Por Carlos Noriega
Desde Lima

“Todas las instituciones del Estado, con la excepción de la Defensoría del Pueblo, estaban penetradas por la estructura de esa red criminal”, es el balance que hace el ministro de Justicia Diego García Sayán (50) de lo que el gobierno de transición democrática encontró luego de la fuga a Japón y destitución del ex presidente Alberto Fujimori. En entrevista exclusiva con Página/12, García Sayán, uno de los juristas más respetados del Perú y un activista de los derechos humanos, analiza los niveles de corrupción a los que descendió el Perú, lo que el actual régimen puede hacer para desmontar ese aparato corrupto, el proceso de investigación que se sigue a la mafia montada por Vladimiro Montesinos, la creación de una Comisión de la Verdad y las posibilidades de extraditar a Fujimori y a Montesinos.
–Hasta el momento sólo se ha establecido una procuraduría para investigar a Vladimiro Montesinos, ¿es que a estas alturas no existen elementos suficientes para investigar al ex presidente Alberto Fujimori?
–En este momento se está poniendo el énfasis en identificar y desmontar esa red inmensa de corrupción, red en la que Fujimori, es verdad, va apareciendo como una persona relevante. Las atribuciones que el gobierno le ha dado al procurador José Ugaz, que investiga a Montesinos, permiten que el caso Fujimori sea visto por esta procuraduría, porque hasta el momento todos los elementos que podrían indicar responsabilidad penal de Fujimori están en conexión con Montesinos. Naturalmente, habiendo sido Fujimori presidente del Perú, por lógica uno podría pensar que se necesitaría una procuraduría especial para investigar su caso, pero en este momento en el que ya hay una dispersión de energías en el Estado, no estoy seguro de que la creación de una procuraduría adicional fuera lo mejor. Esto, claro, en la medida en que las responsabilidades de Fujimori sean exclusivamente las conectadas a Montesinos.
–Para lograr extraditar a Fujimori y a Montesinos –que según últimas revelaciones también estaría en el extranjero–, ¿sería más factible hacerlo por delitos de corrupción o por violaciones a los derechos humanos?
–Indudablemente por violaciones a los derechos humanos. En el caso de corrupción, por obvias razones la Convención Interamericana no comprende a Japón y la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional que se ha firmado el pasado 15 de diciembre en Palermo todavía no está en vigencia. En el ámbito de los derechos humanos existen tratados como la Convención Contra la Tortura que establece para los Estados parte, y Japón y Perú lo son, la facultad de poder juzgar en su territorio a personas que hayan cometido ese delito en otro país miembro de esa Convención. En la hipótesis de que por alguna razón constitucional insuperable fuera inviable una extradición de Fujimori y hubiera una acusación penal por violación a los derechos humanos, las autoridades japonesas tendrían la posibilidad de poder juzgarlo en su país.
–¿Por qué entonces, la procuraduría que investiga a Montesinos, y que como usted ha dicho incluye el caso Fujimori, se ha centrado en las denuncias de corrupción dejando de lado las acusaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos?
–Tal vez porque la corrupción era lo menos investigado hasta este momento. Los indicios que vinculan de manera muy directa a Montesinos y a personas de esa red criminal en la recepción de dinero, en la apertura y manejo de determinadas cuentas corrientes pueden ser fulminantes desde el punto de vista de procesos penales dentro del país. Sin embargo, estoy de acuerdo en que habría que reforzar las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, particularmente el tema de la tortura. No nosolvidemos de que la tortura fue la vía por la cual cayó preso Pinochet y estuvo a punto de ser extraditado, a no ser por el tema de su edad.
–¿Qué tan profundo llegó en el Estado la red de corrupción montada por Montesinos y cuánto de ella sobrevive todavía?
–Todas las instituciones del Estado, con la excepción de la Defensoría del Pueblo, estaban penetradas por la estructura de esa red criminal, y sospecho que esas estructuras criminales al interior de esas instituciones siguen existiendo. El proceso de transición democrática en el que estamos ha permitido que se den algunos pasos muy importantes en la limpieza de las Fuerzas Armadas, de la Policía. En el caso del Poder Judicial el asunto tiene que ir más lento porque el Ejecutivo no puede intervenir, pero ya se han adoptado decisiones importantes para quitar de los centros del poder a las personas sindicadas como piezas de la red criminal.
–¿Cree que estos ocho meses de gobierno de transición serán suficientes para limpiar el país de esta inmensa red de corrupción?
–La estructura criminal demoró 10 años en montarse y en un tiempo tan corto es difícil desmontarla por completo. El papel del gobierno de transición es hacer la limpieza esencial de las cabezas de esa red de corrupción en cada institución y generar una dinámica en las instituciones y en la sociedad para proseguir este trabajo de manera sostenida, por eso hemos presentado al Congreso una propuesta para crear una comisión nacional contra la corrupción.
–¿Cómo funcionará la Comisión de la Verdad que el gobierno ha propuesto crear?
–Se ha formado un grupo de trabajo (integrado por los ministerios de Justicia, de la Mujer, Defensa, Interior, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica) que en 90 días debe definir cuáles deben ser las funciones, facultades, los temas que cubriría esa Comisión de la Verdad. Queremos que esta comisión sea fruto de un debate nacional y no el resultado de una acción aislada del gobierno. El propósito de la Comisión de la Verdad es promover una reflexión sobre las cosas que se han hecho mal, sobre responsabilidades que deben ser identificadas y las reparaciones a las víctimas de la violencia y el abuso. Se trata de mirar al pasado para que eso sirva como un ingrediente para la reconciliación nacional. Se debe identificar a las víctimas de las acciones de las Fuerzas de Seguridad, de los terroristas o del fuego cruzado, y decidir cómo repararlas.
–¿Cómo han tomado los militares el anuncio de esta Comisión de la Verdad?
–No he sentido ningún reparo, ninguna atingencia en contra o de desconfianza. En todo proceso de reconciliación que busca analizar el pasado siempre hay quienes pueden sentirse afectados. Y cuando se sale de un proceso de violencia los sectores militares y policiales a veces sienten que puede haber una especie de corriente para sentarlos en el banquillo de los acusados. Ese no es el propósito.
–La experiencia de América latina nos muestra que las Comisiones de la Verdad por sí solas no han servido para la reconciliación y que las heridas han seguido abiertas mientras no haya un enjuiciamiento a los culpables de violaciones a los derechos humanos. ¿Esta Comisión de la Verdad debería acusar penalmente a los responsables de torturas o asesinatos?
–Lo importante es que haya investigaciones que determinen la verdad y que eventualmente al determinarse responsabilidades de ahí puedan derivarse acusaciones penales o civiles, pero ése es un tema que tiene la arista de la ley de amnistía que cubre el período en que ocurrió la mayoría de violaciones a los derechos humanos.
–¿Esa amnistía que dio Fujimori en 1995 se mantendrá?
–Ese es un punto en el cual la Comisión de la Verdad debe pronunciarse.
–¿El gobierno no tiene una opinión sobre este tema? –El gobierno no tiene una opinión porque lo que queremos es que eso lo vea la Comisión de la Verdad. El gobierno no puede opinar porque se estaría adelantando. Esta no debe ser una decisión política, sino una decisión de consenso. Lo que el gobierno tiene claro es que no va a promover una nueva amnistía.
–Con el regreso del Perú a la Corte Interamericana, que ha ordenado un nuevo juicio en tribunales civiles de la norteamericana Lori Berenson y de cuatro chilenos vinculados al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), ¿se volverá a juzgar a todos los condenados por terrorismo que no tuvieron juicios justos?
–En la medida en que haya una sentencia de la Corte Interamericana esos procesos tendrán que ser revisados.

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