por Franz Kafka

Ante la ley hay un portero. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar.
–Es posible –dice el portero–, pero no ahora.
La puerta que da a la ley está abierta, como de costumbre; cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se ríe y le dice:
–Si tanto es tu deseo, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso. Y sólo soy el último de los porteros. Entre sala y sala hay un portero, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercero es tan terrible que no puedo soportar mirarlo.
El campesino no había previsto estas dificultades; la ley debería ser siempre accesible para todos, piensa él; pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba larga de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar hasta recibir el permiso para entrar. El guardián le da un banquito y le permite sentarse a un costado de la puerta. Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia, el guardián mantiene con él breves conversaciones, le hace preguntas sobre su patria y sobre muchas otras cosas; pero son preguntas indiferentes, como las de los grandes señores y, para terminar, siempre le repite que todavía no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo, en efecto, pero le dice:
–Lo acepto para que no creas que has omitido algún esfuerzo.
Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al portero; se olvida de los otros y le parece que éste es el único obstáculo que lo separa de la ley. Maldice su mala suerte, durante los primeros años temerariamente y en voz alta; más tarde, a medida que envejece, sólo murmura para sí. Retorna a la infancia, y como en su larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, también suplica a las pulgas que lo ayuden y lo persuadan. Finalmente su vista se debilita, y ya no sabe si realmente hay menos luz o si sólo lo engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor, que surge inextinguible de las puertas de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta, que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al portero para que se acerque, ya que el rigor de la muerte endurece su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo, para desmedro del campesino.
–¿Qué quieres saber ahora? –pregunta el guardián–. Eres insaciable.
–Todos se esfuerzan por llegar a la ley –dice el hombre–; ¿cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar?
El guardián comprende que el hombre está por morir y, para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice al oído con voz aterradora:
–Nadie podía pretenderlo, porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla.

entredichos

Por ELBA CASETTA*

Los sucesivos proyectos de Ley del Libro fueron demorándose sobre todo por las diferencias surgidas entre los representantes de la industria gráfica y las editoriales a propósito de los aranceles a los libros impresos fuera de Argentina. Las diferencias lograron salvarse mediante un acuerdo que se refleja en el texto del proyecto. Por otro lado la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) interpretó que se afectaban los derechos de autor y a último momento retiró su apoyo. Recién hacia fines del año pasado se llegó a un acuerdo entre todas las partes interesadas.
La creación de una Comisión Asesora del Libro pretende otorgar representación a todos los sectores involucrados. En otras leyes referidas al área de Cultura encontramos representación de todos aquellos que se vinculan con el área. Por ejemplo, la Ley de Fomento del Cine crea el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales que tiene en su seno representantes de todas las secretarías de Cultura de los gobiernos provinciales en la Asamblea Federal, y de productores, directores de cine y el Sindicato de la Industria Cinematográfica (SICA) en el Consejo Asesor. La Ley Nacional de Teatro tiene un sistema similar pero con énfasis en las delegaciones provinciales. Esta es siempre una aspiración de todos aquellos que tienen intereses vinculados con cada área porque es una forma de ganar en representatividad y una posibilidad de hacer escuchar su voz.
La Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (Conabip) tiene en su Comisión Directiva representantes de los gobiernos provinciales, las Federaciones de dirigentes de bibliotecas, de los bibliotecarios graduados y de la cultura en general. Como presidenta de la Conabip, presido la Junta Representativa, órgano consultivo y asesor de la Comisión integrada por delegados gubernamentales y por las federaciones de dirigentes de bibliotecas de todas las provincias. Dicha Junta (cuyos miembros son adhonorem), se reúne una vez por año y ocasiona algunos gastos de pasajes y viáticos, pero ésa es la instancia que tienen los gobiernos provinciales y las federaciones para hacer oír sus opiniones, conocer las realidades de todo el país y programar acciones conjuntas para cumplir con los objetivos de otorgarle a este organismo un carácter federal. Estos instrumentos, bien usados –lo que significa jerarquizarlos–, son espacios de encuentro y trabajo muy importantes que deben estar puestos al servicio de la democratización de la gestión.
Esto es un desafío, fundado en la convicción de que no pueden existir decisiones centralizadas sin participación de la sociedad, sino que debe instalarse el debate como principio organizador a través del cual los partidos políticos, los gobiernos provinciales, las instituciones del área, los empresarios y otros sectores del espacio cultural desempeñen un papel, dando su contribución para la definición de políticas. La Comisión Asesora que plantea el proyecto de Ley del Libro es ad-honorem. Por otro lado, que el Estado compre un porcentaje de la primera edición de cada libro es uno de los puntos centrales de esta ley, ya que lo coloca como protagonista de una política activa necesaria para reactivar al sector editorial y a la industria gráfica, que han sufrido una reconfiguración dramática en los últimos años. Esto, y la exención del Impuesto al Valor Agregado son los puntos centrales en esta ley porque son los que permitirán una reactivación del sector y dan un protagonismo al Estado, que se ha ido alejando de la promoción de muchas políticas en nuestro país y que respecto del área cultural ha tenido poca presencia.

Presidenta de la
Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.

 

 

La conjura de los necios por Daniel Link La pregunta central del texto de Kafka es para quién está hecha la Ley, y quién puede tener acceso a ella. La sanción de una Ley del Libro que regule la actividad del sector parece una necesidad incuestionable aun para los espíritus más díscolos. Lo que habría que preguntarse es a quién beneficia el proyecto que actualmente aguarda sanción legislativa, proceso apurado por la manía que domina a las actuales autoridades nacionales. Radarlibros entrevistó a diferentes representantes de los sectores involucrados en la producción de libros para conocer los pormenores de un proyecto que, a los ojos de cualquier neófito, pone en pie de igualdad a las pocas editoras nacionales que quedan y a los grandes grupos multinacionales, desprotege las políticas nacionales de edición y traducción, elige la máscara de un falso federalismo (“fomentar el trabajo intelectual de los autores nacionales, particularmente aquellos residentes en el interior del país, y la edición de sus obras”, se lee entre los equívocos fundamentos del Proyecto, pero las provincias aparecen representadas en una absurda Comisión Asesora, mientras la Fundación El Libro sería miembro estable de ese mismo cuerpo colegiado), y otorga precisamente a quienes controlan el mercado editorial beneficios impositivos increíbles en un país como la Argentina (la equiparación de los “derechos del editor” y los “derechos de autor” propuestos por el Proyecto de Ley abre las puertas y las ventanas para que los grandes grupos editoriales reclamen la exención del impuesto a las Ganancias sobre las sumas que ellos mismos consideren corresponden a esa figura jurídica aberrante. Para mayores precisiones, ver el análisis del Proyecto de Ley realizado por Julio Nudler). ¿Para quién es esta ley? ¿A quién beneficia? ¿Cuáles fueron los kafkianos pormenores que llevaron a una redacción que vulnera hasta tal punto los intereses del Estado y la Nación argentina? Pacho O’Donnell, uno de los redactores originales del proyecto que aguarda tratamiento, es bien elocuente al respecto: “La gente de la cultura sabe que las leyes salen cuando se hace lobby. Esta ley salió porque estuvo muy consensuada con los interesados”. Los interesados son, claro, las asociaciones que agrupan a los editores, impresores, etcétera. Para el entonces legislador, “esta ley es absolutamente conveniente. Si pertenezco al mundo de la cultura, voy a hacer lo posible por defender el mundo de la cultura. Si esta ley beneficia a las grandes editoriales, en última instancia beneficia al derecho de edición”. Los grandes grupos editoriales, por supuesto, ven con beneplácito esta Ley (ver aparte el comentario de Ana María Cabanellas, presidenta de la Cámara Argentina del Libro). En lo que se refiere a la venta electrónica de libros (aspecto sobre el cual el proyecto no legisla taxativamente), Leandro de Sagastizábal, director comercial del Grupo Planeta Argentina, considera que el Proyecto es útil porque garantiza el precio único. La salvedad es necesaria en un momento en el que, cualquiera que haya accedido a la compra electrónica del libro lo sabe, la mayor ventaja del sistema son los considerables descuentos. “El verdadero desafío es difundir la lectura. Para ello, el precio es fundamental. La rentabilidad actual de cualquiera de los actores intervinientes en la producción de libros es tan escasa que no admite costos extra”, señala Sagastizábal, simplificando mucho los aspectos que habría que tener en cuenta en relación con la sólida constitución de un público. Los sectores no ligados directamente con la producción de libros han manifestado diversos grados de alarma ante un proyecto desprolijo, en el que ni siquiera se define con precisión qué cosa se entiende por “libro”, que ignora con olímpico desdén el sector universitario (no representado enla Comisión Asesora del Libro), que no contempla políticas específicas para las editoriales pequeñas y que ni siquiera reconoce el estado actual del mercado de libros. Etimológicamente, necio es el que no sabe, el que elige no saber, no ver, no darse cuenta. La futura Ley del Libro padece de esa peligrosa forma de ceguera. Pacho O’Donnell recordó con melancolía el escaso interés que despertó entre los intelectuales y escritores la discusión y sanción en el Senado del proyecto de Ley del Libro, a diferencia de lo que sucedió con otras leyes de regulación de la actividad cultural (la de Cine, la de Teatro), que convocaron grupos tan multitudinarios como representativos de los interesados los días de discusión en el recinto. Es cierto: la sociedad se debe un debate sobre los objetivos y fundamentos de la Ley del Libro como instrumento de promoción cultural. Radarlibros quiere estimular ese debate y propone estas páginas como foro abierto.

Libros para el pueblo

por Irma Parentella *

La Ley 20.380 de promoción del libro argentino fue sancionada en 1973, hace un cuarto de siglo. Las circunstancias han variado desde entonces radicalmente (como reflejo de las transformaciones mundiales y como resultado de la agitada historia argentina de los últimos tiempos, por la crisis de la educación y las dificultades económicas de gran parte de nuestro pueblo o la hegemonía de las grandes empresas editoras transnacionales), por lo que está desactualizada y no puede cumplir con las motivaciones que le dieron origen.
El Proyecto que cuenta con media sanción del Senado es perfectible. Han surgido nuevas problemáticas que en un futuro inmediato deberá contemplar la legislación: el libro electrónico y la comercialización electrónica de libros, por ejemplo.
Pero en la Argentina sentimos que hay dos velocidades: una, la del propio país –que cambia muy rápidamente– y otra, la de la política y sus instituciones –que tardan mucho tiempo en hacer una ley y cuando la misma está lista ya ha cambiado todo–. La crisis del libro nacional y el decaimiento de la lectura que aqueja hoy a una gran parte de la población del país exigen rápida respuesta.
Es urgente la sanción de una Ley del Libro que sirva para superar los obstáculos que hoy traban el desarrollo y la producción de nuestros creadores, promueva la difusión de sus obras y permita a los editores y a la industria gráfica nacionales competir con la producción extranjera. Para que ello ocurra es imprescindible una intervención indirecta del Estado, que influya sobre los planes de inversión de las empresas y sobre todo lo que involucre al sector editorial y gráfico, con un Consejo Nacional del Libro y la Lectura –que debiera integrarse con cargos honorarios, tal como está contemplado en el Proyecto de mi autoría–, destinado a fomentar y estimular la actividad y con un rol activo en el control de gestión de los organismos del área. Son necesarios exenciones y reintegros impositivos, ya que lo ocurrido en la actividad en los últimos años muestra que, en las condiciones actuales, las empresas tienen grandes dificultades para subsistir y se ha producido en el rubro un acelerado proceso de cierres y ventas a empresas transnacionales que puede llevar en poco tiempo a la desaparición del sector editor nacional, lo que afectaría también a la industria gráfica.
La identidad propia se sustenta, de una manera cada vez más notoria, casi exclusivamente en la cultura que cada pueblo es capaz de producir y puede en los hechos consumir.
La producción de cultura escrita en sus diferentes manifestaciones, sean éstas puramente literarias, ensayísticas, científicas, artísticas, educativas, de difusión o mero entretenimiento (su edición, impresión, distribución y consumo), constituyen por ello valiosísimas expresiones de identidad nacional. Identidad que sólo podrá preservarse y desarrollarse mediante un apoyo firme y sostenido, sustentado en una legislación y políticas aptas.
El sociólogo francés Pierre Bourdieu, ante una pregunta sobre las consecuencias del neoliberalismo, respondió que “cuando uno dice menos Estado, hay que saber que esto también quiere decir menos cultura, cultura libre, cultura creadora”. Y esto es así porque dejar librado a las reglas del mercado el espacio de la cultura, sin una intervención positiva delEstado, significa, en palabras del citado sociólogo, el deterioro de la producción autónoma.

* Diputada nacional por la Alianza-Frepaso

Es para bien de todos

por Ana María Cabanellas* ¿Cree Ud. que el proyecto de Ley del Libro (en adelante pLL) contempla adecuadamente la situación actual del libro en lo que se refiere a la producción, edición, comercialización, difusión, etc., teniendo en cuenta que el pLL no se refiere explícitamente al libro electrónico ni a la comercialización electrónica de libros?
El proyecto de Ley, que tiene media sanción del Senado, habla de libro sobre cualquier soporte. No sabemos en el futuro qué soportes se crearán y la definición es absolutamente abarcativa, o sea incluye al libro electrónico y editado en Internet. La reglamentación del comercio electrónico no es privativa del libro y por lo tanto no es resorte de esta ley.
¿Considera adecuada al cumplimiento del pLL la creación de una “Comisión Asesora del Libro” compuesta por 16 miembros de diferentes lugares del país y diferentes colocaciones institucionales? ¿No supone un excesivo grado de burocracia y un gasto administrativo altísimo?
Esta comisión fue solicitada por el sector público y suponemos que habrán evaluado su costo.
¿Qué opinión le merece que el Estado argentino –por otro lado, único soporte económico-financiero del “Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura” creado en el artículo 9º del pLL– se obligue a comprar “no menos del cinco por ciento (5%) de la primera edición de cada libro editado e impreso en el país”, tal como propone el artículo 18º del pLL?
El Estado argentino no es soporte financiero del fondo. Si leemos con atención no hay soporte financiero, se esperan donaciones, multas, etcétera. Por otro lado, no se obliga a comprar. Si así fuera, los editores tendrían muchos problemas resueltos.
¿Cuáles son, en su opinión, los fundamentos económicos, políticos y culturales para declarar exenta del impuesto al Valor Agregado la producción y comercialización de libros (art. 11)?
Ha sido la política nacional, desde la implantación del impuesto, para el fomento del libro y de la cultura. No es una innovación. Por otra parte, es una tendencia mundial el tener un IVA mucho menor o no tenerlo. En Latinoamérica solamente aplican IVA a la producción editorial Chile y Bolivia. Cuando se implantó el IVA en Chile se produjo un gran retroceso en la actividad editorial y librera.
¿La creación de la figura de “derecho de edición” como “un derecho de propiedad intelectual diferente y autónomo del derecho de los autores de obras publicadas” implicará un costo adicional en la producción de libros, tal como parece deducirse del artículo 23? ¿No vulnera la creación de esa figura el derecho del autor y, finalmente, los derechos de los lectores?
No vulnera el derecho de nadie: consiste en reconocer el trabajo del editor –la presentación, el ordenamiento de la obra, la composición, el armado, etcétera. Trabajo que hace que dos ediciones de una misma obra, por ejemplo El Príncipe de Maquiavelo, no sean iguales. Por otra parte,permite que el editor accione, sin el concurso del autor, en los casos de piratería o reprografía (fotocopiado de libros). Pensemos que no siempre los autores residen en el país o están vivos y resulta difícil sino imposible ubicarlos para que defiendan sus derechos. Esto redunda en beneficio de todos.

* Presidenta de la Cámara Argentina del Libro

El Estado como cliente

Por Julio Nudler

Economista que la lea, economista que sufrirá un patatús, sobre todo si cree en ciertos sagrados principios fiscales. Es que la proyectada nueva ley libraria libraría a los libros de todo fardo impositivo, perfeccionando las exenciones que ya rigen y consagrando una total apertura importadora, sin costos aduaneros. Aun quienes acepten las razones culturales que justifican la concesión de un status especial al libro, dudarán de la capacidad de Impositiva para evitar que se abuse del régimen. Todos los mecanismos de promoción fueron cayendo en el desprestigio, al menos en la Argentina, al entreabrirle la puerta a la evasión tributaria. De esta experiencia se toman liberales y fiscalistas para reclamar trato igual para todos los sectores, pero esto, a su vez, conduce a la imposibilidad de aplicar políticas y a la dictadura del mercado (o de quienes dominan el mercado). Otra idea es que el IVA, por su mecanismo, que articula débitos y créditos, es un arma contra el negreo, que hallará abonado el terreno en un sector en el que toda la cadena económica, como se verá enseguida, queda al margen del tributo. Teóricamente, como el libro es un objeto visible, los recaudadores podrían detectar toda evasión, pero habrá que ver si se esmeran.
La nueva ley comienza por eximir del IVA la producción y comercialización de libros en todas sus etapas. Esto no difiere de la exención ya vigente. Pero la nueva norma, además, elimina como costo el IVA que, por ejemplo, paga una imprenta cuando compra tintas o paga la factura eléctrica. De ahora en más se garantiza la recuperación de ese impuesto (que da origen al llamado “crédito fiscal”) de diversas formas, incluyendo su devolución con un cheque por la AFIP (ex DGI). Aquí, obviamente, aparece la necesidad de fiscalizar que la tinta o la luz cuyo IVA recupere de este modo una imprenta hayan sido utilizadas para imprimir libros y no otro objeto ajeno al régimen.
Arancel cero para importar y reintegro (subsidio) máximo para exportar es otra ventaja que otorga la próxima ley. Esto significa el dólar más barato posible para traer libros (pelado, sin adicional alguno) y el más alto de todos para vender afuera. Una fuerte novedad es que se globaliza el arancel cero para importar libros en castellano: ahora gozarán de la misma preferencia, provengan o no de países pertenecientes al área idiomática. Hasta hoy se favorecía a los libros importados desde países de habla hispana, mientras que los fabricados en extrazona lingüística debían soportar el arancel tope.
Podrán entrarse asimismo con arancel nulo máquinas, equipos, materias primas e insumos destinados a la edición y producción de libros. La medida es tan amplia y generosa que desampara a la producción nacional que pueda existir de cualquiera de esos elementos. Por otro lado, lo que sirve para editar libros puede también servir para otros fines, pero éste es un problema que debe preocupar a los fiscalizadores.
También saldrán ganando los textos infantiles, como los de iniciación en la lectura, que por contener muchas ilustraciones eran catalogados como libros de estampas y pagaban un arancel especial del 16 por ciento. La nueva ley también extiende la exención a los complementos –por ejemplo, un compacto que acompañe a un libro– y a todo soporte –un CD rom–. Esto no es nuevo, pero había sido logrado por medio de normas de menor jerarquía y, por tanto, más frágiles.
Acordándose del pobre autor, la nueva ley le repone la exención del impuesto a las Ganancias para los derechos que cobre. En una de tantas reformas, en septiembre de 1998, se había restringido esa desgravación a un límite máximo de 10 mil pesos, pero incluso quienes recibieran menos -es decir, la inmensa mayoría– debían someterse a exigencias decontribuyente autónomo cuyo costo tal vez superase los derechos a percibir.
Otro estímulo –que probablemente se reducirá a una expresión de deseos- habilita al Estado nacional a “adquirir no menos del 5 por ciento de la primera edición de cada libro editado e impreso en el país, que por su valor cultural o editorial enriquezca la bibliografía nacional”. La definición es manifiestamente vaga, pero parece abrigar la secreta esperanza de que el Estado mismo se convierta en lector y se pasee por las mesas eligiendo los tomos que se llevará al country para el fin de semana. De hecho, no hay ningún otro sector que cuente con una promoción consistente en que el Estado adquiera parte de su producción.