La presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Carmen Storani, y la legisladora porteña Liliana Chiernajowsky, hacen un análisis de la posición argentina en la Cumbre Internacional de la Mujer, donde por primera vez el país admitió a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como derechos humanos.

Por M.D.

Queremos señalar que el compromiso de garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres incluye a los derechos sexuales y reproductivos, compromiso reflejado en las políticas que las autoridades llevan adelante a través de medidas para reducir la mortalidad materna, prevenir el embarazo adolescente y proteger la maternidad y la salud de las mujeres, asegurando el inalienable derecho a decidir libre y responsablemente cuándo y cuántos hijos tener...” Estas palabras, incluidas en el discurso con el que Argentina cerró su intervención en la Sesión especial de la Asamblea de la ONU –Beijing +5– que relevó lo actuado por los países miembros en relación con la igualdad entre los géneros son las que dieron un lugar privilegiado a ese optimismo que se respira entre las mujeres que asistieron a esa cumbre. Y es que hasta último momento la posición de la Cancillería –representada por el secretario de Relaciones Exteriores, Enrique Candioti– amenazaba con trazar un tramo más del camino que pavimentó el gobierno de Carlos Menem con posiciones tan conservadoras con respecto de los derechos sexuales y reproductivos que sólo algunos países árabes –y el Vaticano– podían acordar con ellas. Sin embargo quedaron algunos temas pendientes como el que habla de la responsabilidad del Estado en materia de educación sexual y una definición de familia que esté más acorde con la realidad cotidiana. Pero estos temas habrá “que saberlos leer”, según las palabras de la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Carmen Storani.
“El resultado es muy, muy bueno. Salimos de las posiciones recalcitrantes, nos alineamos al resto de Latinoamérica y esta vez Argentina no hizo ninguna declaración interpretativa sobre el tema de los derechos sexuales y reproductivos como sí lo había hecho antes. Esto es un cambio esencial, porque hasta ahora Argentina estaba aislada”, Storani no oculta su entusiasmo. Situada en el centro de una polémica que llegó casi hasta el fin de la misma conferencia que se realizó en Nueva York entre el 5 y el 9 de junio –se le criticó a la Cancillería que cerrara su posición sin acordar con el Consejo de la Mujer y sin romper la continuidad con el gobierno anterior–, Carmen Storani descansa ahora en ese párrafo que para ella fue fundamental. “Incorporar los derechos sexuales como derechos humanos es un avance importantísimo, que Argentina manifestara al mundo que es un derecho inalienable la libertad para decidir cuándo y cuántos hijos tener es un cambio que alienta un debate que es siempre muy complicado en nuestro país y eso se reflejó en la conferencia. Hubo que trabajar mucho para decir cuáles eran nuestros objetivos y dejar en claro que no se estaba trabajando en contra de la familia”. Dejar en claro, para Storani, significó sentar posiciones frente a “sectores que representan a otro tipo de pensamiento y que presionan constantemente en nuestra sociedad, que publican solicitadas en los diarios y tergiversan el debate como si hablar de derechos reproductivos fuera alentar el aborto”. Sectores, que, obviamente, llevaban la voz cantante de la delegación argentina. “Creo que lo más positivo es que hubo permeabilidad y atención hacia los reclamos que venían desde las mujeres, especialmente desde las mujeres de la Alianza –dice la legisladora de la ciudad, Liliana Chiernajowsky–; el reconocimiento del rango constitucional de los tratados internacionales que incluyen la plataforma de Beijing es muy importante porque desde esa jerarquía normativa quiere decir que la igualdad entre los géneros es una política de Estado. También me parece muy positivo la decisión de erradicar los estereotipos discriminatorios en la educación y la condena a la explotación sexual de las niñas, los niños y las mujeres”. Este último punto fue uno de los avances más importantes en términos globales ya que en la anterior conferencia algunos países sentaban su posición con respecto de la prostitución según el parámetro del consentimiento, “pero ahora la condena fue muy fuerte, cuando hablamos de tráfico de niños, niñas y mujeres, estamos hablando desde el vamos de la falta de opción, estamos hablando de explotación y esto fue entendido por la globalidad de los países miembros”, agrega Storani.

Temas pendientes
La defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural y el reconocimiento de los derechos y obligaciones de los padres en la educación de los hijos son dos de las premisas que podrían señalar una continuidad con la anterior posición argentina. Pero Storani no cree que sea así. “No podemos hablar de continuismo sino de coherencia. Argentina tiene una legislación interna, hay una reglamentación civil que define a la persona desde el momento de la concepción y no podemos ir a foros internacionales a decir lo que nuestra legislación no dice. En cuanto a la educación sexual, se habla de la responsabilidad de los padres, pero también se dice que el Estado tiene que asegurar de una manera pluralista y humanista una mejor sociedad en la que haya igualdad y esto tiene que ver con la educación”. ¿No es una debilidad entonces no haber mencionado expresamente la necesidad de una educación sexual para todos? “No, hay que saber leer. En ningún momento dice que el Estado no puede hacerse cargo”.
Chiernajowsky, en cambio, no cree lo mismo. “Sin duda hay chicos que pueden encontrar en el seno del hogar una respuesta, una actitud cálida de parte de los padres; eso es lo óptimo, pero no la regla general y esto no puede invalidar que reciban educación sexual en las escuelas o en los centros de salud. Además no podemos obviar que muchos de los casos de abusos sexuales tienen como protagonistas a los mismos padres, por lo que es absurdo pensar que la educación que dan los padres es la ideal. Pero el documento tampoco dice expresamente que el Estado no puede intervenir en estos casos”. Aunque sea por omisión la puerta queda abierta, más si se toma en cuenta el compromiso expreso de tomar políticas públicas con respecto de la salud integral de las mujeres, la prevención del embarazos no deseados sobre todo en la adolescencia, y la prevención del sida, una epidemia que ya demostró que, cada vez más, tiene cara de mujer. “El problema en este país es la doble moral, porque se hacen declaraciones de principios que esconden que quienes tienen recursos pueden resolver sus problemas y planificar sus familias, etc. Pero quienes no tienen bienes materiales y culturales esto es restrictivo y por eso es necesaria la intervención activa del Estado”, concluye Chiernajowsky.
“En nuestra sociedad coexisten diversos intereses y eso se refleja en el documento. También es cierto que hay intereses extremos a los que no les importa realmente la salud de las mujeres –dice Storani–, sino que quieren evitar que se hable de la sexualidad en escuelas y en los hospitales. Pero la posición que tomó Argentina es abierta y esta vez hemos podido trabajar coordinadamente. Hablar de derechos sexuales no es lo mismo que despenalizar el aborto o atentar contra la familia sino alcontrario, estamos tratando de evitar los 465 mil abortos clandestinos que se hacen por año y que mueran mujeres por causas evitables”.