Tarifa social
Salimos de un 2016 de tarifazos y entramos en un 2017 de tarifazos, que cada vez pesan más sobre el bolsillo de la economía familiar. Los servicios públicos de agua, luz y gas son ya difíciles de pagar y, respecto al servicio de agua, que es un derecho humano fundamental, estamos ante la inexistencia de tarifa social. Esta es una mora reconocida tanto por el Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Provincia, como por la empresa ASSA y por el
ENRESS, que en distintos pronunciamientos han expresado la importancia de que exista una tarifa social para el agua.
El proyecto presentado propone la exención del 50 por ciento de la tarifa para aquellas personas jubiladas o pensionadas que cobren dos jubilaciones mínimas, para empleadas domésticas, trabajadores y trabajadoras formales e informales cuyo salario sea menor a dos salarios mínimos, vitales y móviles y para beneficiarias de planes sociales o monotributo social. Además se propone una exención del pago para el cargo por conexión para aquellas personas que se encuadran en el universo de casos sociales.
Los puntos fundamentales del proyecto apuntan sobre todo a proteger a los hogares más vulnerables, ya que ahora, frente a los aumentos ya definidos, lo que tenemos que hacer es ofrecer asistencia a esas personas y familias que no podrán hacerse cargo del aumento.
Con este proyecto estamos dando respuesta a un tema que ya debería haberse resuelto, porque fue planteado en la audiencia pública, y es que no se pueden dar aumentos sin la existencia de la tarifa social: vemos que todos los días aumentan la electricidad, el agua, el gas y esto cada vez pesa más en el bolsillo de la gente y cada vez son más los jubilados y las personas de menores recursos que no pueden pagar por estos servicios básicos.
Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger
Diputados del Bloque "Igualdad y Participación"
