. Luego, con un montaje clásico de los servicios de informaciones, el documental descendió a la suburbana Monte Chingolo, para describir lo que el locutor definió como una de las “grandes batallas contra la subversión”: el ataque del ERP al Batallón de Arsenales Domingo Viejobueno y la subsecuente represión, de cuyas víctimas civiles –villeros de la zona– los cineastas del Servicio de Inteligencia del Ejército no dijeron una palabra. El televidente desprevenido pegaba cada tanto un respingo al ser transportado a los miedos de un cuarto de siglo atrás. La voz, cada vez más inquisitorial, martillaba adjetivos hasta el cansancio: “criminales”, terroristas”, “extremistas”, “subversivos”, “delincuentes” e incluso se permitió mencionar con inesperada ternura a la “escuelita de Famaillá” que fue, según la Conadep, el primer centro clandestino de reclusión del país. El programa, inusitadamente bélico para la “noche de paz”, fue transmitido por CVN, con el “auspicio” previsible de varias firmas fabricantes de armamentos y la agencia de seguridad Robbio, y con el patrocinio civil de empresas privadas como Banca del Sol, Movicom y Transporte Metropolitano. Las autoridades políticas lo autorizaron a pesar de que su lenguaje –policial y anacrónico– no parece el más propicio para alcanzar esa “reconciliación” que pregona el general Brinzoni.
Una semana antes de que se difundiera este documental, en el programa “Punto Doc”, que sale los domingos a las 21 por Azul Televisión, Daniel Tognetti y Rolando Graña habían transmitido otro trabajo sobre Monte Chingolo, basado en una prolija investigación del periodista Daniel Otero, que demostraba –con testigos oculares y la inesperada confesión de un comisario bonaerense– que la “batalla” de marras fue minuciosamente preparada por la inteligencia del Ejército, que tenía infiltrado al ERP, le tendió la encerrona y no sólo masacró después del ataque a varios de los guerrilleros que se habían rendido, sino también a inocentes pobladores de una villa vecina. Datos que oculta, en cambio, el documental castrense en su curiosa búsqueda de la verdad total y no “facciosa”, que constituye la piedra basal de la doctrina de Brinzoni: “la memoria total” porque “el recuerdo parcial es tan injusto como el olvido”.

De la Rúa defendió la represión en Tucumán

Que el presidente Fernando de la Rúa, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, haya autorizado el libelo televisivo del Ejército sobre el Operativo Independencia no debe extrañar. En un reciente trabajo titulado “La Complicidad” (El continuismo dictatorial 1976-2000), el periodista Carlos Suárez exhuma un dato olvidado en el Diario de Sesiones del Senado. Dice el texto de Suárez: “El senador Fernando de la Rúa presenta en la primera semana de noviembre del ‘75 una iniciativa para que los legisladores nacionales visiten la zona de operaciones en Tucumán, provincia donde se desarrollaba el ‘Operativo Independencia’. El objetivo explicitado por De la Rúa era ‘contrarrestar la campaña que se había iniciado en el exterior, tendiente a denunciar violaciones a los derechos humanos en la represión militar de la guerrilla”.
Esta identidad de pensamiento y no la tan meneada ineptitud de los radicales para manejar el tema militar (lugar común de tantos políticos y comentaristas) permite entender mejor la serie de hechos inquietantes que se produjeron a partir de diciembre de 1999, cuando Brinzoni –ex compañero de promoción en el Colegio Militar del actual canciller Adalberto Rodríguez Giavarini– pasó a ser jefe del Ejército en reemplazo de Martín Balza. En los primeros días, como es natural, pareció que el sucesor se movía tras los pasos del antiguo jefe. En aquel momento dejaba trascender que siempre se había opuesto a las “operaciones por zurda” realizadas durante la etapa del genocidio. Durante el golpe militar, sin embargo, el capitán Brinzoni tuvo un destino eminentemente político: fue secretario del interventor militar del Chaco, durante cuyo mandato se perpetró la célebre masacre de Margarita Belén.

“Hay que ayudar a los muchachos”

Desde el primer momento, el general Brinzoni encontró en el ministro de Defensa López Murphy un apoyo activo. El economista que proponía la rebaja general de sueldos para privados y estatales sentía en cambio piedad por las privaciones presupuestarias de los militares y así se lo dijo a los miembros de la APDH que lo visitaron para pedirle que no se ascendiera a oficiales denunciados por la Conadep como represores: “Hay que ayudar a los muchachos (los militares)”, porque están subordinados al poder civil y han aceptado con estoicismo los ajustes fiscales. Con el aval de López Murphy y el del propio De la Rúa, Brinzoni logró que el Senado ascendiera en mayo pasado al teniente coronel Eduardo Daniel Cardozo, acusado de haber participado en el secuestro, tortura, violación y asesinato de la joven francesa Marie Anne Erize, perpetrado en San Juan en 1976. Cardozo, que entonces era teniente, fue acusado por un conscripto de “haber disputado el cuerpo de la francesita” (Marie Anne) con otro represor que este año alcanzó notoriedad al ser detenido y liberado en Roma: el ex torturador carapintada y actual abogado del genocida Carlos Guillermo Suárez Mason y el nazi Eric Priebke, el mayor retirado Jorge Antonio Olivera.
El represor devenido abogado intentó procesar a ex militantes montoneros, en una jugada tendiente a equilibrar los tantos con los Juicios de la Verdad y las causas por robos de niños en las que están procesados varios genocidas. Un juego que pretende demostrar que “todos fuimos culpables” y beneficiaría el “foro de la reconciliación” que Brinzoni anhela conformar con diversos sectores de la sociedad y algún que otro montonero reciclado. Cuando Olivera fue detenido en el aeropuerto romano de Fiumicino, Brinzoni llegó a decir que era “un atropello a la política y la justicia nacional”. La esposa del torturador, Marta Rabassi, reveló que había contado con el “apoyo institucional” del arma.
El jefe del Ejército defendió entonces el principio de “territorialidad”, que según el diputado socialista Alfredo Bravo equivale “al principio de impunidad”, porque en el país los represores no pueden ser juzgados. Un tribunal romano, sospechado de nexos con la Logia Propaganda Dos, liberó a Olivera. En Ezeiza fue recibido como VIP por las autoridades militares del aeropuerto.
Cuando el ex general Carlos Guillermo Suárez Mason (alias Pajarito) fue condenado en rebeldía por otro tribunal italiano no “tocado” por la P2, Brinzoni cuestionó el fallo por el mismo principio de territorialidad.
Es curioso que un estratega que reclama “memoria total” tenga la suya parcelada por una notoria selectividad: según el general Brinzoni el robo de niños no fue “sistemático”. Afirmación que ha sido desmentida, con rigor estadístico, por el capitán (retiro efectivo) José Luis D’Andrea Mohr que, con sus trabajos sobre el plan de exterminio, presta un gran servicio al ejército democrático que aún no logra conformarse. Un ejército que no hunda sus raíces en el pantano de la guerra sucia y el desastre de Malvinas, duramente analizado por otro oficial de mérito, el teniente general retirado Benjamín Rattembach.
El jefe del Ejército también puso en duda la existencia del Plan Cóndor que permitió la coordinación represiva entre las dictaduras militares del Cono Sur. Y se mostró reticente cuando el juez federal Claudio Bonadío le solicitó, entre otros materiales, los manuales de operaciones del Ejército en los años 70. La evidente reticencia enojó a Bonadío, que lo hizo notar y entonces Brinzoni ordenó una búsqueda de documentos referidos a la dictadura, que obviamente no produjo resultados. Aunque sí algunos curiosos episodios: como la reciente destrucción de documentos en una dependencia de inteligencia.
Otras investigaciones, llevadas a cabo en Córdoba por la jueza Garzón de Lascano, vinieron a desmentir lo sostenido por el jefe castrense en un reportaje concedido al diario La Nación en el sentido de que el Ejército dejó de hacer espionaje interno “hace quince años”.
Y Córdoba fue, en abril pasado, otra muestra acabada de la solidaridad indebida que el arma presta a cuadros sospechados de haber ejercido la represión clandestina. En el Juicio por la Verdad que se lleva a cabo en la capital mediterránea, el tribunal hizo detener por algunas horas a ciertos oficiales, citados como testigos que se negaron a declarar: el teniente coronel Enrique Mones Ruiz, el mayor retirado Gustavo Adolfo Alsina y el famoso genocida de La Perla, Benjamín Menéndez.

Aquella vieja costumbre de “los planteos”

Brinzoni no sólo envió a Córdoba al general Eduardo Alfonso, secretario general del arma, sino que además se permitió cuestionar a los juicios como mecanismo idóneo para llegar a la verdad histórica y llegó al extremo de afirmar, como en la época de los famosos “planteos”, que “hay inquietud y preocupación en el Ejército”. En vez de relevarlo, López Murphy le dio pleno respaldo. No es de extrañar entonces que en este último mes del año, Brinzoni haya dado un paso audaz retratándose con el genocida Menéndez a sus espaldas, en un acto castrense donde el general de brigada Héctor Lubin Arias se permitió decir con el mesianismo de los viejos tiempos: “A pesar de los cambios el Ejército es siempre el mismo. Y evolucionar no significa de ningún modo renegar de nuestro pasado. Independientemente de los aciertos y los errores”. En octubre, Brinzoni organizó un acto público en Formosa, para conmemorar el ataque de Montoneros al cuartel local en 1975. Como fue vistoso y tuvo buena prensa, el 23 de diciembre pasado el jefe del Ejército realizó otra evocación: la del cuarto de siglo del “combate” de Monte Chingolo. Ambas efemérides estuvieron seleccionadas con astucia: en los dos casos se trataba de ataques a cuarteles en tiempos de María Estela Martínez de Perón, cuando había un gobierno constitucional. Nada dijo desde la tribuna, sin embargo, para recordar que pocos meses después de esos ataques el Ejército derrocó al orden constitucional que pretendía defender. El recuerdo parcial, sin duda, es peor que el olvido.
Con ese olvido en mente, Brinzoni y López Murphy repitieron la presión del año anterior, reclamando ascensos para jefes cuestionados por la Conadep. Como agravante, este año el jefe del Ejército había acordado con la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, que consultarían al organismo antes de elevar las propuestas de ascenso para evitar cuestionamientos. A pesar de los señalamientos de la subsecretaria a varios de los candidatos, Brinzoni y López Murphy decidieron seguir adelante. El Senado aprobó el 21 de este mes 176 ascensos (entre los cuales hay varios cuadros acusados de carapintadas), pero dejó cinco promociones en suspenso.

Y aquella otra de los aprietes

Para cualquier observador de la realidad argentina es un axioma que las señales que se emiten desde el poder suelen ser siempre “copiadas” y amplificadas desde los sótanos de ese mismo poder. Este año han proliferado páginas cibernéticas donde distintos organismos fantasmales reproducen el lenguaje de los dinosaurios retirados que expulsaron al teniente general Balza del Círculo Militar. Hay allí toda clase de exaltadas acusaciones contra políticos, periodistas, sindicalistas, religiosos y jueces, como Claudio Bonadío, a los que se califica como “subversivos”.
En algunas de estas páginas, como la que se difundió a partir de setiembre en Espacio Digital de Internet, se dice sin ambages: “Las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, a partir del momento en que se reimplantó en nuestro país el sistema democrático, hemos venido soportando todo tipo de agravios”.
En otros casos, se ha pasado a la vía de hecho: golpes a HIJOS de Rosario; violentos antiescraches como el organizado recientemente por Aldo Rico en San Miguel; el envío por correo de un pan de trotyl a la abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Matilde Bruera; los asaltos a la librería de las Madres de Plaza de Mayo o los daños, en el Chaco, a un monumento que honra a los desaparecidos.
Hechos repudiables y preocupantes, que no son ajenos al inesperado regreso de las legiones.

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