Por Miguel Bonasso

Carlos Saúl Menem figura oficialmente en el Indexing Section de dos formularios de la DEA norteamericana como sospechoso de lavar dinero de la droga, junto con el desaparecido empresario postal Alfredo Enrique Nallib Yabrán. El Indexing Section de dicha agencia se parece bastante al Index de la Inquisición: al que ingresa le cuesta salir y la gran mayoría no sale nunca. Los dos formularios DEA-6 están desclasificados pero muestran las proverbiales tachaduras que se hacen para preservar identidades o datos que continúan siendo operativos. Ambos documentos revelan que en octubre de 1995 y enero de 1996 la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos consideraba al entonces presidente de la República Argentina como un posible delincuente a ser investigado. Ningún otro documento de esa agencia ha señalado, en cambio, que esa sospecha haya cesado. Más allá de que el señalamiento sea cierto, falso o grotesco, el solo hecho de que un presidente argentino haya sido fichado como narcolavador por una agencia estatal estadounidense es un dato de extrema gravedad, tanto por lo que hace a la calidad de nuestras instituciones como por lo que implica en las relaciones entre Argentina y los Estados Unidos que, en la era menemista, fueron calificadas por el canciller Guido Di Tella como “carnales”. Cualquiera tendría derecho a pensar, por ejemplo, que esa “carnalidad” nació al calor de una extorsión. Ya se sabe: “si te portás mal, exhumo tu carpeta”.
El dato, curiosamente, ya se hizo público en la Argentina hace algunos días, durante una edición del programa “Punto Doc”, que conducen Rolando Graña y Daniel Tognetti, en el que participó el autor de esta nota. Pero no suscitó ninguna reacción en una clase política que está entrenada para gambetear escándalos. Entretenido posiblemente con su noviazgo, el político justicialista que reclama la dolarización, el rápido ingreso al ALCA y nuevas relaciones carnales con George W. Bush, tampoco hizo el menor comentario sobre esta grave sospecha en su contra.
En noviembre último, el equipo de investigación de Clarín publicó una interesante serie de notas sobre los diez documentos que la DEA remitió al juez Bagnasco, en la que no figuraba el nombre de Carlos Menem, que sí aparece en los papeles junto con Yabrán y otros argentinos sospechados de “lavadores” por los investigadores norteamericanos, como el transportador de caudales Amadeo Juncadella y el testaferro del Cartero en la “compra” forzada de las acciones de DHL, Natalio Carlos Levitán.
Este inquietante destape fue motorizado por la acción judicial del diputado cavallista Franco Caviglia, que el año pasado denunció al entorno y la familia del Cartero por presunta asociación ilícita en el juzgado federal de Adolfo Bagnasco. Caviglia fundamentó su denuncia en la existencia de una serie de cuentas de asociados y familiares de Yabrán en Uruguay, Suiza y Estados Unidos que fueron originalmente dadas a conocer por Alejandro Vecchi, abogado de los padres de José Luis Cabezas, cuando estaba por sustanciarse el juicio oral por el asesinato del fotógrafo. Bagnasco archivó la denuncia en junio pasado, justo cuando le llegaban de Estados Unidos los documentos que nombran a Yabrán y Menem, pero la reabrió en noviembre cuando Caviglia pidió su reapertura. Antes de hacerlo, algunos diputados entre los que se encuentra la actual viceministra del Interior, Nilda Garré, habían pedido su enjuiciamiento por mal desempeño de sus funciones, aludiendo entre otros aspectos que consideraban enjuiciables, el archivo de esta causa. En julio, los documentos llegaron a Clarín, que comenzó una prolongada investigación. Siete meses antes, el periodista Santiago O’Donnell, había publicado parte de ellos en el diario La Nación. Pero en aquel momento –diciembre de 1999– el escrutinio de Wesley Clark, jefe de la sección legal de la DEA,había sido más puntilloso y el nombre de Carlos Menem quedó tapado por la tinta negra del marcador.

Carta de la Embajada
Franco Caviglia lleva casi diez años denunciando al finado Yabrán, y de manera algo menos directa al ex presidente Menem, como presuntos integrantes de una asociación ilícita que, entre otros negocios sucios realizados al calor del Estado, habría lavado dinero procedente de la droga y la corrupción. El menemismo, por su parte, suele pegarle duro a Caviglia quien saltó del Grupo de los Ocho a las tiendas de Domingo Felipe Cavallo y ahora coquetea, dicen, con el gobernador bonaerense Carlos Ruckauf.
En 1991, cuando aún integraba con Chacho Alvarez y otros seis diputados de origen peronista el Grupo de los Ocho, Caviglia inició una fuerte campaña contra el Cartero, que le valió ser citado en “la Embajada” para dos interesantes reuniones donde había hombres de uniforme y algún civil con 357 Magnum en la sobaquera, que se identificó como oficial de la DEA. Aquellas reuniones en la legación norteamericana debieron dejar su saldo informativo para el joven diputado porque siete años más tarde, cuando escribió su biografía de Yabrán, aventuró que no sólo el Cartero sino el propio Presidente de la República figuraban como lavadores de narcodólares en los archivos de Inteligencia que la DEA tiene en El Paso, Texas. Pero no pudo respaldar esa versión con ningún documento oficial. Ahora, en cambio, hay dos formularios DEA-6 donde puede leerse el nombre de Carlos Menem, con sendas tachaduras al lado que admiten esta interpretación: hay datos relacionados con el ex presidente que la agencia norteamericana todavía preserva porque hay investigaciones que siguen en marcha en la actualidad. ¿Por qué no tacharon también el nombre? es uno de los tantos misterios sobre los que no vale la pena especular.
¿Qué es un formulario DEA-6? El ex jefe de la agencia en Buenos Aires, Terry Parham, se lo explicó con claridad a Ana Barón, la corresponsal de Clarín en Washington: es un formulario de investigación sobre tráfico de drogas y lavado de narcodólares. La inclusión de un nombre en su Indexing Section no significa que esa persona “haya sido encontrada culpable por la Justicia”, pero sí indica que está “bajo sospecha” de la Drug Enforcement Administration.
Los dos formularios confidenciales donde se menciona al ex mandatario forman parte de un paquete de diez informes “sensitivos” (cinco cables y cinco formularios DEA-6) que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos remitió, en junio último, al Ministerio de Justicia de la Argentina para hacerlos llegar al juez Bagnasco, de acuerdo con las previsiones del artículo 7 del Tratado de Asistencia Legal Mutua. Fueron exhumados de los archivos de la DEA por el citado Wesley Clark y remitidos a Buenos Aires por John Harris, un alto funcionario del US Department of Justice. Viajaron –valga la ironía– a través de Federal Express, la compañía que muchos vinculan a la CIA y con cuyo famoso boss, Fred Smith, el finado Alfredo Yabrán sostuvo un prolongado combate por el correo privado en la Argentina. Combate que le valió la denuncia pública de Domingo Cavallo así como a éste le significó salir del gobierno Menem.
En Buenos Aires, los documentos de la DEA fueron recibidos por el ex juez del Proceso José Nicasio Dibur, quien a la sazón se desempeñaba como alto funcionario en el Ministerio de Justicia. En su carta al “dear Dr. Dibur”, mister Harris informa amablemente que los archivos seguirán abiertos durante 90 días por si se requiere alguna información adicional.
Los jueces no suelen ser tan curiosos como los periodistas y nadie, que se sepa hasta ahora, les pidió una ampliación sobre informes que involucran nada menos que a un ex presidente de la República.

Todo empezó el 17 de octubre
El primer documento donde Menem aparece mencionado es un DEA Form 6 (Dea Sensitive), titulado Money laundering (lavado de dinero), sellado como New Case (nuevo caso) y lleva como número de archivo (File N) el GFC1-95-9276 después modificado a GFC1-96-9276 (porque el expediente fue iniciado -valga la extraña coincidencia con la efeméride justicialista– el 17 de octubre de 1995 y continuado el año siguiente). Ese día dos agentes de la DEA, Christopher Matta y Robert Rusillo entrevistaron en Manhattan a un misterioso personaje, codificado como SC1 (fuente confiable para la DEA) del cual no se sabe por el informe si es hombre o mujer porque figura literalmente como he/she (el/ella) en el reporte de la investigación.
SC1 fue interrogado/interrogada acerca de su conocimiento y participación en una operación de lavado de dinero iniciada en Buenos Aires, Argentina pero que operaría a nivel mundial. SC1 describe a Yabrán como el mayor “lavador” de dinero en Argentina y calcula su fortuna personal en mil millones de dólares. A renglón seguido SC1 comete un error grueso, afirmando que Yabrán fue muy pobre hasta que se casó con una hija de Juncadela (sic). Como se sabe, el Cartero inició su meteórica carrera de la mano del transportador de caudales Amadeo Juncadella (a quien la DEA comenzó a investigar en 1991), pero no se casó con ninguna hija del hombre que lo puso al frente de OCASA, sino con María Cristina Pérez. El informante acusa a Juncadella de conducir negocios ilegales y transportar ilegalmente ciertos ítems prohibidos en la zona de fronteras, cosa que el empresario negó en una entrevista con la revista Noticias: “Yo no transporto paquetitos”. El informante de identidad protegida sostiene luego un dato que está lejos de haberse comprobado: que Juncadella tenía una fuerte vinculación (strong association) con el ex presidente Raúl Alfonsín, a quien el reporte –sin embargo– no coloca en el Indexing Section.
Según SC1 el dinero que Yabrán habría lavado en Europa estaba vinculado al narcotráfico (drug money). El Cartero dispondría de un “ejército privado” (lo cual es bastante aproximado a la verdad), comandado por “el antiguo jefe de policía”. En rigor estaba comandado por un cuadro del Servicio Penitenciario Federal que era Víctor Hugo Dinamarca y su estructura de inteligencia, por el ex jefe de Inteligencia de la ESMA, el capitán de fragata retirado Adolfo Donda Tigel. En el mismo párrafo dice: “SC1 declara que Yabrán tiene una relación con el actual presidente de Argentina, Carlos Menem, debido a las grandes sumas entregadas a Menem como contribuciones de campaña”. Este dato sí tiene asidero: en su libro El peso de la verdad, Domingo Cavallo revela que Eduardo Bauzá (que era secretario general de la Presidencia), le contó que el empresario telepostal había puesto cuatro millones de dólares para apoyar la campaña de la reelección de Menem. Este dato nunca fue desmentido por Bauzá. Otras fuentes menemistas aportaron datos similares y concurrentes al autor de esta nota acerca de aportes del “Amarillo” al proselitismo de Menem.
Los cuatro renglones que siguen y concluyen el “debriefing” del misterioso SC1 están tachados con marcador por el censor de la DEA. Al final, en el Indexing Section figura Juncadela (sic), Carlos Menem y Alfredo Enrique Yabrán de quien se dice que tiene entre 50 y 55 años, mide unos cinco pies con nueve pulgadas, tiene pelo blanco y ondulado y es “posiblemente libanés”. Al costado de los tres nombres hay datos censurados.

Persecución en el Caribe
El 18 de enero, el agente Russillo interrogó telefónicamente a SC1 acerca de Yabrán y el lavado de dinero, pero el correspondiente informe no deja saber lo que averiguó, que yace bajo la tinta negra del marcador. Incluyendo un nombre tachado en la Indexing Section. Once días más tarde, el 29 de enero de 1996, Russillo entrevista por teléfono a otra fuente desconocida que ahora es codificada como SOI y produce un nuevo DEA-6 sobre “lavado de dinero”, sumamente tachado, donde puede leerse sin embargo que Alfredo Yabrán llegó al área de Miami, Florida, la semana anterior, “alrededor del 23 de enero”. (En Miami reside uno de los fundadores del imperio Yabrán, Andrés de Cabo, quien seguía conduciendo hasta hace poco la OCASA norteamericana.) El punto 2 del informe está censurado. En el 3, SOI revela que X (alguien tachado) había arreglado reuniones de negocios en Miami entre Yabrán y numerosos concesionarios de la firma italiana Fiat (“numerous Italian Fiat car dealers”) para una actividad “no revelada y subrepticia”. El redactor subraya después que –según SOI– Yabrán y un enigmático socio estarían buscando nuevas vías para lavar dinero procedente de la droga. En el punto cuatro SOI (que evidentemente es un “infiltrado” en el entorno del Cartero) revela que Yabrán, una vez concluidos los negocios con los europeos, se embarcó en un crucero con proa a las Bahamas. Tras algunos renglones tachados, SOI señala que X (otro nombre tachado) reside en Italia y arregló el encuentro entre los concesionarios Fiat y Yabrán. En el Indexing Section hay tres nombres: Alfredo Yabrán, alguien censurado y Carlos Menem. Lo cual indicaría que el presidente argentino había sido mencionado en algunas de las partes censuradas del informe, porque si no sería arbitraria e innecesaria su mención al calce del documento.
Algunos meses más tarde, el 13 de noviembre de 1996, el Special Agent Robert E. Allen inició el caso titulado YEBRAN (sic), Alfredo Enrique donde otro informante CS, acusa al magnate postal de estar envuelto en el tráfico de cocaína y lo vincula con Guillermo Coppola, “arrestado (por orden del juez Hernán Bernasconi) como resultado de una investigación conjunta entre la DEA y el gobierno argentino”. Como se sabe, Coppola resultó absuelto y el juez Bernasconi procesado precisamente a raíz de esa causa escandalosa.
En el mismo documento se indica que un grupo especial integrado por Allen y otros oficiales (James Soiles, Edward Gillen y Clinton Aldrich) inician una investigación que tiene como “target” a Alfredo Enrique Yebran (sic) “et al” y como objetivo inmediato infiltrarle al Cartero su organización para reunir información que permita llevarlo a juicio. Les interesa conocer la fuente de procedencia de los narcóticos (cocaína, primero y luego heroína), sus métodos para contrabandear dichas sustancias y, de manera muy especial, sus posibles actividades delictivas en los Estados Unidos. Según algunas fuentes locales que conocen esta investigación, la DEA creó un grupo operativo especial para estudiar el entorno del presidente Menem y sus posibles vínculos con Yabrán, a partir de que el juez español Baltasar Garzón dio comienzo al llamado Yomagate que involucraba a la cuñada presidencial Amira Yoma y a su ex marido, el oficial de la inteligencia siria Ibrahim al Ibrahim. La DEA sospechó que Yabrán estaba vinculado al tráfico de heroína procedente del valle del Bekaa en Siria. Un buen amigo de la embajada norteamericana, Domingo Cavallo, sostenía que Carlos Menem y Monzer Al Kassar eran las otras dos patas de la “triangulación siria” de armas, droga y lavado de dinero, pero nunca pudo probarlo. En cualquier caso lo sugestivo es que Edward Gillen -uno de los que planearon la infiltración en el Grupo Yabrán– fue el único agente norteamericano que declaró ante Baltasar Garzón en relación con el episodio del barco “Achille Lauro” atribuido al traficante de armas Monzer Al Kassar. Después desembarcó en Buenos Aires, donde precedió al rosarino naturalizado norteamericano Abel Reinoso, que fue sacado en vilo de Buenos Aires por meter sus narices en un tema no apto para rosarinos con ambiciones de sheriff: el lavado de 1200 millones de dólares que no provenían de la droga sino de la corrupción administrativa y las privatizaciones. Reinoso, de yapa, ya no trabaja más para la DEA y leconfesó a varios periodistas argentinos que ha quedado desamparado y en la mira de los narcos.
En el Indexing Section de este otro documento ya no figura Carlos Menem, sino Guillermo Coppola, un buen amigo de Ramón Hernández, secretario privado y valet del ex presidente.
En 1997, la DEA seguía tras los pasos de un Yabrán ya destruido públicamente por su presunta instigación del asesinato de José Luis Cabezas. Los últimos documentos entregados por la agencia a la Justicia argentina hablan de un cinematográfico grupo griego dedicado a traficar heroína procedente de China. Este grupo, identificado por el informante CS, estaba integrado por los señores John Tsangaris, Dino Lambrou, John Yiannis, Petros Pantazis (vinculado a Spiros Sakaflias que cumple una cadena perpetua por homicidio) y otros personajes helénicos que se mueven habitualmente por Vancouver y otras ciudades canadienses. En el file “YEBRAN, Alfredo Enrique”, se dice que el empresario postal habría conectado a Lambrou (que es propietario de diversos garitos) con autoridades argentinas con vistas a la instalación de un casino en la ciudad de Mendoza, pero este dato no fue comprobado. Menem tampoco aparece en este “thriller”, pero nadie puede asegurar en qué otros informes de El Paso, no entregados a la Justicia argentina, figura como protagonista o como actor de reparto.

PRINCIPAL