Por Javier Lorca y Cecilia Sosa

El interminable conflicto por el CPI está de vuelta. La primera camada de estudiantes de la Facultad de Medicina (UBA) que en 1995 entró en la universidad a través del Curso Preuniversitario de Ingreso –pergeñado por el ex decano menemista Luis Nicolás Ferreira– ya terminó o está por terminar su carrera. Son miles de alumnos que ahora se encuentran con que la UBA insiste en que, para graduarse, deben cursar dos materias del Ciclo Básico Común (CBC). Esa decisión fue ratificada ayer por el Consejo Superior de la universidad, cuando se trató un proyecto de la Facultad de Medicina para que se exceptuara a los 7500 estudiantes que, en total, sufrieron el polémico CPI. No obstante, hay una noticia a favor de ellos: entre las diversas causas judiciales iniciadas, ya hay dos fallos favorables a tres mil alumnos, que se suman a la pesada jurisprudencia que la Corte Suprema sentó en el mismo sentido. Por eso, el rector Oscar Shuberoff admitió que extenderá los diplomas. Pero agregó: “Salvo que me hagan echar, cuando tenga que firmar uno de esos diplomas lo haré consignando la situación judicial que me obliga y aclarando que el aspirante no cumplió con las exigencias para graduarse”.
El CPI nació en 1995 y desde entonces fue centro de una ardua disputa entre Ferreira y Shuberoff, quien siempre proclamó su ilegalidad y sostuvo que el CBC era el primer año de todas las carreras. A su vez, el ex decano defendía su dilecto CPI como un modo de restringir el ingreso y se negaba a aceptar a los alumnos que provenían del CBC. La disputa se zanjó a medias en 1998, cuando el siguiente decano, Salomón Schächter, acordó con el rector eliminar el CPI y consensuar un CBC específico para el área de salud. Los únicos perjudicados fueron los alumnos que ya habían hecho el CPI. Una resolución del Consejo Superior dispuso que debían cursar dos de las materias que integran el CBC (Sociedad y Estado y Pensamiento Científico). Por eso, más de cinco mil alumnos patrocinados por el centro de estudiantes recurrieron a la Justicia. En dos causas obtuvieron sentencias favorables. La UBA presentó recursos de queja, pero, mientras, los fallos siguen en pie.
“El proceso judicial puede tardar, pero no hay duda de que se va a resolver a favor de los estudiantes. Es sólo una cuestión de tiempo”, aseguró a este diario José Lucas Magioncalda, el abogado del centro estudiantil. “Algunos alumnos con sentencia favorable, cuando van a tramitar su título, se encuentran con que el personal no está notificado y les pone trabas –contó el abogado–. Estamos al borde de iniciar acciones penales porque la UBA no cumple las disposiciones judiciales”, advirtió Magioncalda, quien recordó que el conflicto por el CPI ya tuvo un fallo favorable de la Corte Suprema (en el caso “Monje y otros contra la UBA”). “Cada vez que la UBA apela gasta más de mil pesos. Está malgastando el dinero”, agregó. La universidad también se expone a que lluevan juicios por daños y perjuicios por los que podría terminar pagando una cifra astronómica.
Ayer, en su última sesión del año, la disputa retornó al Consejo Superior de la mano de un proyecto impulsado por los consejeros estudiantiles de la Alianza y por Medicina para exceptuar a los que cursaron el CPI de cursar el CBC. Los consejeros se dividieron en dos posturas: “idealistas” y “pragmáticos”. Los primeros, con Shuberoff a la cabeza, argumentaron que los fallos de la Justicia son inconstitucionales porque vulneran la autonomía universitaria. “Un juez no puede establecer cuáles son los planes de estudio de la universidad”, se dijo.
Los “pragmáticos”, aun cuando aceptaron la “irregularidad” del fallo y al CBC como único ingreso, optaron por defender a los estudiantes a quienes llamaron “rehenes” y “mártires”. Pidieron una “amnistía de excepción” para “saldar un problema político”. Entre ellos, se alinearon los consejeros estudiantiles y los decanos de Medicina, Exactas, Socialese Ingeniería. “Los estudiantes no son responsables del conflicto y, por lo tanto, no pueden pagar sus costas –dijo a Página/12 el decano Medicina, Salomón Muchnik–. No sería tan grave darles una excepción.” Otro argumento lo esgrimió el decano de Derecho, Andrés D’Alessio, a través de un proyecto de resolución. Allí se previno que, dado el precedente sentado por la Corte Suprema y pese a su “evidente error”, “razones de prudente administración hacen manifiesta la inconveniencia de ignorar... este reiterado criterio jurisprudencial”. También se indicó que agotar todas las instancias judiciales supondría para la UBA “una segura erogación varias veces millonaria”.
Pero la mayoría de los consejeros no opinó lo mismo. Duro, Shuberoff aseguró que en Medicina “nunca hubo dos formas de ingreso. Algunos entraron por la ventana”. “Cumpliremos con los fallos judiciales, pero no tenemos por qué aceptar que un juez disponga un cambio en los planes de estudios. Es absurdo, carnavalesco. Significa excederse largamente en sus atribuciones y vulnerar la autonomía –gruñó–. Aprobar una materia no es una sanción. Beneficiamos cuando somos exigentes y valorizamos el título.” Después de las discusiones, la votación contó 12 votos para la postura del rector y 7 para la de Medicina.

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